Baleares quiere extender al litoral la protección patrimonial de la Serra de Tramuntana y limitar navegación, amarres y fondeos

Baleares quiere extender al litoral la protección patrimonial de la Serra de Tramuntana y limitar navegación, amarres y fondeos, especialmente en aquellos casos en los que estas actividades forman parte del uso tradicional y social del litoral.

Una posibilidad en línea con la propuesta de la Federación de Asociaciones y Actividades Náuticas para temas Medioambientales (Fanmed) que ha solicitado al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, que estudie esta ampliación del ámbito de protección marina.

El Govern y el PP de Marga Prohens consideran necesario avanzar hacia un modelo de protección que integre tierra y mar, basado en el conocimiento científico, la seguridad jurídica, la participación de los sectores afectados y la compatibilidad entre la conservación del medio natural y los usos legítimos del litoral.

La Serra de Tramuntana constituye uno de los principales espacios naturales de las Islas Baleares y cuenta con un reconocimiento y una protección ambiental de gran relevancia, tanto por su valor ecológico como paisajístico, cultural y social, que no termina en la línea de costa.

Como expone el PP en una iniciativa que llevará al Parlament, el litoral de la Tramuntana y el medio marino adyacente forman parte de un mismo sistema natural, con una clara continuidad ecológica entre los ecosistemas terrestres, costeros y marinos.

Por este motivo, cualquier política de conservación que pretenda garantizar la protección efectiva de los valores naturales de la Serra debería tener en consideración también esta dimensión marina.

Hay que tener en cuenta que la normativa vigente permite que las comunidades autónomas puedan declarar y gestionar determinados espacios naturales protegidos situados en aguas marinas cuando exista una continuidad ecológica con espacios naturales terrestres protegidos, siempre que esta continuidad esté avalada por la correspondiente evidencia científica y en el ámbito de las competencias autonómicas.

En este sentido, Fanmed ha exigido que cualquier futuro modelo de protección tenga en cuenta las necesidades de las poblaciones costeras y de sus residentes.

Para esta organización de entidades, la situación de Sóller constituye un «ejemplo de la necesidad de encontrar soluciones legales, ordenadas y adaptadas» a cada municipio para asuntos como el fondeo o el amarre de las embarcaciones. Según ha alegado la entidad, «no se trata de elegir entre medio ambiente y actividad náutica», sino de «ordenar el mar para que ambas cosas puedan convivir».

Según dicen, una mayor participación de las instituciones en la gestión de los espacios marinos vinculados ecológicamente a espacios terrestres protegidos «permitiría acercar las decisiones al territorio y mejorar la coordinación entre conservación y actividad».

Finalmente, la organización ha indicado que el debate sobre la protección marina «va a adquirir cada vez mayor importancia en las Islas» y ha pedido que se tenga en cuenta al sector náutico para participar «activamente» en su definición.

Sobre este particular hay que apuntar que el Govern defiende que resulta conveniente disponer de un estudio científico y jurídico que permita determinar con rigor la existencia y el alcance de esta continuidad ecológica entre la Serra de Tramuntana y el medio marino adyacente, así como identificar, en su caso, aquellos espacios marinos que puedan ser susceptibles de medidas adicionales de protección.

Esta posible ampliación de la protección no debería plantearse únicamente desde una perspectiva de delimitación de espacios, sino también desde un modelo de gestión integrada tierra-mar, que tenga en cuenta la realidad social y económica del litoral y que cuente con la participación de los diferentes sectores implicados.

En este sentido, considera necesario escuchar e incorporar las aportaciones del sector náutico, las entidades vinculadas al litoral y al medio marino, el sector pesquero, la comunidad científica, los municipios afectados y las distintas administraciones competentes.