Las empresas postales no pueden contratar con la Administración por el trato de favor a Correos

Las empresas postales privadas han desistido en su empeño de conseguir concursos públicos, alegan que los requisitos que se piden en los pliegos correspondientes solo puede ser cumplidos por Correos. Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado a la empresa pública un contrato por valor de alrededor de 30 millones de euros, concretamente se ha adjudicado dos de los tres lotes disponibles. Solo dos empresas se presentaron a la lucha: Correos y Unipost, ésta se hizo con el contrato más pequeño.

El Consistorio de Madrid liderado por Manuela Carmena ha adjudicado en es el mes de febrero un contrato para los servicios postales, dividido en tres lotes, para los dos próximos años valorado en 29,3 millones de euros. El Lote 2 y 3 se los ha llevado a casa Correos por un importe de 26,5 millones y 5.900 euros, respectivamente. Un total de 26,5 millones de euros. Y el Lote 1 ha sido adjudicado a la empresa postal de la familia Raventós, Unipost, por 2,8 millones de euros. Una cifra algo menos atractiva.

Tanto Unipost como Correos se presentaron para conseguir los tres lotes, sin embargo, la firma naranja solo ha podido hacerse con uno de los lotes al presentar la oferta más ventajosa. Eso sí, solamente se ha valorado la oferta de la empresa pública para los lotes 2 y 3, tal como se especifica en la resolución de la contratación del Ayuntamiento gestionado por Ahora Madrid.

Es curioso, que pese a la “liberalización del sector”, solamente una empresa privada postal se haya presentado al concurso público para hacerse con un jugoso contrato de alrededor de 30 millones de euros.

Fuentes del sector explican a OKDIARIO que la razón es simple: no quieren emplear sus esfuerzos en presentar ofertas que, saben de antemano, no van a ganar.  

Explican que existen algunos requisitos en los pliegos de algunos contratos públicos, ya sean municipales, autonómicos o generales del Estado, que impiden que la adjudicación de los mismos sea para ninguna empresa ajena a Correos. Señalan, además, que se demandan requerimientos que solo son alcanzables por la empresa pública porque se refieren a servicios puramente postales. Y hacen hincapié también en otro aspecto que no es baladí: la capilaridad.

Desde los pliegos se piden, por ejemplo, puntos propios en determinadas poblaciones con un determinado número de habitantes. Una condición, aclaran, con la que es imposible de competir porque, sencillamente, no es rentable para una empresa privada. Sin embargo, Correos, por su naturaleza de garantizar el servicio postal universal las tiene todas consigo.

Eso sí, desde el sector creen que, al menos, la división en lotes es una manera de igualar la competición. Lo que les preocupa y por lo que pelean, comentan a este periódico, es para que se separen los concursos en diversos lotes, de tal manera, que puedan ser cubiertos por distintas empresas en función de las necesidades de servicio.

Creen que esta modalidad de concursos sería una forma mucho más competitiva de asignar los contratos y que, además, fomentaría una igualdad de oportunidades.

Bruselas y su investigación a Correos

Para entender bien cómo se financia Correos, hay que mirar su estructura. La organización de la empresa es precisa, está segregada en tres divisiones: la sociedad estatal Correos y Telégrafos, que es la encargada del servicio postal universal; Correos Express, que es la responsable de los envíos de paquetería; y Correos Telecom, que es la unidad encargada de la expansión en materia de comercio electrónico.

Los reguladores españoles y la Comisión Europea (CE) tienen puestos sus ojos sobre Correos desde el año pasado. Consideran que la compañía puede estar usando las subvenciones públicas para hacer competencia desleal, tal como avanzó OKDIARIO.

Bruselas está investigando si la financiación pública que ha recibido Correos entre 2004 y 2010 viola la normativa comunitaria. Recordemos que solamente la unidad encargada del servicio postal universal está autorizada para hacer uso del dinero público que viene de los Presupuestos Generales del Estado.

El Informe Yellow, elaborado por el Instituto Coordenadas y presentado el mes pasado, indica que nunca en los más de 300 años de historia de Correos “se ha visto acosado por las instituciones de competencia para poner fin a la falta de transparencia sobre qué tipo de ayudas estatales le corresponden”. Desde el organismo alegan que “han emprendido un camino de huida hacia delante sin reparar en el gasto público que mantiene su mantenimiento”.

Se indica, además en este informe, que entre 2011 y 2015 la Sociedad Estatal ha generado unas pérdidas de casi 900 millones de euros, “los peores datos de rentabilidad” de Europa.

Creen que Correos opera en un mercado totalmente liberalizado y las ayudas estatales le permiten “competir con ventaja frente a otros operadores”, es decir, que de alguna manera las reglas del juego le permiten la competencia desleal.