El alcalde socialista de Palma condecorará a tres policías locales imputados en casos de corrupción

El alcalde socialista de Palma, José Hila, condecorará a tres policías locales imputados en casos de corrupción pendientes aún de juicio, y a los que la número dos del gobierno municipal y teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, tiene intención de otorgarles la cruz al mérito policial con distintivo blanco.

La propuesta de la dirección política del Cuerpo de la Policía Local ya es firme, y sólo está pendiente de su aprobación por la Junta de Gobierno que será la encargada de decidir al respecto sobre unas condecoraciones, que se entregarán en la clásica diada policial de mayo que, este año, coincidirá con la campaña electoral de las municipales del día 28 de ese mismo mes.

Los tres agentes imputados en cuestión, en dos casos de presunta corrupción, son Juan Llompart, Bartolomé Capó y Rafael Estarellas .

Si no hay novedad, los tres serán distinguidos por la concejala socialista Adrover, con unas condecoraciones que «recibirán por haber cumplido treinta años de servicio», tal y como recoge el acuerdo firmado el pasado 6 de febrero por la Comisaría de Personal.

La condecoración de estos tres agentes no viene exenta de polémica ya que estos galardones no se les puede conceder a policías, «que tengan expedientes disciplinarios en curso, o con sanciones disciplinarias pendientes de cancelar en su expediente personal».

Los policías elegidos en cuestión están imputados, dos de ellos Llompart y Capó, en el llamado caso Pabisa, y Estarellas, en el denominado caso oposiciones.  Por increíble que parezca aun no ha sido juzgados, pese a que los hechos que se investigan se remontan a hace más una década.

Hay tener en cuenta que este último caso citado de presunta corrupción, es nada menos que el origen de las investigaciones judiciales, que desembocaron luego en el caso del ya absuelto empresario de la noche mallorquina Bartolomé Cursach.

Entre otros hechos relevantes, el caso oposiciones provocó que la Guardia Civil tomara el cuartel de la Policía Local Sant Ferran en busca de pruebas que confirmaran la supuesta filtración de las preguntas de un examen para acceder a una plaza de oficial.

En él mismo están imputados más de media docena de agentes a los que la Fiscalía solicita penas de un año y medio de prisión, y hasta ocho y medio de inhabilitación por supuestos delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, entre otras cuestiones.

En el caso Pabisa las penas solicitadas por el Ministerio Público son de mayor calado: cuatro años y medio de prisión para nueve agentes de la Policía Local de Palma por una supuesta trama de corrupción en torno al empresario Miguel Pascual, para beneficiar sus locales y negocios de ocio nocturno, caso del ‘Bierkonig’ y ‘Overbayern’.

La Fiscalía sostiene la tesis de que Pascual, para quien pide cinco años de prisión, sobornaba a los agentes y a un funcionario del Ayuntamiento de Palma, con servicios sexuales y consumiciones gratuitas. A cambio, éstos le alertaban de las inspecciones a sus establecimientos. Este caso es una de las piezas en las que se dividió la investigación sobre las supuestas corruptelas en el seno de la Policía Local de Palma, por unos hechos que sucedieron entre los años 2007 y 2015.