El campo alicantino saldrá en masa mañana a la calle a defender de Sánchez el trasvase Tajo-Segura

El campo alicantino saldrá en masa mañana a la calle para protestar contra el Plan del Tajo y, en consecuencia, contra el recorte de caudal que ultima el Gobierno de Pedro Sánchez desde el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera en el trasvase Tajo-Segura y en el que el Ejecutivo autonómico que preside el también socialista Ximo Puig mantiene una tibia postura, sin querer enfrentarse frontalmente a Sánchez ni defender abiertamente a los agricultores. En el lado contrario, el presidente de la Diputación de Alicante el alicantino Carlos Mazón sí ha sido claro: «O socialismo o agua».

Esta vez, se trata de defender, la considerada ‘huerta de Europa’, reclamar soluciones para los regantes del Alto y Medio Vinalopó y precios justos para los productores agrarios de la provincia de Alicante. La concentración se llevará a partir de las 11 horas, ante la Subdelegación del Gobierno de la segunda capital de la Comunidad Valenciana bajo el lema ‘SOS Rural’, que los agricultores y regantes recuperan para esta ocasión.

La movilización tiene el apoyo expreso del presidente de la Diputación de Alicante el alicantino Carlos Mazón, y de Vox. El fondo de la cuestión es que el nuevo Plan del Tajo prevé un incremento de los caudales ecológicos. Por tanto, menos aguas para trasvasar. Y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Tanto por el incremento de los costes como por los puestos de trabajo que pueden perderse.

Un informe del prestigioso catedrático Joaquín Melgarejo para la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia cifraba en 15.300 los empleos que se perderán cuando se acometa la reducción del agua trasvasada y un lucro cesante a 40 años de 4.000 millones de euros. El trasvase Tajo-Segura, según los datos ofrecidos por el Sindicato de Regantes del trasvase genera 106.566 puestos de trabajo y el sector agrario dependiente de ese mismo trasvase aporta 3.013 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB).

La reducción de caudales tendrá, además, consecuencias en la industria y el turismo. Por tanto, un completo desastre que el Gobierno de Sánchez quiere paliar a través de las desaladoras, cuya agua es más cara y de menor calidad.

Todo ello, ha unido ASAJA Alicante, el Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura y las comunidades de regantes agrupadas bajo Riegos de Levante Margen Izquierda, Riegos de Levante Margen Derecha y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó. En total, más de 100 organizaciones, que protestarán ante la puerta del edificio que representa al Ejecutivo de Sánchez en la provincia de Alicante.

Allí, se concentrarán tractores, camiones y remolques, que repartirán fruta y hortalizas como gesto de protesta por la supresión de caudales de riego y el precio de los productos hortofrutícolas. Afirman que se trata de un problema político y no ambiental, como pretende trasladar el Ejecutivo de Sánchez, con escaso éxito hasta la fecha. Critican la postura ambigua de Ximo Puig y su gobierno y, sobre todo, protestan porque los recortes del trasvase les abocan a disponer de «la mitad de agua al doble de precio».

La fecha de la concentración tampoco es casual. El 19 de mayo de 2021, hace ahora un año. Ximo Puig y la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera sostuvieron tras una reunión que las transferencias del Tajo al Segura no habían sido «nunca» puestas en cuestión por el Gobierno de Sánchez y abogaron por mecanismos que garantizasen agua de calidad a precio razonable. «agua para siempre». Aquellas palabras las llevan grabadas los agricultores al igual que la declaración de Pedro Sánchez en Albacete hace 4 años, cuando abogó por el agua desalada frente a los trasvases.