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Seis meses de cárcel para 11 empleados de la empresa de limpieza de Palma por títulos falsos de catalán

Títulos falsos catalán
Imagen de la sede central de la empresa municipal de limpieza de Palma, Emaya.
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Seis meses de cárcel para 11 empleados de la empresa de limpieza de Palma (Emaya) por acreditar títulos falsos de catalán, quienes tendrán, además, que abonar 540 euros de multa tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía al admitir que manipularon las certificaciones académicas exigidas para ocupar una plaza en esta compañía municipal la pasada legislatura.

Con este pacto ya rubricado con el Ministerio Público en el juicio que ha tenido lugar esta mañana en el Juzgado de lo Penal número tres de Palma, los trabajadores admiten que falsificaron la titulación A2 de catalán.

Con la entrega a la dirección de la compañía de las titulaciones académicas falsas de lengua catalana pretendían participar en unas pruebas para obtener una plaza de peón en el servicio de aguas y alcantarillado de la citada empresa pública dirigida, en el momento de conocerse los hechos en 2018, por la concejala independentista de Més per Mallorca, Neus Truyol.

Se da la circunstancia de que el único acusado que no ha aceptado el acuerdo es un representante sindical que niega su participación en la trama y al que la Fiscalía señala como el encargado de otorgar estos documentos a uno de los acusados, que así lo ha reconocido. Los ahora condenados habrían adquirido las titulaciones falsas de catalán para poder continuar trabajando en la empresa municipal de limpieza y aguas pagando 140 euros por cada título, pero tras destaparse el escándalo fueron todos despedidos.

Según reconoció uno de los ahora condenados a la instructora del expediente disciplinario que desemboco en su despido, la titulación falsa de catalán la obtuvo a través de un compañero de Emaya que conocía a un chico del barrio palmesano de La Vileta que se dedica a hacer títulos falsos y al que habría abonado los citados 140 euros.

La trama fue destapada hace cinco años tras el soplo de un trabajador de la propia compañía a la Guardia Civil, lo que desembocó en la apertura de toda una batería de expedientes sancionadores y la correspondiente denuncia ante los tribunales presentada por Emaya, que ejerce la acusación particular en este proceso judicial.

El Ministerio Público mantiene la petición de pena de dos años de cárcel para el sindicalista que se ha negado a alcanzar un pacto de conformidad.

La exigencia de disponer titulaciones de catalán para acceder a cualquier puesto de trabajo público en Baleares fue impuesta, y se mantiene en vigor, por el gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, que desde 2015, con Francina Armengol al frente, controlan las principales administraciones de las Islas, caso del Ayuntamiento de Palma presidido por el alcalde José Hila (PSOE).

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