Armengol aceptó pagar a la empresa del ‘caso Koldo’ el precio máximo por las mascarillas fraudulentas

Los documentos sobre la compra de las mascarillas ponen en evidencia el trato de favor que el Govern de Armengol pretendía conceder a la empresa del caso Koldo.

El Ejecutivo autonómico aceptó pagar las mascarillas quirúrgicas al precio máximo de 0,726 euros por unidad cuando el precio medio era de 0,424. De hecho, de los 25 millones de mascarillas que compró durante la pandemia, sólo el 0,0053% correspondiente a este caso fueron adquiridas a ese precio máximo referido.

Según la documentación en poder de OKDIARIO, a la hora de reclamar los 2,6 millones correspondientes a la diferencia entre los 3,7 millones que valían las mascarillas FFP2 y las fake o quirúrgicas que recibió, la Conselleria de Salud presidida por la consellera socialista Patricia Gómez decidió aplicar el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, en lugar del precio medio. Si hubiera aplicado el precio medio la cantidad a reclamar hubiera sido muy superior, concretamente, 3.073.725 euros, es decir 447.000 euros más.

El Govern de la hoy presidenta del Congreso aceptó además pagar las mascarillas del caso Koldo a la empresa Soluciones de Gestión vinculada a Koldo García, mano derecha del ex ministro socialista José Luis Ábalos, sin saber si eran válidas.

El desembolso de 3,7 millones de euros se produjo tan sólo nueve días después de que recibiera el lote dando así trato preferente a este privilegiado proveedor que no tuvo que esperar, ni de lejos, la media de 48 días que en mayo de 2020 tardaba el resto de adjudicatario de contratos y servicios públicos en cobrar de las arcas de la Comunidad Autónoma.

Si el cargamento, 1,4 millones de mascarillas en 1.329 cajas se recibió en Baleares el 27 de abril, el 5 de mayo el Ejecutivo de Armengol hizo el desembolso millonario a la citada empresa, con el añadido de que con anterioridad a la declaración del estado de alarma, nunca la Administración balear había tenido relación con esta empresa para el suministro de material de protección sanitaria.

El IB-Salut dirigido por la consellera socialista, hoy en la oposición, Patricia Gómez, pagó sin rechistar, y sin conocer tan siquiera el estado de las mascarillas.

De hecho no fue hasta un mes después, en concreto, el 8 de junio de 2020 cuando el centro estatal que analizaba el material, remitió al Govern un dictamen que concluía que no cumplían los requisitos de una mascarilla FFP2 y que, por tanto eran inservibles, por lo que el Ejecutivo procedió a almacenarlas en unas dependencias donde continúan embaladas cuatro años después. 

A pesar de ello, el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, el Ib-Salut emitió un certificado de conformidad constatando que el contrato se había ejecutado «correcta y satisfactoriamente» sin que se hubiera producido «ninguna incidencia».

Este documento es el principal escollo que ven los actuales responsables del Ib-Salut para que la reclamación pueda prosperar, sumado al hecho de que el Ejecutivo anterior tardara tres años en iniciar las primeras gestiones para exigir una compensación.

En relación a esta reclamación, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, insistía esta semana en que Armengol tiene que explicar «por qué ignoraron los correos electrónicos internos del Ib-Salut en los que se alertaba de la caducidad de las mascarillas, por qué emitió certificación de conformidad con las mascarillas cuatro meses después de recibirlas, a pesar de saber que eran defectuosas, y por qué no se informó de una supuesta reclamación en el traspaso de poderes».

Para Sagreras «Armengol dice estar indignada mientras sigue sin contestar si Ábalos o Koldo García le dieron instrucciones para que su Govern comprara mascarillas a la empresa de la trama y por qué estuvo tres años sin reclamar aun sabiendo que las mascarillas eran defectuosas, estaban caducadas desde 2022 y que la Guardia Civil ya investigaba el contrato».