Armengol se saltó su propia normativa para comprar las mascarillas ‘fake’ a la trama de Koldo

El Govern de Armengol se saltó su propio protocolo para la compra de mascarillas del caso Koldo por las que desembolsó 3,7 millones de euros entre mayo y junio de 2020. El centro estatal que analizaba el material remitió al Ejecutivo un dictamen que concluía que no cumplían los requisitos de una mascarilla FFP2 y que, por tanto, eran inservibles.

Un informe de la Abogacía de la comunidad autónoma remitido a la Oficina Anticorrupción el 2 de octubre de 2020, en respuesta a un estudio realizado por este organismo público adscrito al Parlament balear sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, fija toda una serie de requisitos que tenían que seguirse para su adquisición.

Entre otros detalles, indicaba que lo primero que el Servicio de Salud tenía que hacer era «era solicitar (al proveedor) las fichas técnicas de los productos» y las mismas tenían que ser «revisadas por la unidad de recursos materiales de la central de compras». También se tenía que comprobar si los precios se ajustaban al precio medio al que se están vendiendo estos productos en China.

Si esta unidad daba el visto bueno a las fichas técnicas de los productos y las otras condiciones de compra se cumplían, «se realizaba el encargo al proveedor e intermediario de las fábricas chinas y se realizaban una serie de controles» que les «garantizaban que los materiales sanitarios cumplían con las características y condiciones técnicas y normativas solicitadas tanto por el Centro Nacional de Medios de Protección, como por la Aduana española y la Agencia Española del Medicamento».

Además, como recoge el informe de la Abogacía del Govern, era «condición sine qua non para el pago de la mercancía» que se realizara «una auditoría por una empresa independiente» que acreditara que se cumplían «las condiciones técnicas y de calidad y que son los mismos productos que aparecen en las fichas técnicas».

Y el último paso, y no menos importante, es que si se cumplía «todo por parte del proveedor», se autorizaba «la importación del material sanitario en Baleares, realizándose, antes de fletar el avión, un último control por el mismo Gobierno chino», que también comprobaba que los materiales provinieran de importadores autorizados por el propio Gobierno chino y si la mercancía cumplía con la normativa para poder ser exportada.

«Una vez que la mercancía se recibe en Palma y pasa el control de aduanas, se traslada al almacén de HUSE donde se realiza el recuento de la mercancía y se comprueba que se corresponde con la compra realizada», aseguraba el protocolo.

Si se hubieran seguido esos controles previos, el Ejecutivo no las habría pagado en mayo sin tener garantías de que eran válidas. No contento con ello, el Ejecutivo emitió en agosto 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas fraudulentas.

Y es que, desde el primer momento, todo es extraño en el proceso de adquisición de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, mano derecha del ex ministro socialista José Luis Ábalos. Como recoge el informe de la Abogacía autonómica, a diferencia del resto de contratistas, fue la empresa vinculada a Koldo la que contactó con el IB-Salut para avisar de que habían fletado un avión repleto de mascarillas FFP2 y que si estaban «interesados ​​ellos se encargaban del transporte hasta Palma» y que se tendrían «que hacer cargo de la gasto del flete y el seguro del transporte desde Madrid hasta Palma».

«Una vez revisada la documentación técnica y revisado que el precio fuera ajustando a lo que se estaba pagando por las mascarillas FFP2, se le encargó 1.480.600 mascarillas de protección para vapores orgánicos FFP2 desechables por un importe total de 3.701.500 euros, el proveedor a emitido la factura núm. 20.035. por el importe señalado».

«También ha emitido la factura 20.046 por el importe de 56.715,24 euros correspondiente al flete aéreo y el seguro del vuelo Madrid Palma». Es decir, un mero trámite telefónico, en línea, con lo que recoge el informe remitido por la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga este caso de corrupción, en el que se indica que «el material sanitario llegó a Palma antes de que se formalizara el contrato y se aprobara su tramitación a través del procedimiento de emergencia».

Y ello con el agravante, como indica el análisis de la documentación del requerimiento practicado en el Servicio de Salud de Baleares en julio de 2022, de que no se había «localizado ningún documento que refleje los contactos previos con la empresa adjudicataria para el perfeccionamiento de los contratos».

Además, tampoco hay rastro de «ningún contrato o acuerdo firmado entre las partes en el que se concreten los términos de desarrollo del servicio ni se nombre a los responsables del mismo» porque, como asegura la Guardia Civil, «la documentación observada acredita que el contrato fue ejecutado en fechas previas a la declaración de tramitación de emergencia por parte del órgano de contratación, en virtud del art.120 de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público».

Y es que el protocolo y los controles internos del Govern con la compra de mascarillas del caso Koldo fueron inexistentes.