El Estado sólo ha recuperado un 8% del dinero público destinado al rescate de las cajas

El Estado tan sólo ha recuperado 4.837 millones de euros de los casi 60.000 millones de euros de dinero que ha inyectado desde 2009 en el sistema financiero español a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El dinero ha ido a parar a los planes de rescate de las cajas de ahorros, entre los que destacan los casos de Bankia (antigua Cajamadrid) y Catalunya Banc (anteriormente conocida Catalunya Caixa), con 22.424 millones de euros y 13.889 millones, respectivamente.

Los datos han sido facilitados por el presidente del FROB, Jaime Ponce, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Las otras entidades financieras que más dinero de los contribuyentes han recibido son Banco CAM, con 11.102 millones de euros de recapitalización; y NCG Banco, con 10.251 millones de euros. El Banco de Valencia, que necesitó 5.498 millones del rescate bancario, es la que lidera la lista en términos relativos, pues el dinero inyectado por el Estado supone un 28% de su balance, frente al 18% de Catalunya Banc o el 16% de Banco CAM.

El resto de cajas que salvadas de la quiebra son CEISS (antigua Caja España-Duero), con 1.559 millones de euros; Banca Cívica, con 977 millones; BMN, con 1.645 millones; Liberbank, con 124 millones; Caja3 (ahora Ibercaja), con 407 millones; y CajaSur, con una inyección de 992 millones de euros de dinero público.

A los casi 60.000 millones de ayudas directas hay que sumar las medidas adoptadas para «apoyar la liquidez» de las entidades mediante avales del Estado y líneas de crédito extraordinarias por valor de 177.976 millones de euros, de las cuales, «prácticamente todo ya se ha recuperado con sus intereses y lo que queda vivo fundamentalmente es el aval concedido por el Estado a los bonos Sareb por 50.781 millones de euros, de los que ya se han amortizado 7.305», ha indicado Ponce.

El presidente del FROB ha asumido durante su intervención en sede parlamentaria que la cantidad de ayudas recuperadas es “exigua”, aunque ha recordado que el grueso de los ingresos que quedan pendientes vendrá de la mano de la privatización de Bankia y de BMN, entidades que en la actualidad están controlada accionarialmente por el FROB. Hasta ahora, la devolución de las inyecciones de capital se ha producido mediante el dividendo que entrega Bankia, a la venta de otras entidades y a la amortización y los intereses recibidos por instrumentos híbridos de capital.

En el caso de la Sareb (la sociedad creada como un banco malo para reducir el peso de los activos tóxicos en los balances de las entidades), Ponce no se ha atrevido a vaticinar si supondrá una carga o un alivio para las cuentas del FROB, porque dependerá de la amortización final de las inversiones y del pago de intereses de los bonos convertibles (los denominados CoCos). No obstante, ha indicado que espera, al menos recuperar el dinero destinado a capital y deuda subordinada.

Por otra parte, el presidente del FROB confía en recuperar también unos 1.000 millones de euros más que vendrán del repago de los bonos convertibles procedentes de Banco CEISS y Banco Caja 3, a los que habría que añadir otros 140 millones de intereses adicionales devengados hasta su vencimiento.

Ponce ha defendido la actuación del FROB “porque ha cumplido su principal objetivo, que era mantener la estabilidad del sistema financiero y, en particular, a la completa protección de los depositantes”. “Sólo en la protección de este interés público superior se justifica, de conformidad con la regulación nacional y europea, la intervención pública acometida”, ha indicado el presidente del FROB.

“En el punto en el que nos encontramos pueden extraerse dos conclusiones. En primer lugar, que las medidas de reestructuración de estos años lograron restaurar la confianza indispensable para el correcto funcionamiento del sector financiero, lo que indudablemente habrá contribuido positivamente en la evolución económica general. Y, en segundo lugar, que, no obstante lo anterior, al FROB aún le quedan importantes desafíos para lograr minimizar la cifra última de apoyos públicos concedidos”, ha concluido Ponce.