Los agricultores rechazan la reunión con Saiz: «No puede hacer nada porque depende de Yolanda Díaz»

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha convocado a las asociaciones de agricultores para una reunión el próximo martes, 13 de febrero, en la que buscará abordar el problema de la falta de mano de obra en el campo. Luis Cortés, coordinador estatal de la asociación Unión de Uniones, afirma que la escasez de trabajadores se debe a la gestión que el Gobierno hace con el subsidio agrario, algo que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díaz.

En la última década, el sector agrario ha registrado una pérdida de aproximadamente 100.000 empleos. Estas circunstancias vienen acompañadas de un descenso de la producción. De hecho, el número de explotaciones agrícolas descendió el 7,6% en los últimos diez años y el de explotaciones ganaderas un 30%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los representantes de los agricultores defienden que las políticas del Gobierno fomentan el retroceso del sector. «Si estableces que un trabajador menor de 52 años sólo necesite diez jornadas para cobrar el subsidio agrario durante todo un año, provocas que sólo trabaje diez días», lamenta Cortés.

Es decir, las políticas del Ministerio de Díaz desincentivan el empleo agrícola y provocan la escasez de mano de obra. Para el representante, este subsidio es el principal motivo de la falta de trabajadores, algo que no depende del Ministerio de Seguridad Social, sino de Trabajo: «No se va a cambiar porque Yolanda no quiere».

El subsidio agrícola al que hace referencia Cortés provoca que el beneficiario perciba » el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) diario que esté vigente en cada momento», según el Ministerio de Trabajo, alrededor de 450 euros mensuales. Esta ayuda está destinada para las «personas trabajadoras eventuales agrarias por cuenta ajena».

Por tanto, la reunión de las asociaciones agrarias con Seguridad Social no tiene visos de solucionar el problema dado que los incentivos se generan desde otra cartera.

Pese a que Díaz crea políticas que destruyen empleo en el sector, la ministra Saiz opina que este problema se soluciona con un aumento de la inmigración. La dirigente aseguró este jueves durante unos desayunos informativos que el campo necesita garantizar una migración «circular y ordenada» para solventar la situación.

En definitiva, la propuesta que la Seguridad Social va a poner sobre la mesa en la reunión del próximo martes no tiene relación directa con las políticas en materia laboral.

Los costes laborales de los agricultores

Además de reducirse el número de trabajadores, los costes laborales que sufren los agricultores suponen el principal gasto del sector, según Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

De hecho, una de las reivindicaciones de los agricultores en las protestas que se están celebrando en España tiene que ver con este asunto. El sector agrario solicita una reducción de las cuotas de la Seguridad Social para poder hacer frente a la subida salarial.

«Con la última subida (del SMI), la parte laboral supone un incremento de los costes de producción», explica Padilla. Es decir, el representante defiende que, por lo menos, el Gobierno debería poner en marcha una «rebaja teniendo en cuenta las peculiaridades» del sector. «Si no hay rebaja (de la cuota) y hay una subida del salario, el coste (laboral) se vuelve muy importante, sobre todo para los que tenemos contrataciones», lamenta.

El Gobierno aprobó el pasado martes, 6 de febrero, en un Consejo de Ministros, la subida del SMI para 2024. El alza de la retribución mínima ha sido del 5%, hasta los 1.134 euros mensuales. El aumento ha tenido efectos retroactivos y se ha comenzado a aplicar desde el 1 de enero de este año.

La subida del salario mínimo se realizó con el beneplácito de los sindicatos, pero sin contar con las asociaciones empresariales. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) solicitaban que el aumento fuera del 4%, que estuviera ligado a los contratos públicos y aprobar bonificaciones para el sector agrario.

El Gobierno desoyó estas peticiones de las organizaciones empresariales. De hecho, Díaz aseguró a las patronales que, de no aceptar sus condiciones, «pagarían las consecuencias», algo que fue calificado de «chantaje» por la CEOE.

En definitiva, el sector agrícola sufre un doble problema en materia laboral: falta mano de obra y el coste laboral es elevado. Ambos problemas han sido agravados por las políticas de Yolanda Díaz, por lo que la reunión de la Seguridad Social que tendrá lugar la semana próxima con los agricultores no tiene visos de solventar la situación.