Freno a la euforia del Gobierno: la tasa subyacente alerta de que la inflación va a tardar mucho en bajar

El Gobierno está para pocas celebraciones. La inflación subyacente ha superado en diciembre la tasa general, lo que demuestra que será más persistente de lo que Pedro Sánchez y Nadia Calviño vaticinaban. Un futuro más pesimista que los expertos ya empiezan a barajar: los economistas han elevado la previsión de inflación para el próximo año, ante la evidencia de que la subida de precios se está enquistando en la economía.

Este viernes se ha conocido el dato de inflación adelantado del mes de diciembre, que, ha falta de la confirmación del Instituto Nacional de Estadística, se ha situado en el 5,8% en tasa general, un descenso que se debe, principalmente, a que los precios de la electricidad suben menos que en diciembre de 2021 y a que los carburantes registran un descenso mayor que el del año pasado. Sin embargo, la inflación subyacente -aquella que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos- ha escalado hasta el 6,9%, seis décimas más que el mes anterior, consumando su sorpasso a la tasa general.

El dato del mes de diciembre ha supuesto un jarro de agua fría para el Gobierno, que ya reconoce que va a ser más persistente de lo que se esperaba en un principio. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha considerado que es lógico que la inflación subyacente esté tardando más en bajar porque también tardó más en subir. Sin embargo, esta problemática tiene mayor envergadura de lo que la ministra piensa y esta obligando a los expertos económicos a ser más pesimistas, empeorando sus perspectivas para el próximo año.

El componente estructural de la inflación subyacente hace que el Consejo General de Economistas aumente su previsión en la tasa de inflación para 2023 hasta el 5%, un punto más que el estimado anteriormente. En 2022, los economistas prevén que el IPC medio se sitúe entre el 8% y el 8,2%. El alza de la inflación subyacente marca un suelo al descenso de los precios en los próximos meses en el que confía el Gobierno, pero que cada vez parece más improbable que se produzca. Esta resistencia a la baja indica que las tensiones inflacionistas se han filtrado al conjunto del sistema y que será más difícil combatirlas hasta que las subidas continuadas de los tipos de interés no ofrezcan resultados consistentes.

IPC energético

Funcas ha elegido el IPC energético como «El dato del año” en tanto que el mercado de la energía ha sido unos de los principales determinantes de la marcha de la economía en el ejercicio que está a punto de concluir. El índice que agrupa los componentes energéticos del IPC se ha incrementado un 28,7% en 2022 tras haberse encarecido un 21,2% en 2021.  No se veían incrementos tan abruptos desde la crisis del petróleo de los años 70. La factura de la luz ha sido el principal factor del brote de inflación energética. Los carburantes también han seguido una senda alcista, pero menos pronunciada, a diferencia de la crisis del petróleo de los años 70.

Habida cuenta del elevado peso de estos componentes en el IPC total, Funcas estima que el alza del IPC energético explica directamente cerca del 41% de la inflación total registrada en 2022. Esto es sin tener en cuenta el impacto indirecto en el resto de precios, especialmente en lo que atañe al transporte, los fertilizantes -y por tanto la producción agrícola- y la industria electro-intensiva.

El IPC energético también destaca por su gran volatilidad. El índice aceleró su ascenso tras la invasión de Ucrania: ante el desplome de las exportaciones de gas ruso y la amenaza de cortes de suministro, la cotización de la materia se disparó, tensionando fuertemente los mercados de la electricidad. En marzo, el IPC energético se incrementó un 60,9% en términos interanuales, el valor más alto de la serie histórica tras el máximo absoluto alcanzado en 1980. Sin embargo, desde el otoño, este indicador ha tendido a moderarse, en consonancia con la moderación de la demanda, la introducción de un tope al precio del gas que entra en la generación de electricidad y la diversificación de las fuentes de abastecimiento.