Bruselas presiona al Gobierno para suprimir la subvención de la tarifa doméstica del gas en pleno invierno

El nuevo repunte de la inflación en septiembre puede ser el aperitivo de lo que está por venir este invierno si a las subidas del precio de la luz y de los carburantes se suma la de la tarifa del gas. Una subida que será consecuencia del fin de la subvención de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que Bruselas pretende que no se prorrogue más allá del 31 de diciembre y que afectará a 2,66 millones de hogares.

Fuentes del sector confirman que la Comisión Europea está presionando al Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera para que elimine todas las ayudas excepcionales a la energía adoptadas con la explosión inflacionista que comenzó en 2022. Entre esas ayudas, se encuentra el tope al gas en el recibo de la luz (la «excepción ibérica»), la rebaja del IVA de la luz y el gas y también la subvención de la TUR.

Las fuentes consultadas aseguran que el Ejecutivo aún no ha tomado la decisión, algo que también dependerá de si Pedro Sánchez es investido o vamos a una repetición electoral en enero, en cuyo caso la subvención decaerá automáticamente el 31 de diciembre. Asimismo, explican que será determinante el precio del gas que marquen los futuros para el próximo año.  Si se mantiene en los niveles actuales, en torno a 50 euros por MW, no tendrá problema en suprimirlo; pero si empieza a subir con fuerza, tratará de convencer a Bruselas para mantener la medida.

Incertidumbre sobre el gas

Un escenario alcista de la cotización del gas es perfectamente posible por la combinación de varios factores: un invierno que se prevé más frío que el del año pasado, una mayor demanda de Asia y una reducción de las exportaciones de Estados Unidos, que está reteniendo mayores cantidades de gas para atender su demanda interna.

Si el precio del gas sigue subiendo y la Comisión no autoriza la prórroga de la subvención, los 2,66 millones de consumidores que tienen contratada la TUR del gas sufrirán un fuerte incremento en la tarifa que deberán abonar a partir de enero. Lo cual, a su vez, presionará aún más al alza el IPC.

Subvención de 3.000 millones

El Ejecutivo estableció en septiembre de 2021 un techo para la TUR1 y TUR2 -las de consumidores domésticos, una para agua caliente y otra que añade la calefacción- que impedía que el coste de la materia prima subiera más de un 15% en cada revisión trimestral de la tarifa, lo que equivalía a limitar el alza en el recibo a un máximo de en torno al 5%. Este tope generó un déficit de tarifa respecto al precio real del gas, que en teoría debían pagar los consumidores en el futuro mediante uno o varios recibos extraordinarios.

Para evitar la probable pérdida de votos, en octubre de 2022 el Gobierno publicó un Real Decreto-ley para absorber la diferencia generada a partir de ese momento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, decidió costear el déficit con impuestos, perjudicando a los contribuyentes que no son consumidores de gas. Y también incluyó en esa subvención una nueva TUR para comunidades de vecinos con caldera central de gas. Para sufragarla, dotó una partida extraordinaria de 3.000 millones.

Esto ha conseguido una rebaja media de la tarifa del gas para estos consumidores estimada en un 40%. Lo cual, lógicamente, ha provocado un éxodo masivo de la tarifa del mercado libre a la TUR de más de un millón de clientes hasta marzo, que se encontrarán con que ahora les sale más cara si decae la subvención gubernamental. Esto supuso un caos en las empresas suministradoras en el primer mes de la subvención, pues no tenían capacidad para atender el aluvión de solicitudes de clientes para cambiarse a la TUR.

Ahora, el sector se teme otra avalancha para recorrer el camino inverso, volver de la TUR al mercado libre, si se cumple el escenario más negativo de subida del recibo.