Las eléctricas esperan que la ola pronuclear en el mundo les ahorre 1.500 millones de impuestos de Ribera

Las compañías eléctricas confían en que la ola pro nuclear que sacude el mundo les ahorre los 1.556 millones adicionales en impuestos que les quería cobrar la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a cuenta del almacenamiento de los residuos atómicos que genera esta clase de energía y que comprometían seriamente la viabilidad de las plantas hasta que se cumpla el calendario escalonado de cierres aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ribera quiso aprovechar la publicación a finales de 2023 del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), en el que se propone sustituir el almacén temporal centralizado (ATC) por siete almacenes temporales descentralizados (ATD) -uno por cada central nuclear- para cargar a las eléctricas con una subida del 40% de la tasa que pagan a la sociedad estatal  Enresa para la gestión de los residuos nucleares, elevando arbitrariamente la carga fiscal sin que las empresas fueran consultadas al respecto y la medida se adoptó al margen de su gestión.

En la práctica, la presión fiscal impulsada por el Ejecutivo se concretaba en que la energía nuclear española, que ya soporta 12 €/MWh más de impuestos que la de nuestros vecinos franceses, vería aumentar su lastre tributario hasta los 15 €/MWh de diferencia con Francia, restando competitividad a la industria española. 

Finalmente, la ministra Ribera ha decidido retirar el impuesto después de que el Foro Nuclear -el lobby que agrupa a las compañías energéticas- presentara a finales de febrero alegaciones conjuntas compartidas por todos los titulares de las centrales nucleares españolas al Proyecto de Real Decreto por el que se pretendía modificar la tarifa fija unitaria mediante la que se financia el servicio de Enresa para la gestión de los residuos, el desmantelamiento y la clausura de las centrales nucleares españolas.

Adicionalmente, el Foro Nuclear presentó  también un recurso
contencioso administrativo contra el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y otro contra el abandono del Almacén Temporal Centralizado (ATC) porque los nuevos planes suponían un coste muy superior al previsto inicialmente debido a las nuevas soluciones adoptadas
y falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas.

En su alegato, el Foro Nuclear recordaba que las centrales nucleares españolas están sometidas a una carga fiscal excesiva, discriminatoria e incluso en algunos casos redundante, que penaliza el funcionamiento y la gestión de las mismas. A su juicio, cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería su viabilidad económica en un momento en el que las centrales nucleares resultan esenciales en la transición energética por la garantía de suministro que ofrecen y la no emisión de CO2, teniendo en cuenta además los retrasos en los desarrollos eólicos y los proyectos de bombeo como almacenamiento.

Finalmente, las presiones ejercidas han surtido efecto, y la ministra ha decidido retirar el nuevo impuesto y abrir un proceso de audiencia pública en el que se escuche a todas las partes interesadas. Esto equivale a iniciar el proceso desde cero para que los diferentes actores puedan aportar sus consideraciones. Pero los medios consultados por OKDIARIO confían en que el nuevo tributo no vuelva a ser restablecido ante la situación de soledad en que nuestro país se ha acabado por situar en el mundo, muy superado por la ola pro nuclear que sacude el planeta a fin de conseguir una energía barata y promover el crecimiento económico.

De hecho, todos los países con centrales nucleares operativas, excepto España, están apostando por ampliar su vida útil o por desarrollar nuevas centrales. Mientras Sánchez mantiene el cierre nuclear, ajeno incluso a las soluciones que prometen las nuevas tecnologías, esta energía crece en el mundo como una fuente fiable y barata: casi 20 países están construyendo nuevas centrales nucleares y, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en 2025 habrá récord de generación a nivel mundial.

A medida que aumente la producción de Francia, que vuelvan a estar operativas varias centrales en Japón y que entren en funcionamiento nuevos reactores que se están construyendo en muchos mercados -como China, India, Corea y más de una decena en Europa-, la generación nuclear marcará récord en 2025, superando a la anterior plusmarca, que se registró en 2021, según el último análisis anual de la AIE.

En nuestro país, por el contrario, sigue adelante el plan de desmantelamiento escalonado de la nuclear a partir de 2027 y hasta 2035. El cierre de los siete reactores acordado en 2019 con las eléctricas contempla que Almaraz, con 1 GW de potencia, cerrará en 2027; Almaraz II, en 2028; Ascó I, en 2030; Cofrentes, en 2030; Ascó II, en 2032; Vandellós II, en 2035; y Trillo, en 2035.

En Europa el panorama es dispar. Alemania ha eliminado progresivamente su capacidad nuclear y España sigue aspirando al cierre gradual a partir de 2027. Mientras tanto, once Estados miembros de la UE lanzaron en  febrero pasado una alianza para cooperar en energía nuclear bajo el liderazgo de Francia, que creció hasta 14 miembros en su tercera reunión en mayo de 2023.

El objetivo de esta alianza es añadir 50 GW de capacidad nuclear para 2050, lo que supondría un aumento del 50% de la capacidad nuclear instalada en la UE. La alianza también aspira a que la nuclear reciba el mismo trato que las renovables en las políticas energéticas y climáticas de la UE. En diciembre del año pasado, el Consejo Europeo definió la energía nuclear como fuente «estratégica» de cara a alcanzar la neutralidad climática.