Fomento evita responder al Congreso por el pago de 510 millones en intereses de demora por las radiales

El Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos ha evitado responder a una pregunta por escrito de Ciudadanos que le requería por el coste para las arcas públicas de los intereses de demora por el conflicto abierto con los fondos internacionales por la quiebra de las autopistas radiales, que el Gobierno gestiona ahora a través de Seittsa.

Esos intereses de demora crecen cada día y en enero alcanzaban ya los 510 millones de euros, según los fondos. Seguirán aumentando mientras el Gobierno no cierre el conflicto del pago de la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) a las concesionarias de las radiales y a los dueños de la deuda, fondos internacionales.

Fuera de los dos meses de plazo que marca la ley -aunque esto es algo habitual a todos los gobiernos- Fomento ha contestado de manera parcial a la pregunta de Ciudadanos asumiendo que habrá una oleada de denuncias de las partes afectadas por el cálculo de la RPA que está haciendo el Gobierno.

El Ejecutivo ha publicado ya la RPA que acepta pagar en dos de las nueve autopistas radiales, en función de la fórmula de cálculo que aprobó en mayo pasado. Aún faltan otras siete. El retraso es considerable y eso hace aumentar el coste de los intereses de demora, que los fondos reclamarán en los tribunales y que calculan que llegará al final de todo el proceso a los mil millones de euros.  «¿Es consciente el Ejecutivo del agravio que este retraso va a suponer para las arcas del Estado en forma de intereses?», preguntaba al Gobierno la diputada María Muñoz.

Respuesta

La respuesta del Gobierno, de 4 de marzo, es que la previsible judicialización de este proceso «exige un trabajo y tratamiento exhaustivo de la ingente información disponible para establecer unos importes de compensación cuya justificación sea muy precisa». En definitiva, que Fomento tiene que justificar muy bien la cuantía de la RPA a pagar porque sí o sí acabará dilucidándose en los tribunales.

De momento, el ministerio ha calculado la RPA a pagar en la autopista Eje Aeropuerto, determinando que no debe pagar ni un euro porque «las retenciones que el Ministerio de Transportes debe establecer para hacer frente a obligaciones de pago no satisfechas en su momento (básicamente expropiaciones pendientes de pago) son muy superiores a lo reconocido como RPA», dice la respuesta.

Con fecha posterior al 4 de marzo, el ministerio hizo público el cálculo de la RPA de una segunda autopista, la AP-36 (Ocaña-La Roda). En este caso, el cálculo fijado fue de 318 millones.

La fórmula para calcular la RPA también está recurrida por ACS, Sacyr, Iberpistas (Abertis), Bankia, Globalvía y fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas que tuvieron que ser rescatadas. El Gobierno calculó un máximo de 3.300 millones el coste total de la RPA, cifra que las constructoras elevan a 4.500 millones.