Las cinco empresas rescatadas in extremis por el Gobierno están participadas por el fondo Portobello

Los cinco rescates de empresas con dinero público aprobados en el último momento por el Consejo de Ministros han causado estupor por ser consideradas «estratégicas». Pero, además, comparten una cualidad más que sospechosa: están participadas por el mismo fondo de capital riesgo, Portobello Capital, fundado por un hijo del histórico José Ángel Sánchez-Asiaín.

Algunas fuentes financieras han mostrado su sorpresa porque «el Gobierno esté usando dinero del contribuyente para rescatar a fondos de capital riesgo», máxime cuando uno de los miembros del Ejecutivo de coalición, Podemos, nunca ha ocultado su rechazo a estos inversores.

Las empresas rescatadas son Isastur (a la que se han concedido 40 millones) e Imasa (35 millones), dos ingenierías asturianas, la cadena de clínicas dentales Vivanta (40 millones) y las turísticas Meeting Point (31 millones) y Blue Sea (25 millones). Son las últimas empresas rescatadas por la SEPI, ya que el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas deja de estar operativo hoy tras entregar sólo 3.255,8 de los 10.000 millones con que estaba dotado.

Portobello Capital es una gestora de capital riesgo que invierte en empresas de tamaño medio, fundada por Íñigo Sánchez-Asiaín, hijo del que fuera presidente del antiguo Banco de Bilbao y después copresidente del  BBV junto a otro histórico de la banca española, Pedro Toledo. Sánchez-Asiaín padre fue conocido por su cercanía al PSOE y su amistad con Felipe González.

Ha llamado mucho la atención que estas cinco compañías estén participadas no sólo por el capital riesgo, sino por el mismo fondo. Y luego está la cuestión de considerarlas estratégicas para cumplir uno de los requisitos a los que estaban condicionadas las ayudas del fondo. «A las hoteleras se les aplica la doctrina de que el sector turísticos es estratégico, pero una ingeniería o a una clínica dental, ¿cómo se puede justificar que son estratégicas?», se pregunta una de las fuentes consultadas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha saltado a la torera este requisito en otras operaciones de la SEPI, en especial el escandaloso rescate de la aerolínea Plus Ultra. En el caso de las dos empresas asturianas de esta semana, hay que añadir la presión política procedente de la presidencia socialista del Principado, según las fuentes consultadas. Dicha presión también dio su fruto con la ayuda de 120 millones para Duro Felguera, que se consideró estratégica a nivel regional.

Vox pregunta al Gobierno

Ante esta situación, Vox ha planteado una serie de preguntas parlamentarias al Gobierno en las que le plantea si más del 50% del capital de todas ellas está en manos españolas  y si no tenían dificultades antes de la pandemia (otros dos requisitos para recibir las ayudas).

El partido de Santiago Abascal pregunta también con qué asesores externos ha contado la SEPI para el análisis jurídico y financiero de las operaciones, y cuáles han sido sus honorarios. Adicionalmente, en las dos empresas asturianas también plantea si ha habido reuniones de la SEPI o del Gobierno con el Ejecutivo autonómico.