Gallardo no descarta dimitir como vicepresidente de Mañueco por los menas: «Escogemos el honor»
El vicepresidente de Castilla y León ha reivindicado la ley de extranjería como límite al reparto de inmigrantes ilegales
El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha insinuado este miércoles que no descarta dejar su cargo si el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco acepta el reparto de menas en la comunidad autónoma. «Si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogemos el honor», ha dicho afirmando que desde Vox tienen un apego mayor a sus principios que a su posición política.
Ahora bien, García-Gallardo ha explicado que una ruptura con el Partido Popular es una decisión de gran calado y que «no se decide en dos tardes». Por lo tanto, el dirigente política ha dicho que primero tendrán que analizar «con seriedad» cuáles son las actuaciones de nuestro socio de gobierno. «Ellos saben qué es lo que nosotros esperamos de ellos, que es una oposición política a esta cuestión y también una oposición jurídica cuando toque y cuando se pretenda relajar la normativa en materia migratoria», ha explicado.
Durante una rueda de prensa tras reunirse con la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, García-Gallardo ha criticado que estos inmigrantes ilegales no vienen de países con conflictos bélicos como sí es el caso de Ucrania. «Queremos acoger a todas las personas que huyen de la guerra. Lo hemos visto con la injustísima agresión de Rusia contra Ucrania, como Castilla y León, ha estado, por supuesto, a la altura, acogiendo a mujeres y a niños ucranianos en nuestra comunidad. Pero ¿en qué guerra está Marruecos?¿Por qué solo vienen jóvenes y varones? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los ancianos? Es decir, nosotros somos solidarios y respetuosos con los derechos humanos pero hay que cortar ya este negocio de las mafias que lo que están haciendo es traficar con personas saltándose todas las leyes», ha dicho el dirigente castellanoleonés.
Asimismo, el vicepresidente de la Junta ha señalado que para su partido «estar a la altura» de estas circunstancias «es cumplir la ley». De esta forma el vicepresidente de la Junta ha reivindicado la ley de extranjería que impera en España. Una norma que regula las inmigración ilegal y que tipifica la repatriación de aquellas personas que entran de forma irregular en territorio nacional. «Nosotros lo que esperamos de la acción de este Gobierno, de todas sus consejerías, incluida la Vicepresidencia, es el cumplimiento de la ley y por supuesto, también el cumplimiento del Pacto de Gobierno, que como sabe, tiene un punto en que se dice que se va a combatir la inmigración ilegal y también la actividad de las mafias ilegales de tráfico de personas», ha recordado.
Sobre el reparto de menas García-Gallardo ha explicado que para Vox «es irrenunciable el combatir la inmigración ilegal». Por ese motivo han instado al PP, socio de Gobierno en Castilla y Léon, a que «haga todo lo posible en lo político y en lo jurídico para evitar la inmigración ilegal y cortar de raíz el efecto llamada».
El vicepresidente de la Junta castellanoleonesa ha indicado que si esto no se hace Castilla y León podría convertirse en París, Malmo o Gotemburgo, entornos donde, según ha dicho, se está deteriorando la convivencia. «Nosotros lo que queremos es garantizar una buena convivencia en nuestras sociedades. Queremos que se aplique un modelo migratorio que cumpla la ley, que sea inteligente, que sea serio y eso pasa por cortar de raíz el efecto llamada y por empezar a pensar en las generaciones futuras de Castilla y León», ha defendido.
En cuanto a la crisis migratoria que está sufriendo el archipiélago canario, García-Gallardo ha dicho que oponerse al reparto de menas es «ser solidario» con la comunidad canaria porque se lanzaría un mensaje de fortaleza hacia los países africanos. «La realidad es que si se realiza ese reparto, el mensaje que estamos mandando a las mafias es que la frontera española es un pitorreo y de que la frontera española no sirve para nada. Que España no tiene política migratoria, que España ha renunciado a aplicar sus leyes en materia de extranjería», ha argumentado.