Una abogada aragonesa ante el drama de los mutualistas: «Hacienda torea a estos ancianos sin piedad»

El Gobierno ha metido un gol a miles de jubilados que llevan meses, incluso años, esperando a cobrar de Hacienda la devolución de décadas de IRPF por unos pagos indebidos que afectan a los pensionistas que cotizaron en las Mutualidades Laborales.

A través de una surrealista disposición final decimosexta de una ley sobre el impuesto a cigarrillos y el tabaco, el pasado 20 de diciembre el Gobierno de Pedro Sánchez invalidó las solicitudes de aquellos jubilados que hasta la fecha no hubieran recibido todavía los pagos que Hacienda les cobró indebidamente.

La Sentencia del Tribunal Supremo 255/2023, de 28 de febrero consiguió que se les reconociera sin poner en duda el derecho de estos pensionistas, lo que originó que casi un millón de jubilados se pusiera manos a la obra para reclamar su dinero.

Los mutualistas y Hacienda

La situación de los mutualistas con Hacienda no es nada halagüeña. «Lo que se pintaba de color de rosas ha acabado siendo un fraude y un sinvivir, dado que muchas solicitudes no han sido todavía atendidas y miles de ancianos están a la espera de cobrar miles de euros de golpe», lamenta en declaraciones a OKDIARIO la abogada experta en mutualidades Olga Becerril.

¿Qué ha sucedido de un día para otro? Que esta cantidad les será devuelta de forma fraccionaria cada año. Además, Hacienda ha invalidado todas las tramitaciones, por lo que aquellos que quieran seguir cobrando deberán solicitarlo con un nuevo procedimiento.

¿Otra ley inconstitucional?

La indignación entre los profesionales y los afectados es total. Un drama que conoce bien esta abogada zaragozana que lleva toda una década dedicada a defender ante Hacienda los derechos de mutualistas de diversas zonas de España.

«Esto no se puede tolerar. Esta ley es inconstitucional y no podemos quedarnos de brazos cruzados. No se nos puede anular un procedimiento que ampara la propia Ley General Tributaria, que determina la forma de solicitar este tipo de ingresos indebidos, y que la disposición final de diciembre no deroga en ningún momento», explica.

«El Gobierno de España podrá poner mil excusas para no pagar, pero no nos pueden hacer esto. Hacienda está toreando a estos ancianos sin piedad, jubilados que trabajaron para levantar el sector productivo e industrial de nuestro país», denuncia.

El logro de los mutualistas

Tal y como explica Becerril, «fue un gran logro que se reconociera el derecho a la devolución de ingresos indebidos de mutualistas en su origen de Endesa y ENHER, sobre sus planes de pensiones propios y ahora sobre su pensión pública haciéndose extensivo al resto, a fin de evitar la doble imposición fiscal que estaban sufriendo».

«Además, a este colectivo se le reconoce que si habían cotizado con anterioridad a 1979, se les aplicaba también respecto a las prestaciones de jubilación de la Segunda Social, al amparo de la Sentencia del Tribunal Supremo 255/2023, de 28 de febrero», añade.

«Fue muy gratificante este reconocimiento, porque ponía fin a un periodo de lucha incesante por la defensa de los derechos de estos jubilados», recuerda. «Lo que ha pasado a las puertas de Navidades es una traición. Todo parece una trama para que estas personas desistan de reivindicar sus derechos y que los herederos tampoco reclamen. Hacienda así se ahorrará millones de euros que son de los mutualistas, saltándose a la torera la Ley General Tributaria».

Discriminación entre mutualistas

«Mis clientes son la mayoría octogenarios, no pueden esperar a cobrar cuatro años su dinero. Les va la vida en ello, no se merecen este trato. Los profesionales estamos desesperados, porque ya no depende de nuestro buen hacer. Por eso, invito a todos los jubilados a que vayan a Hacienda y reclamen su derecho. No pueden invalidar los formularios y reclamaciones que con anterioridad a la publicación de esta Ley estaban en trámite y no se han resuelto», expone.

«De ser así se estará produciendo una enorme discriminación respecto a jubilados que en las mismas condiciones sí que han cobrado. Una discriminación incluida en la propia Constitución. Esto es de extrema trascendencia», explica.

«Se está tratando de justificar que el problema es que Hacienda tiene que consultar ficheros en papel y que no dan abasto, pero eso no es cierto. Además, eso no era un problema. La Agencia Tributaria podía calcular cualquier devolución de cualquier ejercicio con el porcentaje de minoración de la base imponible (BI), pese a que el importe varíe en función de la pensión de jubilación que cada año es distinto», señala.

«A mí me lo han asegurado los propios funcionarios, que tenían todo listo a falta de dar a un botón para devolverles el dinero en enero, tal y como prometieron», señala. «Los funcionarios también están indignados porque han trabajado mucho para poder llegar a enero con todos los expedientes listos».