Baleares excluirá a los okupas de las ayudas sociales al alquiler

El proyecto de ley sobre vivienda acordado por el Govern balear y Vox contemplará la exclusión de las ayudas a personas condenadas por allanamiento o usurpación.

El Ejecutivo autonómico que preside Marga Prohens y el grupo parlamentario de Vox han sellado un nuevo acuerdo para convalidar el decreto de vivienda y al que se le incluirán determinadas enmiendas, como la posibilidad de construir en áreas de transición –es decir, suelo rústico–, durante su tramitación como proyecto de ley.

Así lo han anunciado la mañana de este lunes en una rueda de prensa el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quienes han celebrado la predisposición de las dos partes para alcanzar el pacto.

De este modo, el decreto 3/2025 se convalidará este martes en el pleno del Parlament tal y como fue aprobado por el Consell de Govern hace unas semanas y después se tramitará como proyecto de ley, periodo durante el cual se le incluirá enmiendas propuestas por Vox.

Entre ellas, han explicado Mateo y Cañadas, la extensión de la normativa a los 24 municipios del archipiélago que tienen más de 10.000 habitantes, algo que durante las últimas semanas Vox había exigido a cambio de su apoyo.

El futuro proyecto de ley también contemplará la posibilidad de que los municipios de más de 20.000 habitantes puedan decidir si desarrollan proyectos urbanísticos en las conocidas como áreas de transición, lo que implicará recalificar suelos rústicos en urbanizables.

Asimismo, incluirá medidas como la exclusión de las ayudas al alquiler o a la posibilidad de acceder a una vivienda de protección pública a aquellas personas que hayan sido condenadas de forma firme por delitos de usurpación o allanamiento de morada.

En cualquier caso, han asegurado, el texto legislativo mantendrá la condición de que el 50 por ciento de las nuevas viviendas de protección oficial o de precio limitado. También se cederá un 15 por ciento del aprovechamiento del suelo a los respectivos ayuntamientos, con lo que se buscará facilitar vivienda a funcionarios públicos.

Se trata del segundo acuerdo rubricado entre el Ejecutivo autonómico y Vox en los últimos días, después de que el pasado viernes Cañadas compareciera junto al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, para escenificar el pacto para sacar adelante el decreto de medidas turísticas.

Vox, satisfecho

Tras semanas de negociaciones «intensas y firmes», PP y Vox han conseguido llegar a un acuerdo para desencallar el decreto de vivienda en un principio limitado a Palma pero que finalmente se ha extendido a más municipios de Baleares. Aunque todavía no ha sido presentado de manera oficial, los de Santiago Abascal han celebrado que el Govern de Marga Prohens haya introducido sus exigencias, que era una condición sine qua non para que el decreto saliera adelante.

Vox Baleares considera que el decreto inicial que presentó el PP era «insuficiente» y no tenía «soluciones de fondo» al ser sólo una «declaración de intenciones» centrada en Palma. Ahora, tras la inclusión de sus exigencias, la formación conservadora asegura que el decreto ahora «se transformará en un verdadero instrumento de respuesta a la emergencia habitacional que afecta a todas las islas».

Y es que el decreto establecerá que los municipios de Baleares de más de 10.000 habitantes podrán adherirse de forma voluntaria mediante acuerdo plenario, permitiendo que aquellas localidades con necesidad habitacional puedan acogerse al nuevo marco y promover suelo residencial «sin trabas ni imposiciones», según asegura Vox en un comunicado.

De esta manera, cada municipio podrá aplicar condiciones urbanísticas propias adaptadas a su realidad, garantizando un modelo flexible y ajustado a las necesidades locales. Sólo Menorca ha quedado al margen dada sus particulares características de protección y porque la crisis habitacional no es tan grave como en Ibiza y Mallorca.

Áreas de Transición

Por otro lado, VOX ha logrado que las Áreas de Transición sean reconocidas como categoría válida de suelo susceptible de desarrollo residencial. Gracias a esta medida, se abre la posibilidad de ampliar el suelo urbanizable de manera ordenada y planificada, especialmente en aquellos municipios que enfrentan una alta presión demográfica.

Estas actuaciones podrán tramitarse mediante la modificación puntual del planeamiento municipal, con aprobación directa por parte del Consejo Insular, o que agiliza los plazos y reduce la burocracia. Además, se establece que las promociones resultantes podrán estar sometidas «en la medida de lo posible» a régimen de protección pública, garantizando un equilibrio entre oferta, demanda y libertad de mercado.

Vox Baleares ha vuelto a remarcar que las principales causas de la crisis habitacional que sufre Baleares son «la escasez de suelo disponible, la falta de vivienda asequible y las restricciones urbanísticas acumuladas durante años». La formación cree que estos tres factores «han generado una situación límite que afecta tanto a jóvenes como a familias, trabajadores esenciales y residentes».

Con este nuevo acuerdo logrado con el Govern balear del PP, Vox ha demostrado que «se puede hacer política útil, eficaz y centrada en el interés general. Frente a los parches propagandísticos, VOX ha obligado al Gobierno a adoptar soluciones reales y valientes, sin complejos ni concesiones al inmovilismo ideológico», según indican.