La Policía señala al delegado del Gobierno por autorizar el cierre de la manifestación en una ‘ratonera’ pese a las advertencias de seguridad

La tensión generada tras la manifestación antiturística celebrada el domingo en Palma continúa creciendo y ya ha traspasado el ámbito político para instalarse de lleno en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Agentes de la Policía Nacional, a través de representantes sindicales y de fuentes próximas al Cuerpo, responsabilizan directamente a la Delegación del Gobierno de haber autorizado que la manifestación concluyera en lo que califican como una auténtica «ratonera», un enclave que, según sostienen, nunca reunía las condiciones necesarias para albergar la concentración final de miles de personas.

Las críticas se dirigen especialmente contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, al que consideran el máximo responsable político de una decisión que, aseguran, se adoptó pese a las reiteradas advertencias realizadas por los propios mandos policiales durante la planificación del dispositivo de seguridad.

Según las fuentes consultadas, tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Palma trasladaron desde el primer momento que concluir una manifestación de semejante magnitud en Ses Voltes suponía convertir el final de la marcha en una ratonera, debido a las limitaciones de aforo, las escasas vías de evacuación y la dificultad para absorber con garantías la llegada simultánea de miles de personas. Los técnicos policiales apostaban por finalizar en el Parc de la Mar, un lugar abierto, con capacidad para más de 50.000 personas y seguro. La organización rechazó cualquier modificación del recorrido inicialmente previsto.

Durante los días previos, añaden estas fuentes, desde la organización se difundieron mensajes asegurando que era la Policía Nacional quien pretendía cambiar el recorrido de la manifestación, una versión que los agentes niegan. Según explican, nunca se trató de impedir la protesta, sino de evitar que miles de personas terminaran concentradas en una ratonera donde cualquier incidente podía complicarse en cuestión de segundos.

Finalmente, la Delegación del Gobierno autorizó el cierre de la manifestación en Ses Voltes. Una decisión que, según los policías consultados, confirmó todos los temores que habían trasladado durante la fase de planificación.

Cuando el flujo de manifestantes aumentó y el recinto comenzó a saturarse, Ses Voltes acabó convirtiéndose, según las fuentes policiales, en la ratonera que habían advertido desde el inicio. Ante el riesgo de una avalancha, de un tapón humano o de que quedaran bloqueadas las vías de acceso y evacuación, la Policía Nacional decidió regular la entrada de personas para evitar males mayores.

Fue entonces cuando, siempre según la versión policial, la organización reaccionó con dureza y desde la megafonía se realizaron anuncios que provocaron el enfado de parte de los asistentes contra los agentes desplegados en el dispositivo. Los policías insisten en que todas las actuaciones respondieron exclusivamente a criterios de seguridad para evitar que aquella ratonera terminara provocando una tragedia.

El malestar dentro del Cuerpo es profundo. Los sindicatos de la Policía Nacional y diversas fuentes próximas al Cuerpo consideran que las advertencias técnicas fueron ignoradas y que se acabó imponiendo una decisión política frente al criterio de quienes debían garantizar la seguridad de miles de manifestantes.

Las críticas alcanzan directamente al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, a quien responsabilizan de haber autorizado el dispositivo pese a las reservas expresadas por los expertos policiales. Algunas de estas fuentes recuerdan además el malestar existente desde episodios anteriores, como las detenciones de Santa Maria, y consideran que la actuación en esta manifestación ha agravado todavía más la fractura entre la Delegación del Gobierno con la Guardia Civil y Policía Nacional, cuerpos a los que el delegado a las primeras de cambio ha dejado tirados como a una colilla.

Las mismas fuentes sostienen además que Alfonso Rodríguez atraviesa un momento políticamente delicado dentro del PSOE y apuntan que su continuidad estaría siendo objeto de debate interno. Asimismo, afirman que una eventual salida del delegado podría alterar los planes del partido en Calvià, donde, según estas fuentes, no existiría un relevo claro para encabezar una candidatura socialista. Estas afirmaciones proceden de fuentes próximas a la Delegación del Gobierno y no han sido confirmadas oficialmente por el PSOE.