Antifraude investiga un contrato de 45 millones en el que medió la hoy secretaria de Industria de Sánchez

La Agencia Valenciana Antifraude investiga hace más de un año la intervención de la actual secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, en la adjudicación de varios contratos de material sanitario de la Generalitat Valenciana durante la pandemia tas la denuncia presentada el 16 de enero de 2023 ante ese organismo por el diputado del PP en las Cortes Valencianas Fernando Pastor. Esos contratos ascienden a un montante total de 44.902.464,03 euros, abonados a una mercantil, Comité Textil SL, de un empresario chino llamado Chen Wu Keeping.

A pesar del periodo transcurrido desde la presentación la denuncia, Antifraude no ha resuelto aún. El caso valenciano ha vuelto a la actualidad después del que ha estallado tras la detención de Koldo García Izaguirre, mano derecha del ex ministro socialista José Luis Ábalos, por un caso relacionado con la compra de mascarillas en medio de la crisis por la pandemia del Covid.

La investigación en el caso valenciano arrancó a consecuencia de la denuncia presentada por diputado popular Fernando Pastor, que OKDIARIO adelantó en octubre de 2022 y que se produjo en enero de 2023. El diputado popular, según consta en la citada denuncia, entiende que los hechos que ha denunciado ante la Agencia Valenciana Antifraude pueden ser susceptibles de ser constitutivos de «fraude y corrupción» por parte, supuestamente, de la mencionada Rebeca Torró.

Según consta en la denuncia presentada por Pastor, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el citado empresario chino llegó «de la mano» de Rebeca Torró, a la que conocía de la etapa de ella en el Ayuntamiento de Onteniente. Si bien, la denuncia hace mención al periodo en que Rebeca Torró era la secretaria autonómica de Economía Sostenible y Sectores Productivos en el Gobierno de Ximo Puig.

Según consta también en la citada denuncia, Rebeca Torró aseguró en una entrevista en este caso en TVE: «Desde que el presidente Puig, nuestro presidente, nos trasladó la necesidad de que los valencianos y valencianas tuviéramos el material necesario para combatir esta crisis sanitaria, se me ocurrió llamarle por teléfono a Keeping. Como decía es un empresario que tiene un centro comercial en mi ciudad, y que lo conocía anteriormente puesto que fui concejal, teniente de alcalde de esta ciudad, y teníamos buena relación».

Rebeca Torró relató también en esa entrevista que: «Le llamé y, al minuto, se puso a nuestra disposición». Y agregó que: «Se lo trasladé al presidente Puig, y nos dio luz verde. Y empezamos a trabajar».

Seis expedientes

Las adjudicaciones de la Generalitat hasta totalizar esos 44.902.464,03 euros se produjeron, según consta en la denuncia presentada por Fernando Pastor, a través de seis expedientes de contratación, todos por el procedimiento de emergencia, y entre los meses de mayo y junio de 2020.

Según consta también en la denuncia, la mercantil a la que fueron adjudicados esos contratos por valor de 44,9 millones de euros tenía un capital social de 3.000 euros. En 2019 tuvo una facturación de 450.000 euros. Y, en 2020, «año en que se le adjudican los casi 45 millones de euros por parte de la Generalitat» declaró «tan sólo un beneficio de 511 euros».

Además, «tal y como consta en el referido Registro de Contratación, la Generalitat Valenciana no había contratado con dicha mercantil con anterioridad ni con posterioridad a los contratos adjudicados en los meses de mayo a julio de 2020».

El denunciante señaló en su día, también, que el objeto social de la mercantil «no está relacionado con los suministros y servicios contratados». Y que los contratos adjudicados eran»de suministro y material sanitario y de servicio de gestión de transportes». Sin embargo, «la actividad de la mercantil es comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados».

De «intermediario» a «suministrador»

Otra de las cuestiones que levantó las sospechas de Pastor y que éste incluyó en su denuncia es que miembros del Gobierno Valenciano anunciaron al empresario chino Keeping «como intermediario para conseguir el material sanitario» pero que, «sin embargo le adjudican directamente el suministro de este material, así como los servicios de gestión del transporte». Pastor fundamenta esta afirmación en que «tal como consta en el Registro de Contratación de la Generalitat  no se pidieron otras ofertas en los expedientes de contratación con la referida mercantil». Y ello,»a pesar de que consta que se adquirieron ese tipo de productos con otras empresas».

La denuncia desvela también que en el registro de contratación «sólo» consta como «criterio» para la adjudicación «el precio o coste y sin embargo la Generalitat adquirió esos mismos productos a otros proveedores a un precio mucho más bajo».

La Generalitat, además, anticipó el pago del coste de suministro del material, de los portes marítimos y aéreos, de los seguros, de las reservas de cargas marítimas y de los despachos aduaneros.