El Gobierno valenciano archivará los procedimientos abiertos de oficio por la ‘policía del catalán’

El Ejecutivo valenciano que preside el popular Carlos Mazón ya tiene elaborada y presentada ante las Cortes Valencianas la norma que acabará de facto con la conocida como policía lingüística del catalán en la Comunidad Valenciana: la Oficina de Derechos Lingüísticos, del anterior Gobierno de la autonomía, el que encabezaba el socialista Ximo Puig.

En esa norma, se regula, además, que los procedimientos administrativos abiertos de oficio por la Oficina de Derechos Lingüísticos con anterioridad a la entrada en vigor de lo que se conoce como ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2024 y los que estuvieren pendientes de resolución en el momento de esa entrada en vigor quedarán archivados, según consta en el punto 2 de la disposición transitoria primera del proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana, que presumiblemente debatirán las Cortes Valencianas el día 22 de este mes de noviembre.

La Oficina de Derechos Lingüísticos fue una iniciativa ideada por Compromís en 2016, pero que tomó cuerpo un año más tarde, en 2017. El Gobierno valenciano que en aquel entonces lideraban el socialista Ximo Puig y Mónica Oltra justificó su creación para paliar los desequilibrios que sufría el valenciano con relación al español.

Desde un primer momento, el PP se posicionó en contra de esa Oficina. Porque entendía que la normativa que la regulaba era, en realidad, un corta y pega de la que con idénticos fines operaba en Cataluña.

Pero, además, entendía, también, que el decreto que regulaba la creación de la citada oficina no había tenido en cuenta las observaciones del Consejo Jurídico Consultivo, que ya le había advertido de que no podía invadir competencias que eran del Estado y no de la Comunidad Autónoma.

Además, una asociación, la de defensa del castellano, criticaba a su vez que la mencionada oficina sólo pudiera atender las denuncias de los valenciano parlantes frente a los castellanohablantes y no también al contrario. Es decir, que su normativa estaba dirigida a imponer los derechos del valenciano frente al español y no al equilibrio entre ambas lenguas.

Finamente, el Tribunal Supremo derogó 12 de los 16 artículos que regulaban el funcionamiento de la citada Oficina de Derechos Lingüísticos. Esa decisión del Alto Tribunal suponía, de facto, el fin de esa Oficina. Pero, con la ley de acompañamiento de las cuentas autonómicas de 2022 Ximo Puig y su gobierno la recuperaron casi de soslayo. En aquel entonces, noviembre de 2022, Vox definió a esa Oficina como «un organismo encargado de perseguir empresas o establecimientos que no usen el valenciano».

El 15 de junio de este 2023, poco después de su triunfo electoral, el popular Carlos Mazón, anunció, entre las medidas para acabar con el procés acelerado a la valenciana, la definitiva supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos, la conocida como policía lingüística del catalán en la Comunidad Valenciana.

Y esa derogación definitiva de la citada Oficina es la que ahora se concreta en el proyecto de ley de acompañamiento de los citado Presupuestos para 2024. Y es, también, en ese texto legal donde se prevé que los procedimientos iniciados de oficio quedarán archivados.