El hijo del ‘Juan Roig argentino’, denunciado por estafa en un proyecto de condominios en Miami

El sector inmobiliario de Miami se ha visto sacudido por una denuncia judicial contra la desarrolladora de la familia Coto, propietarios de la mayor cadena de supermercados de Argentina. Los propietarios del lujoso edificio Aston Martin en el downtown de Miami reclaman más de cinco millones de dólares por presuntas estafas y desvío de fondos durante la administración provisional del condominio.

La acción legal apunta directamente a G&G Business Developments, firma liderada por Germán Coto junto a su hermana Sofía y su madre Gloria García, quienes integran el clan familiar del supermercadista Alfredo Coto. La denuncia fue revelada por el periodista Francisco Alvarado en el portal especializado The Real Deal.

Los señalados en la denuncia

Además de Germán Coto y su madre Gloria, la demanda incluye a Marcelo Scarinci, director de proyectos de G&G; Guillermo Calcagno, exdirectivo de Coto que ejerció como vicepresidente de la asociación de propietarios; y Leonardo y María Elena Polo, quienes habrían actuado como representantes de empresas utilizadas en las operaciones cuestionadas.

Según la denuncia, durante el período en que Coto administró provisionalmente el edificio, se habrían producido múltiples irregularidades. Los propietarios detectaron pagos a empresas vinculadas al círculo de Coto por servicios de limpieza, seguridad y reparaciones con precios presuntamente inflados o que directamente no se prestaron.

Entre los casos señalados figura la contratación de una firma de seguridad vinculada a los Polo, a la que se habrían pagado cerca de 800.000 dólares a pesar de carecer de experiencia previa, sitio web o trayectoria documentada. La contratación se realizó sin licitación pública ni votación de la junta.

Una empresa de limpieza, también relacionada con los Polo, habría sido contratada sin los procedimientos habituales, con pagos que incluirían artículos y horas extras sin la debida justificación.

La denuncia también señala la contratación de GC Builders, una empresa de Coto, para realizar reparaciones en el edificio sin licitación ni aprobación de la junta. Según los demandantes, no existe documentación completa sobre los trabajos realizados.

Servicios y alquileres cuestionados

Otro punto destacado en la denuncia es un acuerdo firmado por Scarinci para pagar 34.334 dólares mensuales a International Booking, entidad vinculada a G&G, por servicios de conserjería que la asociación considera injustificados para ese valor. Este acuerdo tampoco habría sido aprobado por la junta.

Además, Coto habría autorizado sin aval de la junta el alquiler de oficinas de su propiedad a la asociación de propietarios por 8.500 dólares mensuales, totalizando 70.000 dólares. La denuncia sostiene que este valor superaba los precios de mercado y que el edificio ya contaba con espacios destinados a oficinas de administración. También se habrían facturado muebles que no fueron entregados a la asociación.

La posición de los demandantes

«Se aprovecharon de todas las ventajas económicas que pudieron… no había nadie que fuera independiente y que no estuviera relacionado con las principales entidades que desarrollaron este edificio», declaró a The Real Deal la abogada representante de los propietarios.

La denuncia habla de «autocontratación, robo y manipulación» y señala que las irregularidades comenzaron a detectarse cuando los propietarios asumieron el control de la administración del edificio, que hasta entonces había estado en manos de la desarrolladora.

El perfil de la familia Coto

Alfredo Coto, fundador de la mayor cadena de supermercados de Argentina, construyó un imperio empresarial comparable al del español Juan Roig con Mercadona. Hijo de un carnicero gallego, Coto comenzó su actividad empresarial en la década de 1970 y ha diversificado sus inversiones hacia el sector inmobiliario.

En 2014, la familia adquirió un edificio en el Paseo de la Castellana de Madrid por cerca de 20 millones de euros, marcando su entrada en el mercado inmobiliario español. La operación, gestionada a través de Renta Corporación, involucró un inmueble que alberga como inquilino al ICEX.