El Gobierno admite que reclama el ingreso mínimo a 100.000 familias que se quedan sin recursos

El Gobierno ha admitido ante el Defensor del Pueblo que sólo en 2022 y 2023 ha iniciado más de 92.000 expedientes de reintegro del ingreso mínimo vital, que en buena parte de los casos deja a las familias sin recursos para vivir, según denuncian varios afectados a este diario.

«Te envían una carta exigiendo la devolución de parte de lo cobrado y te dejan como máximo con un 30% de la ayuda que te corresponde. Así es imposible vivir y casi es mejor que no me hubieran dado el ingreso mínimo porque recibimos un 30% del total y tenemos que devolver además una deuda. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tengo trabajo?», señala una de las afectadas.

El problema para muchas familias es el siguiente: la Seguridad Social les ha concedido el ingreso mínimo en base a unos ingresos familiares anuales que no deben superar un límite. A año vencido, la Seguridad Social revisa con Hacienda los ingresos de los perceptores y, si en la Agencia Tributaria consta que han superado el límite, inicia el proceso para recuperar el dinero pagado.

«Pero en muchos casos se produce un error de la Seguridad Social porque no computaban los ingresos por pensión alimenticia en caso de parejas divorciadas hasta 2023. La Seguridad Social no nos dijo que computaban, los funcionarios no lo sabían y ahora revisan metiendo esos ingresos y nos están reclamando unas cantidades de dinero con intereses que no podemos pagar porque ellos cometieron un error», señala otra afectada.

Hay otros casos en los que la Seguridad Social concedió en 2020 la prestación a madres que no la habían pedido. Un mecanismo informático eligió a las familias que ya cobraban una prestación para concederle el ingreso mínimo. Pero al no contabilizar al principio los ingresos de la pensión alimenticia no pasaba nada. Con la revisión llegó el problema y el expediente de reintegro del dinero cobrado supuestamente de más.

Además, la Seguridad Social obliga a los perceptores del ingreso mínimo a acudir a los tribunales ordinarios para defenderse. Porque los recursos que presentan ante la propia Seguridad Social -paso previo para interponer la demanda en un juzgado- son rechazadas sistemáticamente, forzando a las familias además a gastar dinero en abogados.

El Gobierno sólo reconoce que de los casi 100.000 expedientes apenas poco más de 1.000 son por «errores materiales, aritméticos o de hecho». Pero los afectados por esta mala gestión del ingreso mínimo son muchos más y se han organizado para denunciar a España ante Bruselas por incumplir la Carta Social Europea, a través de la asociación ATD Cuarto Mundo. En la Reclamación Colectiva presentada piden que obligue a España a cambiar la gestión de estos reintegros.

Una Reclamación Colectiva es un tipo de proceso jurídico por el que se denuncia que tanto una determinada legislación como su aplicación por parte de un Estado, en este caso la Ley del Ingreso Mínimo Vital en España, incumple la Carta Social Europea. Es una reclamación colectiva y no individual, ni de suma de casos individuales. No sirve para resolver un caso concreto, sino para forzar la modificación de una legislación.

La Seguridad Social señala por su parte que los procesos de reintegro del ingreso mínimo en 2022 y 2023 sólo afectan al 4,6% de todo el dinero repartido entre las familias, poco más de 500 millones de euros de los 10.689 millones repartidos, según los datos que ha facilitado al Defensor del Pueblo.