El Gobierno regala a la gran banca que tanto critica la gestión de los fondos de pensiones públicos

El Gobierno ha hecho un último e inesperado regalo a la gran banca que con tanta dureza ha criticado a lo largo de toda la legislatura. Ha adjudicado a cinco de las. principales entidades la gestión de  los fondos de pensiones de empleo de promoción pública que se ha inventado José Luis Escrivá para animar a las pymes a invertir en el futuro de sus trabajadores, si bien son desconocidos para la inmensa mayoría.

Así la Seguridad Social ha adjudicado a Santander, VidaCaixa (CaixaBank), BBVA, Caser (propiedad de Helvetia, Unicaja e Ibercaja), e Ibercaja la gestión de estos productos por un valor estimado de 24 millones de euros. El Ejecutivo ha priorizado que las gestoras cobren unas comisiones muy bajas, lo que deja fuera a las firmas pequeñas e independientes, que no tienen capacidad de bajar tanto como los grandes bancos.

Estas comisiones de gestión que se cobrarán oscilarán entre el 0,10% y el 0,26%, conforme a las ofertas presentadas por las adjudicatarias.

Como es sabido, la banca ha sido uno de los chivos expiatorios de los problemas económicos del Gobierno. Especialmente beligerantes han sido las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que han criticado al sector por el elevado sueldo de sus ejecutivos o por no remunerar los depósitos. Aunque el mayor ataque ha sido el impuestazo que está lastrando las cuentas de las entidades.

El contrato se concretará previsiblemente antes de que acabe agosto, una vez se resuelvan las eventuales alegaciones, y permitirá la puesta en marcha de 15 fondos de pensiones que se han adjudicado en 5 lotes de 3 fondos cada uno (uno de renta fija, otro de renta fija mixta y un tercero de renta variable).

También optaban a la licitación otras grandes aseguradoras como Mapfre Vida y Nationale Nederlanden que se han quedado fuera de la adjudicación, de acuerdo con el acta de la mesa única de contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicada este viernes.

Una vez adjudicada la gestión, queda pendiente el desarrollo de la plataforma digital que aunará los 15 fondos y permitirá a los beneficiarios acceder a la información de su fondo, además de favorecer la portabilidad entre los distintos fondos.

Esta misma semana, y un año después de que entrara en vigor la ley de impulso de los planes de pensiones de empleo, se ha completado la regulación sobre el funcionamiento de estos nuevos fondos de pensiones de promoción pública, a los que se adscribirán los planes de pensiones de empleo simplificados.

Entre las novedades, la reducción de dos años a un mes como máximo del plazo para incluir a los nuevos trabajadores que entren en plantilla al plan de pensiones de empleo y la posibilidad de que los partícipes sigan haciendo aportaciones aunque estén jubilados parcialmente, siempre que la empresa siga haciendo contribuciones.

El objetivo es potenciar la previsión social complementaria de corte profesional, en particular a través de la negociación colectiva sectorial, como recomienda el Pacto de Toledo, pero facilitando también el acceso a estos planes de pensiones a colectivos que hasta ahora tenían dificultades para acceder, como los autónomos o los empleados de pequeñas y medianas empresas.

El patrimonio procedente de planes de pensiones de empleo está estancado desde 2012, con 35.119 millones de patrimonio a cierre del primer trimestre y 1,9 millones de cuentas de partícipes.

Ese patrimonio gestionado en los fondos de pensiones de empleo ha perdido peso relativo respecto del total de fondos de pensiones puesto que representaban un 50 % del total de la previsión social complementaria al inicio de los años 90, frente al 25 % actual.