El Gobierno castiga a las pymes y comunidades de vecinos que consuman su propia energía

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El impuesto a la generación eléctrica vuelve a estar vigente desde el 1 de abril.

El nuevo decreto aprobado por el Gobierno para regular el autoconsumo eléctrico tiene más sorpresas de las esperadas. La norma, que obliga a los propietarios de paneles fotovoltaicos a pagar a las compañías eléctricas aunque no consuman de la red, esconde una penalización a las empresas que decidan producir su propia energía.

Los consumidores con una potencia contratada superior a 10 kW pagarán una tasa fija por estar conectados a la red y otra variable en función de la energía consumida, aunque haya sido generada por ellos mismos. Los que tengan una potencia inferior pagarán sólo el coste fijo.

Con esta medida, el ministerio de Industria penaliza el autoconsumo de las pequeñas y medianas empresas, que pagarán dos veces los peajes de acceso respecto a aquellas compañías y explotaciones que compren la energía directamente a las eléctricas. En la práctica, esto desincentiva apostar por las fuentes renovables debido al elevado coste de suministro.

Ya hay colectivos que se han visto perjudicados por esta decisión a pocos días de la aprobación de la norma. Las comunidades de regantes españolas, agrupadas en torno a Fenacore, habían iniciado proyectos piloto de autoconsumo eléctrico que ahora están anulando por no ser sostenibles económicamente.

Precisamente los regantes son los mayores consumidores de energía de España, por detrás de ADIF, y la norma aprobada por el Gobierno les hará perder una posibilidad de oro para reducir costes y aumentar la competitividad.

Los regantes estiman que, sin esta penalización en el autoconsumo energético, podrían reducir a la mitad sus costes fijos por consumo eléctrico, que ascienden al 70% de la factura para este colectivo.

La energía sobrante se cede gratis

Fenacore esperaba que el Gobierno aprobara el “balance neto”, que consiste en descontar de los peajes de acceso la retribución por el exceso de energía autoproducida que se deriva a la red de suministro general. Sin embargo, la normativa no contempla pago alguno por esta aportación. Los productores-consumidores la ceden gratis a las eléctricas.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “aunque es completamente lógico que exista una regulación del autoconsumo, estamos nuevamente ante una medida que sigue favoreciendo las cuentas de resultados de las eléctricas en detrimento de los consumidores, que nos vemos obligados a pagar en forma de costes fijos (usemos o no la energía), el agujero económico que se deriva de una política errónea en materia energética”.

Comunidades de vecinos

Otro de los aspectos destacables en el texto legislativo es la prohibición de que los vecinos de una comunidad de propietarios puedan asociarse para instalar paneles fotovoltaicos que les suministren la suficiente energía para desconectarse de la red eléctrica. En uno de los artículos del Real Decreto se especifica claramente que, “en caso de que existan varias instalaciones de producción, el titular de todas y cada una de ellas deberá ser la misma persona física o jurídica”.

De esta forma, los únicos consumidores que pueden desconectarse de la red y no hacer frente a los peajes de acceso son aquellos que disponen de viviendas unifamiliares con la superficie suficiente para instalar un conjunto de paneles solares que garanticen el suministro.

Según el presidente de la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica (Anpier) Miguel Ángel Martínez Aroca, “se sataniza socialmente a los españoles que optan por ser energéticamente eficientes y que respetan el medio ambiente con el único objetivo de beneficiar al actual statu quo energético”.

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