Corrupción en baleares

La concejala de Seguridad se negó a investigar el amaño de plazas en la Policía Local de Palma

La concejala socialista consideró en un informe que la investigación no era de su competencia

El Ayuntamiento le instó a poner el caso en manos del departamento policial de asuntos internos

Hay siete oposiciones en las que diversos sindicalistas habrían obtenido plaza tras negociar las bases

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La concejala socialista de Seguridad, Joana María Adrover con el alcalde de Palma, José Hila.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, la socialista Joana María Adrover, se negó a investigar el amaño de plazas para sindicalistas en la Policía Local de Palma. Un caso destapado por OKBALEARES y que, en estos momentos, investiga la Oficina Anticorrupción del Govern balear. 

Adrover rechazó indagar sobre la cuestión, pese a recibir órdenes de la Concejalía de Función Pública del Consistorio palmesano, liderada por el también concejal socialista Adrián García

En concreto, García, le remitió un decreto en el que le instaba a verificar, si en alguna de las reuniones en las que se haya negociado, oficial o extraoficialmente, alguna de las bases de las convocatorias de concurso oposición en la Policía Local, ha habido la intervención de sindicalistas que «pudieran tener el deber jurídico de abstenerse de estas negociaciones», recogía el decreto. 

Tal y como recoge la denuncia presentada ante la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de Baleares que sirve de base para la investigación, personas que actuando como asesores o como sindicalistas, habrían negociado bases de procesos de selección de los que han acabado formando parte o tienen un interés directo. 

El edil socialista le recordaba en su decreto a su compañera en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, que la instrucción y resolución de los procedimientos disciplinarios, y si fuese el caso, de la información reservada, son competencia del Área de Seguridad Ciudadana. En concreto, del conocido como departamento de Asuntos Internos de la Policía Local (DASI). Era por tanto esta unidad la que tenía la obligación de  investigar el caso a fondo, para dilucidar las posibles responsabilidades penales que podrían derivarse del caso.

La contestación de Adrover a ese decreto de García fue la de lavarse las manos. En un informe de la Prefectura de la Policía Local contesta que investigar estos hechos quedan «extramuros» de las competencias de los responsables del Área de Seguridad Ciudadana, y por ello, advierte que «no se admite esta solicitud» que insta a dirigir al departamento que resulte competente. 

Y ello, pese a que las negociaciones de las bases y condiciones de los siete procesos de selección policial donde se habrían detectado graves irregularidades, se llevaron a cabo desde el Área de Seguridad Ciudadana que desde las elecciones de mayo de 2019 dirige Adrover, participando en ellas la dirección política del Cuerpo y responsables sindicales policiales. 

La pasividad de Adrover estaría en línea con la denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción en la que se advierte de la situación de un Ayuntamiento, doblegado a intereses de algunos sindicatos y sindicalistas. Entre otras cuestiones que se investigan, figura la confección de plazas a la carta acotando su perfil  para que muy pocos pudiesen optar a las mismas.

Entre las razones que habrían llevado a esta situación de vulneración de principios, se aducía en la denuncia, la polarización que padece el Cuerpo de la Policía Local, con decenas de agentes imputados desde la pasada legislatura en diferentes casos de corrupción. 

Una situación que, según el denunciante, habría creado enemigos y donde los unos deciden el destino de los otros, influyendo en los políticos para que purguen a agentes que lo único que hicieron fue trabajar cumpliendo órdenes. 

Un desbarajuste que tendría responsabilidades repartidas entre sindicatos, sindicalistas, políticos y funcionarios. 

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