El Govern balear tiene 37 viviendas sociales okupadas tras recuperar 83 en los últimos cinco años

El Govern balear a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) tiene en estos momentos 37 viviendas sociales con okupas que no pagan renta alguna, ubicadas casi todas ellas en Mallorca, dos en Menorca, mientras que no hay pisos públicos okupados en Ibiza.

El número de viviendas sociales con inquilinos en situación de ilegalidad es, en estos momentos relativamente pequeño, y supone menos del 2% de los casi 1.800 inmuebles que forman parte del parque de pisos públicos propiedad del Ibavi.

No siempre ha sido así, si tenemos por ejemplo en cuenta que en el arranque de la pasada y última legislatura de la socialista Francina Armengol al frente del Ejecutivo balear en 2019, había hasta 120 pisos del Ibavi okupados.

Actualmente tiene las citadas 37 viviendas con todos los procedimientos para la salida de los okupas en distintas fases de tramitación judicial, después de haber recuperado en los últimos cinco años un total de 83 pisos.

En 2019 el Ibavi logró desokupar e incorporar de nuevo al parque público de viviendas sociales cinco de ellas; en 2020, un total de ocho; 44 en 2021 en el año más prolífico judicialmente para el lanzamiento y desahucio de okupas e inquiokupas; 18 en 2022, y ocho el pasado año.

En cuanto a la distribución geográfica de los pisos sociales okupados, en Ibiza donde había tres viviendas públicas con okupas en 2019 ya no hay ninguna, y en Menorca, sólo hay dos uno con el trámite judicial iniciado para su desalojo.

En el caso de Mallorca donde había 115, tras recuperar el Govern 79 de ellos, quedan 36 pisos okupados y pendientes de resolución judicial, para su posterior puesta a disposición de alguna de las más de 4.000 personas demandantes en lista espera para lograr un piso de alquiler del Ibavi.

Por cierto que, en estos momentos, sólo hay abierta la convocatoria de adjudicación de nueve viviendas en el municipio de Es Migjorn Gran en la isla de Menorca, por lo que el desalojo de los pisos públicos okupados, es más que necesario.

El Govern aplica un protocolo cerrado para echar a los okupas que consiste en enviarles una carta en la que se les invita a abandonar el inmueble, y se les da la oportunidad de ingresar de nuevo en la lista de espera de pisos del Ibavi.

En casos de especial vulnerabilidad, las personas a las que se quiere desalojar son enviadas a los servicios sociales de los municipios en los que residen. En el resto de situaciones, excepto los abandonos voluntarios, la administración autonómica presenta una denuncia ante el juez para que ordene el lanzamiento de las personas que han entrado ilegalmente en las viviendas, y es el juez quien toma la decisión.

Todo ello viene precedido de la visita de trabajadores sociales que comprueban el nivel de vulnerabilidad de los inquilinos, advirtiéndoles de que en caso de ser desalojados por resolución judicial, no podrían optar a una vivienda social durante cinco años, con el fin de que la abandonen antes de llevar el caso a los tribunales.

Si los okupas optan por marcharse definitivamente del piso tienen que acordar día y hora para entregar las llaves y no dejar el piso vacío, dado que si es ‘okupado’ tendrán que afrontar los costes del nuevo desalojo.

En los últimos años además el Ibavi con el objetivo de impedir nuevas okupaciones ha instalado puertas de seguridad y alarmas en las nuevas promociones.

Uno de los puntos más llamativos del acuerdo programático entre PP y Vox que le dado el Govern en solitario a Marga Prohens, es el referido al compromiso adquirido por ambos partidos para incluir la okupación como infracción grave en la nueva Ley de Vivienda, de manera que los okupas no puedan recibir prestaciones en materia de vivienda o acceder a una de alquiler social del Ibavi.