La Audiencia Nacional devuelve a Palma la investigación de 17 investigados de la trama de los Tribuns y mantiene a los cabecillas en Madrid

La Audiencia Nacional ha devuelto a Palma la investigación sobre 17 investigados vinculados a la trama de los Tribuns, al considerar que no existen indicios suficientes para acreditar que formaran parte de la estructura estable de la organización criminal investigada. El juez mantiene, sin embargo, en la Audiencia Nacional la causa contra el núcleo principal de la presunta red de narcotráfico, a la que la investigación atribuye una actividad internacional con ramificaciones en Mallorca, Ibiza y Valencia.

Por consiguiente, el abogado Gonzalo Márquez, Stefan Milojevic y el inspector Nogales, serán juzgados en la Audiencia Nacional. La decisión ha sido adoptada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 mediante un auto fechado el 7 de agosto de 2026, después de que el avance de las diligencias permitiera delimitar con mayor precisión el papel de cada uno de los investigados.

La Fiscalía Antidroga había solicitado la inhibición parcial respecto de estas 17 personas al entender que su vinculación con la organización no tenía la entidad suficiente para mantener la competencia de la Audiencia Nacional. La causa se inició en Mallorca por una investigación por presuntos delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. Posteriormente, fue asumida por la Audiencia Nacional al detectarse indicios de una organización criminal con actividad en diferentes territorios. El Ministerio Fiscal llegó a describir el entramado como una organización criminal de ámbito internacional.

Según consta en el auto, el presunto entramado estaría dirigido desde Mallorca por Stefan Milojevic Bjekovic, a quien los investigadores sitúan al frente de una estructura encargada de abastecer de droga a las ramas de la organización en Baleares y Valencia.

La investigación apunta también a una rama valenciana, dirigida presuntamente por Félix Caballero, alias «el Tete», y a conexiones con una organización criminal albanesa asentada en Ibiza. Entre las operaciones investigadas figura la intervención de 675 kilos de cocaína en el puerto de Valencia en julio de 2025 y de 2.360 kilos de hachís en Ibiza.

En Mallorca, las pesquisas sitúan parte de la infraestructura de la organización en la localidad de Binissalem. En el registro del domicilio de uno de los principales investigados, Carlos H.G., fueron intervenidos, según el auto, 11 kilos de cocaína y 1.261.000 euros en efectivo, además de armas de fuego y silenciadores.

Las diligencias policiales y judiciales apuntan a que la organización habría distribuido grandes cantidades de droga. La documentación incorporada a la causa cifra en 2.108 kilos de cocaína, 5.646 kilos de hachís y marihuana y 4.425 dosis de LSD las sustancias que habría difundido el entramado investigado.

El supuesto funcionamiento de la red difería en función de la sustancia. El hachís habría llegado desde el norte de África mediante embarcaciones neumáticas y posteriormente habría sido trasladado hasta Ibiza para su almacenamiento y posterior envío a la Comunidad Valenciana. La cocaína, por su parte, habría llegado a través de buques mercantes procedentes de países de Sudamérica.

Pero la investigación posterior ha llevado al juez a establecer una frontera entre quienes formarían parte del núcleo organizado y quienes mantenían únicamente una relación comercial con éste. El auto concluye que, respecto de los 17 investigados que serán remitidos a Palma, no se ha acreditado, con el grado indiciario exigible en esta fase, que participaran en la planificación de las operaciones, la financiación de los cargamentos, la dirección del grupo o su infraestructura logística.

Tampoco consta, según la resolución, que desempeñaran funciones estables dentro de la organización, que participaran en la toma de decisiones o que estuvieran sometidos a una relación de dependencia jerárquica respecto de sus principales responsables.

El juez explica que la mera relación de proveedor y comprador de droga no convierte automáticamente a una persona en integrante de una organización criminal. Para ello, debe existir un vínculo adicional de carácter funcional, como estabilidad, coordinación, reparto de funciones o integración en la estructura.

«La compra reiterada de droga, por sí sola, no equivale a pertenencia a la organización», sostiene la resolución, que recuerda además que la competencia de la Audiencia Nacional es excepcional y no puede extenderse de manera ilimitada a todas las personas que hayan tenido algún contacto delictivo con una organización.

La resolución señala que muchos de ellos aparecen relacionados con la organización a través de anotaciones en libretas, teléfonos intervenidos y operaciones de compraventa de cocaína y hachís. Sin embargo, el magistrado considera que estos elementos no son suficientes para acreditar su integración estructural en el entramado.

La investigación describe a estas personas, en términos generales, como compradores que adquirirían partidas de droga a miembros de la organización para posteriormente distribuirlas de manera autónoma en sus respectivos ámbitos territoriales.

La decisión no supone el archivo de las actuaciones respecto de estos 17 investigados ni una declaración de inocencia. El juez deja expresamente abierta la posible responsabilidad penal que pudiera corresponderles y ordena que los hechos sean examinados por el órgano judicial territorialmente competente en Palma de Mallorca.

De este modo, la Audiencia Nacional mantiene bajo su jurisdicción la investigación del núcleo principal de la presunta organización criminal, mientras que la causa contra estos 17 investigados continuará en Palma.