La falta de gobierno deja en suspenso la última fase de la liberalización aérea en España

El Gobierno en funciones mantiene parada la última fase de la liberalización del control aéreo español. La norma (de momento en proyecto de Orden Ministerial) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que debe dar entrada a las empresas privadas en la gestión del control aéreo dentro de los aeropuertos de Bilbao, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Santiago-Rosalía de Castro, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y Tenerife Sur sigue en un cajón del Ministerio de Transportes desde que Pedro Sánchez decidiera el adelanto electoral en julio. La liberalización, según la CNMC ha mejorado la eficiencia hasta el 60%.

Tras la amplia apertura del mercado desarrollada en España en el transporte ferroviario, especialmente el de viajeros, España mantiene en standby el cierre de la liberalización del control aéreo en otros siete aeropuertos. Aunque tampoco será completa. Ya sea por su dimensión (acumulan hasta septiembre más de 10,5 millones de viajeros) o por el peso político que llevan asociados, el caso es que los aeródromos Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat quedan fuera de este paquete. Algo similar ocurre con el de Melilla que, al cubrir parte del espacio aéreo de Marruecos, ha aconsejado a los responsables del Ministerio que lidera -en funciones- Raquel Sánchez, mantenerlo bajo gestión pública.

La formación del nuevo gobierno, pues, mantiene a operadores españoles e internacionales pendientes de uno de los concursos más apetecidos entre las empresas de servicios de control en aeropuertos, tanto nacionales como internacionales. Con este nuevo retraso el gobierno acumula ya cinco años de retraso en el cumplimiento de las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planteó en 2018.

Los siete aeropuertos cuya liberalización sigue parada son muy apetecidos por los operadores del sector dada la magnitud de sus cifras. Con datos de tráfico aéreo de los ocho primeros meses del presente año, el aeropuerto de Palma de Mallorca acumulaba 4,3 millones de pasajeros; el de Málaga-Costa del Sol superaba los 2,4 millones de viajeros y en Gran Canaria habían pasado, a 1 de septiembre, más de 1,1 millones de personas. En el de Tenerife Sur, se contabilizaban casi 958.000 pasajeros; mientras que en el de Tenerife Norte se registraban más de 563.000 viajeros. El aeropuerto de Bilbao superaba los 664.000 pasajeros y el de Santiago de Compostela gestionaba el paso de 402.000.

Por tanto, la última fase de la liberalización aérea en España que supondrá abrir a la gestión privada el control aéreo dentro de los aeropuertos en siete de los doce aeródromos que aún siguen bajo gestión de la pública Enaire se producirá solo en el llamado Servicio de Control de Aeródromo. Es decir, aquel que se realiza desde la torre de control del aeropuerto de salida y gestiona el movimiento de los aviones en las calles de rodaje del aeropuerto y las operaciones de despegue. Una vez en vuelo, el control del avión pasa al Control de Aproximación.

Según la legislación española, los servicios de Control de Aproximación (en despegues y aterrizajes) y Control de Área/Ruta quedan reservados a la gestión pública. La liberalización, por tanto, se limita a los servicios de control aéreo dentro de los aeropuertos.

Lo cierto es que, al margen de las infraestructuras británicas (fuera de la Unión Europea) España es de los países con mayor apertura de este mercado.

En el resto de Europa se dan casos como el de Italia que no tiene liberalizada la gestión de estos servicios y mantiene en manos de la pública ENAV la gestión de sus infraestructuras aeroportuarias.

Alemania, después de haber abierto su mercado, ha situado a AustroControl, la gestora austriaca como tercera operadora del país detrás de DAS una filial creada exprofeso por los aeropuertos públicos alemanes con la que participan en procesos liberalizadores como el español.

Noruega, donde operan gestoras españolas de aeropuertos, es otro de los países que mantiene una política liberalizadora de sus infraestructuras.

Retraso en la liberalización

Sea como fuere, el parón en la toma de decisiones de envergadura que han provocado estos cuatro meses de interinidad gubernamental hace que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelva a desoír las recomendaciones de instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hace cinco años, el organismo que preside Cani Fernández, presentó un estudio: Los Servicios de Tránsito Aéreo en España en el que hacía cinco recomendaciones claras:

• Avanzar en la liberalización de los servicios de control aéreo en los aeropuertos para continuar con la reducción de costes y la mejora de calidad.
• Simplificar los requerimientos de prestación de servicios de tránsito aéreo en aquellos aeropuertos donde sea posible en condiciones de seguridad.
• Explorar la posibilidad de liberalizar los servicios de control de aproximación.
• Impulsar una mayor competencia en la formación de controladores.
• Eliminar la integración vertical entre Aena y ENAIRE, dado que la situación actual «genera desincentivos a profundizar en la reforma».