El Gobierno infla los beneficiarios del ingreso mínimo en casi un millón sumando otras prestaciones

La Seguridad Social, dependiente de la ministra Elma Saiz, suma a los perceptores del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) a las familias que reciben el ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda que el Gobierno lanzó como su medida estrella del llamado escudo social en el verano de 2020, en plena pandemia de coronavirus y con pelea incluida entre el entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, y el que era ministro en esa fecha, José Luis Escrivá, que pedía retrasarlo.

Según los datos que publica el propio Ministerio de Seguridad Social, a cierre del mes de marzo había 2,1 millones de personas que recibían el ingreso mínimo, 703.400 hogares. Pero, como también reflejan los datos que hace públicos la Seguridad Social, de esos 703.400 hogares hay 250.000 que sólo reciben el Complemento para la Infancia -nació en 2022, se incluyó en la ley del ingreso mínimo, y se puede pedir incluso al margen del IMV-.

En cuanto al número de beneficiarios, las estadísticas de la Seguridad Social señalan que de los 2,14 millones que reciben el ingreso mínimo, 970.000 son sólo personas que cobran el Complemento para la Infancia o CAPI. En definitiva, quitando esta otra prestación los beneficiarios del ingreso mínimo serían 1,2 millones de personas o 500.000 familias, muy lejos de los objetivos iniciales del Gobierno cuando puso en marcha esta prestación en 2020.

Porque los objetivos iniciales del Gobierno eran que esta nueva ayuda llegara a 2,3 millones de personas. Así lo señalaban hace casi cinco años tanto Escrivá como Iglesias. A cierre de marzo, los beneficiarios sin el CAPI son 1,2 millones, y la cuantía media que reciben, 398 euros.

Eliminar de las familias beneficiarias a las que sólo reciben el CAPI aumenta el problema de las reclamaciones que hace la Seguridad Social para que devuelvan parte de la ayuda recibida. Como ha publicado este diario, la Seguridad Social ha iniciado expedientes de reintegro de la prestación a 92.000 familias sólo por ayudas concedidas en 2022 y 2023.

Por ejemplo, a cierre de febrero de 2024 -primero que desglosa el Gobierno- había 376.000 hogares que recibían el ingreso mínimo, mientras que la Seguridad Social había iniciado expedientes de reclamación de la ayuda a 92.000, según ha admitido al Defensor del Pueblo. Esto significa que casi una de cada cuatro familias ha recibido una carta del Ministerio en el que le reclama la devolución de parte de la ayuda.

Se trata de un grave problema que afecta a miles de personas y que se encuentran con una deuda a pagar a la Seguridad Social sin apenas recursos. El Gobierno concede la ayuda a familias que no llegan a un mínimo de ingresos al año, pero al año siguiente coteja con Hacienda los ingresos que ha recibido la familia y, si los supera, reclama la devolución.

Lo que ocurre es que esa devolución se hace reduciendo la ayuda durante los meses correspondientes, dejando a las familias prácticamente con ingresos cero para seguir adelante. Y, en muchas ocasiones, sobrepasar el límite de ingresos anuales se produce porque el beneficiario ha trabajado temporalmente o, también en muchos casos, por errores de la propia Seguridad Social.

La situación para muchas familias es grave, ya que se les impone un calendario para devolver el dinero, se les aplican intereses de demora si no lo devuelven en los plazos que exige el Ministerio, y si hay errores la Seguridad Social no acepta sus recursos y tienen que ir a los juzgados ordinarios.

Tal es así, que muchos afectados se han unido y han denunciado a España ante Bruselas por incumplir la Carta Social Europea. Se trata de una Reclamación Colectiva, presentada por AT Cuarto Poder, que busca obligar al Gobierno a cambiar la ley.

La Seguridad Social señala que los procesos de reintegro de 2022 y 2023 afectan a 500 millones de euros, un 5% de todo lo repartido.