El caso del rey de la información privilegiada en Bolsa llega a la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional tiene entre manos un caso de un inversor que parece el rey de la información privilegiada en Bolsa, ya que no sólo le está investigando la CNMV española, sino también la SEC estadounidense, la FSA británica y los supervisores de Francia, Portugal y Noruega. El caso que ha llegado a manos del juez José Luis Calama (el del Banco Popular) se refiere a la opa de IAG sobre Norwegian Air en abril de 2018.

El investigado es un inversor llamado Pablo de Castro Luis, contra quien interpuso una querella el empresario Gustavo Pérez-Carballo Villar a finales de 2021 por unos supuestos delitos de manipulación del mercado y abuso de información privilegiada. Según esta querella, De Castro tuvo información de que IAG (el holding de Iberia y British Airways) iba a lanzar una opa sobre Norwegian el día antes de que lo publicara la agencia Bloomberg. Y compró grandes cantidades de títulos de la aerolínea noruega.

Al día siguiente, cuando se hizo pública la noticia, Norwegian subió el 47% y De Castro (siempre según la querella) vendió estas acciones con un beneficio de 750.000 euros. Dado que la aerolínea cotiza en Oslo y Nueva York, esta operación levantó sospechas en los supervisores de ambos mercados, que encontraron que otras sociedades relacionadas con este inversor habían logrado beneficios cercanos a 13 millones con esta operativa.

A raíz de esta querella, el juez Calama pidió a la CNMV la información que tuviera sobre esta persona, y el supervisor español le remitió un voluminoso expediente en el que también investigaba otro caso de información privilegiada relacionada con la opa que lanzó el fondo de inversión Brookfield sobre Saeta Yield (empresa renovable propiedad de ACS y otro fondo, GIP), también en 2018.

Esta operación fue la única que tomó en consideración la Fiscalía, que ignoró la de Norwegian (sobre la que la CNMV no había investigado por no cotizar en España). Y en ese caso la ganancia fue inferior a 600.000 euros, que es el mínimo que establecía el Código Penal vigente en ese momento para que haya delito de información privilegiada. Por eso, el magistrado ha acordado el sobreseimiento provisional del caso.

Sin embargo, Pérez-Carballo ha recurrido la decisión en reforma, al entender que debe analizar otras operaciones sospechosas -empezando por la de Norwegian- y que el delito más relevante es el de manipulación de mercado, no el de información privilegiada.

En el expediente remitido por CNMV aparecen las investigaciones de todos estos supervisores internacionales. Sólo en Noruega, han saltado 40 alertas de operaciones sospechosas relacionadas con De Castro. Además, la querella sostiene que existe un patrón en su operativa que se repite en Saeta Yield, Norwegian y otros casos, siempre relacionado con informaciones de Bloomberg.