El plan Mazón antidictadura lingüística: fin a la policía del catalán y al requisito para ser médico

El futuro presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PP en este territorio, Carlos Mazón, pondrá en marcha un completo plan para acabar con la dictadura lingüística -el procés acelerado a la valenciana- que ha dejado ocho años de socialismo de Ximo Puig y de nacionalismo de Compromís. Mazón eliminará la denominada Oficina de Derechos Lingüísticos, conocida como oficina de la policía lingüística, y que fue aprobada casi de soslayo dentro de la ley de acompañamiento de los Presupuestos. Suprimirá también cientos de asesores lingüísticos impuestos a dedo, reforzará el papel de la inspección educativa y creará, además, un cuerpo específico para garantizar que libros de texto y materiales curriculares se ajusten a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. En Sanidad, Mazón eliminará la norma que otorga la misma puntuación al valenciano que a un doctorado en los procesos de oposición para consolidar una plaza de médico en la sanidad pública valenciana.

El que se conoce ya como plan Mazón, cuenta con el apoyo de su socio de gobierno, Vox. Y forma parte del objetivo de ambos partidos de acabar con la dictadura lingüística del catalán en la Comunidad Valenciana en la Educación, la Sanidad y la Función Pública.

Educación

El nuevo Gobierno valenciano quiere que la libertad de educación y de elección de centro esté absolutamente absolutamente garantizada. Y desea reconstituir la figura de los inspectores educativos, que han sido abandonados y sustituidos por asesores lingüísticos, auténticos guardianes del catalán nombrados a dedo.

Defiende la derogación de lo que el PP denomina la ley de la estafa lingüística, que «promueve y regula un falso plurilingüismo» en el sistema educativo valenciano y la aprobación de una nueva normativa que garantice a las familias la libertad de elección de lengua en la que quieren que estudien sus hijos, según consta en el programa del PP. 

Pero, además, ese mismo programa incluye que «no se concederán subvenciones a las entidades que no respeten el interés general, las señas de identidad valencianas, el ordenamiento jurídico, el Estatuto de Autonomía valenciano o los derechos fundamentales de la Constitución».

Y advierte también de que, «a diferencia» del Gobierno de Ximo Puig y Compromís, el nuevo Ejecutivo cumplirá «estrictamente» todas las sentencias relacionadas con los aspectos lingüísticos, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) «dice que debe haber una proporción razonable entre el castellano y el valenciano». Se trata, en concreto, de 56 sentencias, según han confirmado fuentes populares.

Mazón, además, garantizará que las lenguas que se empleen en el sistema educativo sostenido con fondos públicos sean las estatutarias: castellano y valenciano. En su programa el PP afirma que «no consentiremos ninguna intromisión de otras lenguas cooficiales», en clara referencia al catalán.

Refuerzo de la inspección

La otra gran pata sobre la que se sustenta el plan Mazón en materia de Educación es el refuerzo de la inspección. Con el nuevo gobierno, la inspección velará por la correcta planificación lingüística de los centros. Además, está previsto reforzar su papel en aspectos como la aprobación de los programas lingüísticos de los centros. 

Un punto importante es la creación de grupos especializados para garantizar la neutralidad en las aulas, lo que, de facto, significa poner fin al adoctrinamiento. Pero, sobre todo, y para evitar el papel que han jugado los asesores del catalán o asesores lingüísticos, el PP pretende formalizar que las funciones atribuidas en la ley orgánica de educación a los inspectores no podrán ser realizadas por otro personal educativo, como los citados asesores lingüísticos u otras figuras, dado que la función de asesoramiento, supervisión, control y evaluación sólo es propia de la Inspección de Educación.

Sanidad

En materia de Sanidad, las medidas que tomará Carlos Mazón contra la dictadura lingüística del catalán se producen en el momento que marca un punto de inflexión. Y ello, porque el gobierno de Ximo Puig tenía prevista en su hoja de ruta de catalanización de la lengua, en caso de ganar las elecciones, introducir en el denominado requisito lingüístico en la Sanidad. Es decir, la obligación de que los profesionales de la sanidad valenciana supieran valenciano y lo demostraran con una titulación académica determinada.

De hecho, tal como en su día desveló OKDIARIO, el valenciano ya puntuaba igual que un doctorado en los procesos de oposición para consolidar plaza profesional en el sistema público.

Los médicos se oponían frontalmente, porque intuían que ese requisito produciría un efecto como el de Baleares, donde generó una fuga masiva de facultativos y sanitarios.