La banca y los fondos claman contra la legalización de los okupas de Torra: «Fomentan la delincuencia masiva»

La última deriva de Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha sido la de seguir los pasos de la que todos los expertos entienden que es la peor política urbanística de la historia de España: la de Ada Colau en Barcelona. Y es que la Generalitat aprobó este lunes un nuevo Decreto Ley a través del cual los bancos y fondos con propiedades inmobiliarias estarán obligados a ofrecer un alquiler social de hasta siete años para aquellas familias que acrediten una situación de vulnerabilidad -algo muy sencillo en Cataluña- y se les acabe el contrato de alquiler, se encuentren afectadas por procesos de desahucios o que lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin título habilitante en el momento de la entrada en vigor del nuevo Decreto ley.

Hablando en plata: lo que permite esta nueva legislación es que alguien pueda okupar una vivienda y, tras seis meses, exija al propietario del domicilio un contrato que, según ha podido saber este periódico, no superará en ningún caso los 150 euros al mes. 

OKDIARIO ha hablado con distintos expertos, fondos de inversión y bancos para conocer la opinión de los mismos, que en todos los casos es la misma: «Es una auténtica locura». Fernando Encinar, cofundador de Idealista, recuerda que esta idea pasa por «trasladar a toda Cataluña la locura inmobiliaria que se ha apoderado de Barcelona».

«Creo que la experiencia de los últimos cuatro años en Barcelona debería ser un buen ejemplo de que las medidas que van contra el mercado y, sobre todo, que no cuentan ni con la experiencia ni con el consejo de gente del sector al final crean un problema más grande», afirma Encinar, que recuerda, por ejemplo, que la obligatoriedad de dedicar el 30% de la obra nueva a una vivienda protegida «ha propiciado que se haya desplomado la construcción de nueva vivienda en Barcelona, y eso se está traduciendo en déficit de vivienda».

«Es un problema que a medio y largo plazo acabará siendo de urgencia nacional»

«Si eso lo quieren trasladar al conjunto de Cataluña, pues al final es un problema que a medio y largo plazo acabará siendo de urgencia nacional, porque si no hay viviendas, y hay gente que se está trasladando a vivir a Cataluña, al final va a haber un aumento enorme de la demanda y un déficit grande de la oferta. Hace mucho tiempo que la política urbanística de Barcelona no tiene ningún sentido, y ahora se quiere trasladar a Cataluña… En realidad, será interesante porque veremos cómo las cosas que se hacen sin sentido común salen mal. Al final, lo que no puede ser, no puede ser», concluye Fernando Encina.

En el mismo sentido apunta uno de los mayores fondos inmobiliarios de nuestro país. Uno de sus portavoces explica a OKDIARIO que «la Generalitat está haciendo con esto algo único en Europa, que es legalizar la ocupación ilegal a través de la expropiación del derecho de uso durante 7 años». En este sentido, el portavoz de este gran fondo internacional es claro: «Fomentará la patada en la puerta masivamente, es decir, la delincuencia».

Desde uno de los seis grandes bancos del Ibex 35 también recuerdan que, en los casos en los que el propietario se vea obligado a hacer un contrato con el okupa, éste no superará en ningún caso los 150 euros al mes, lo que entienden que es un «insulto» a su negocio y, sobre todo, hacia las familias que, pese a no contar con grandes recursos, intentan hacer las cosas bien. «¿Qué pensará una familia que lleva meses esperando a que les adjudiquen una vivienda de protección oficial? Pues, con esta Ley, se les está empujando a delinquir y a okupar una vivienda para lograr un contrato a precios más que asequibles», explican desde el banco.

«Se está empujando a delinquir y a okupar viviendas para lograr un contrato a precios más que asequibles»

Sea como fuere, lo único cierto es que la Generalitat de Quim Torra está siguiendo los pasos de la Barcelona de Colau, y ha decidido legalizar la okupación a costa de los bancos y fondos de inversión, que con esta Ley en la mano, se verán obligados a sacar su dinero de Cataluña, antes de que se les arrebate con esta nueva legislación en la que el delincuente es quien tiene la sartén por el mango.