Armengol quiere movilizaciones y pancartas en la calle contra el decreto de Vivienda de PP y Vox

Francina Armengol ha sacado del cajón el recurso de la pancarta y la movilización callejera para protestar contra el decreto de Vivienda que este lunes acordaron el Govern balear y Vox. Lo hace evitando recordar el fracaso en esta materia de sus ocho años como presidenta del Ejecutivo.

La secretaria general del PSIB-PSOE ha acusado al Govern de querer calificar suelo con el decreto ley de vivienda, tras el acuerdo sellado esta jornada con el grupo parlamentario Vox para convalidarlo este martes en el pleno del Parlament, «para», a su juicio, «hacer el negocio urbanístico de muy pocos y vivienda para no residentes ni trabajadores de Baleares».

Armengol se ha pronunciado así, este lunes, en una rueda de prensa, en que ha expresado el «rechazo absoluto» del PSIB-PSOE al decreto ley de vivienda para desbloquear suelo que, previsiblemente, se convalidará este martes en el Parlament, después del acuerdo sellado esta jornada entre el Govern y el grupo parlamentario de Vox, y que ha sido negociado «in extremis», ha criticado la socialista, quien ha recriminado al Govern del PP de Marga Prohens que «jueguen con el dolor de muchísima población», que «vive una realidad dramática, porque necesita tener acceso a una vivienda».

Todo, mediante un decreto ley que «va contra del modelo de sociedad construido en los ochos años de gobiernos progresistas, entre la sociedad civil y las administraciones públicas», ya que durante su futura tramitación como proyecto de ley, se prevé la extensión de la normativa a los 24 municipios del archipiélago que tienen más de 10.000 habitantes, como había exigido durante las últimas semanas Vox a cambio de su apoyo, y la posibilidad de que los municipios de más de 20.000 habitantes puedan decidir si desarrollan proyectos urbanísticos en las conocidas como áreas de transición, lo que implicará recalificar suelos rústicos en urbanizables.

Además, ha añadido Armengol, con este decreto ley, las viviendas que se plantea construir «son de acceso prohibitivo para los trabajadores de esta comunidad autónoma».

Por ejemplo, en el caso de Palma, ha recordado «el Plan General de 2023, aprobado por un gobierno municipal progresista, proponía claramente, que el 50 por ciento de todo nuevo crecimiento urbanístico en Palma iba dedicado a vivienda de protección oficial» y, por tanto, «con unos precios que podían rondar, en un piso, los 180.000 o 200.00 euros», que «podían ser asequibles, con las ayudas que también había para poder avalar estas hipotecas para poder acceder a estos pisos», haciéndose también «pisos de alquiler social», como planteaba la izquierda, y sigue planteando el PSIB.

Pues, bien, ahora, con este nuevo decreto ley lo que se plantea «es que una persona que este domingo con la normativa hubiera podido comprar esa vivienda a 200.000 euros, a partir de este martes, con la nueva normativa, le pasa automáticamente a 300.00 euros, porque no se obliga a que sea vivienda de protección oficial, si no vivienda a precio limitado, y eso encarece el precio un 30 por ciento».

Por ello, ha considerado una «tomadura de pelo vender esto como un decreto ley que ayuda a la gente a tener derecho a una vivienda». «Es un engaño masivo a la ciudadanía», ha reprochado, a la vez que ha acusado al Govern y al grupo parlamentario de Vox de «ir en contra del interés general, la tramitación democrática y la participación ciudadana», ya que, ha advertido, con esta normativa «desaparecen los planes generales, los planes territoriales insulares y se fulmina la autonomía municipal para que pasen a decidir los promotores».

En este sentido, ha recriminado al Govern que «vuelva a recurrir a los mismos planteamientos urbanísticos de siempre», recordando como «hace ya mucho, el expresidente Cañellas dijo que Baleares tenía que ser la segunda residencia de Europa». «El PP siempre ha tenido mucho interés en el crecimiento urbanístico», ha apuntado.

Frente a ello, el PSIB-PSOE tienen claro que «la vivienda tiene que ser un derecho de ciudadanía» y no una herramienta para «la especulación». Por ello, ha avisado Armengol, los socialistas vigilarán qué calificaciones de suelo se piensan a hacer para albergar los nuevos residenciales, que se plantean, ejerciendo «la oposición más dura y contundente del PSIB».

Pues, como ha advertido Armengol, las planificaciones y crecimientos urbanísticos que se plantean han de ir acompañados de un recurso escaso como es el agua, de escuelas, centros de salud, transporte público y vías de comunicación, y «todo esto no está planificado en estos nuevos residenciales, por que ahora todo lo define el promotor según donde tenga el suelo».

Además, tras expresar su apoyo la manifestación convocada este martes frente al Parlament, por el GOB, Palma XXI y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, ha llamado a todas las fuerzas de izquierda, entidades de las islas y a toda la gente que desde hace años lucha por el derecho a una vivienda a unirse para evitar que los objetivos del decreto ley se lleven a cabo porque «cambian radicalmente el planeamiento y la planificación de Baleares».

Finalmente, en su opinión, la situación se agrava aún más con la negativa del PP de aplicar la ley estatal de vivienda que permitiría topar precios, y con «el «decreto ley de saturación turística aprobado el pasado viernes, que con 145.000 plazas turísticas añadidas, hace que el precio de la vivienda se encarezca», por lo que insistido en que «todos los pisos plurifamiliares han de ser para los residentes de esta comunidad, no para la actividad turística».