La Policía quiere que los manifestantes turismofóbicos les denuncian para así poder aportar su informe al juez y solicitar detenciones
Los cuerpos policiales cargan duramente contra el delegado del Gobierno al que acusan de ponerse al lado de los violentos
La investigación policial apunta a que los altercados fueron provocados por grupos violentos infiltrados al cierre de la manifestación
La Policía señala al delegado del Gobierno por autorizar el cierre de la manifestación en una ‘ratonera’ pese a las advertencias de seguridad

La Policía Nacional está ansiosa de que las plataformas Alerta Solidària y Menys Turisme, Més Vida formalicen de una vez por todas las denuncias que llevan días anunciando por las supuestas agresiones sufridas durante las cargas policiales de la manifestación contra la masificación turística del pasado 26 de julio en Palma.
Fuentes próximas al caso han confirmado a OKBALEARES que la presentación de esas denuncias permitirá a los investigadores incorporar al procedimiento judicial los atestados policiales, los informes elaborados por los agentes, las grabaciones de las cámaras de seguridad y el resto de pruebas recopiladas durante la intervención. Será posteriormente la autoridad judicial la que, tras analizar toda la documentación, pueda acordar la identificación y, en su caso, la detención de los manifestantes que presuntamente protagonizaron los episodios violentos registrados durante la protesta.
Las mismas fuentes lamentan que, desde que ocurrieron los hechos, la Delegación del Gobierno haya optado por «ponerse de perfil» e intentar rebajar la tensión política en lugar de respaldar públicamente la actuación de los agentes desplazados al operativo. En este sentido, critican que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, cargara contra sus propios subordinados, situándolos «a los pies de los caballos», en una actuación que comparan con la mantenida semanas atrás respecto a la Guardia Civil.
Mientras tanto, Alerta Solidària y Menys Turisme, Més Vida han asegurado que ya son 25 las personas que se han puesto en contacto con ambas organizaciones para denunciar las supuestas agresiones sufridas durante las cargas policiales. Según explicaron en rueda de prensa el portavoz de la plataforma, Jaume Pujol, y el representante de Alerta Solidària, Àlvar Hervalejo, de esas 25 personas, 15 necesitaron asistencia médica.
Los servicios jurídicos de Alerta Solidària estudian ahora cada caso de forma individual para decidir si presentan denuncias particulares además de una querella conjunta. Para ello están recopilando informes médicos, vídeos e imágenes con el objetivo de identificar a los agentes que intervinieron en las cargas y dirigir las acciones judiciales contra ellos. Tampoco descartan ampliar las denuncias a posibles responsabilidades políticas si consideran que existen indicios suficientes.
Durante la comparecencia, los portavoces de ambas organizaciones sostuvieron que el número de personas lesionadas podría ser superior al conocido hasta ahora y pusieron como ejemplo dos casos de manifestantes que recibieron golpes en la cabeza, uno de los cuales, según afirmaron, permaneció hospitalizado durante 48 horas por una hemorragia cerebral.
Asimismo, volvieron a exigir responsabilidades políticas por la actuación policial y reclamaron la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. También anunciaron que estudian denunciar a los mandos policiales por un presunto delito contra el ejercicio del derecho fundamental de manifestación.
En el plano político, Menys Turisme, Més Vida insistió en que la protesta fue la mayor movilización contra la turistificación celebrada en Mallorca y cifró la asistencia en más de 70.000 personas. Sin embargo, esa cifra es rechazada por los cuerpos policiales. Tanto la Policía Nacional como la Policía Local sitúan la participación en una horquilla de entre 22.000 y 25.000 asistentes, muy lejos de los datos difundidos por la organización convocante.
Con las denuncias todavía sin presentar, la Policía mantiene que será precisamente la apertura del procedimiento judicial la que permitirá aportar todas las pruebas recopiladas durante el dispositivo y esclarecer tanto la actuación de los agentes como la de los manifestantes implicados en los incidentes.