Seis años de cárcel para el alto cargo del PSOE que dilapidó en prostíbulos el dinero de los andaluces
El ex alto cargo de la Junta socialista admite el gasto público en prostíbulos: «Sólo fui diez veces»
El fiscal afea al socialista Villén que «calle» qué cargos de la Junta se llevó a prostíbulos y «orgías»
La Faffe intentó tapar el escándalo de los prostíbulos anulando por falso robo la tarjeta ‘black’
La Audiencia de Sevilla ha condenado al ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén a seis años de cárcel por los pagos en prostíbulos con tarjetas bancarias de la entidad, perteneciente entonces de la Junta socialista de Andalucía. Villén, que en el año 2008 entró en la Ejecutiva del PSOE-A, dilapidó 32.566 euros en una docena de orgías en clubes de alterne. La ex directora económica-financiera de la Faffe Ana Valls ha sido condenada a cinco años y tres meses de cárcel por su inestimable ayuda en el desvío de fondos públicos. El tribunal considera a ambos autores de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor.
Así figura en una sentencia emitida el 19 de septiembre por la Audiencia de Sevilla y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ambos acusados fueron juzgados meses atrás por un jurado popular en un juicio en cuya primera jornada Villén reconoció haber pagado en clubes de alterne con su tarjeta de la Faffe, aunque aquello sólo ocurrió en «diez ocasiones» durante los siete años que estuvo al frente de la entidad, según defendió. Añadió además que «cuando uno está en un local de esos, uno toma copas y eso afecta a las facultades». El tribunal señala ahora que realizó un total 40 pagos en prostíbulos con la tarjeta black de la empresa, nueve de ellos en un mismo día. «El acusado tenía una afición descontrolada por este tipo de establecimientos», remarca la sentencia.
La citada instancia judicial condena además a Villén a una multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público durante seis años, y a indemnizar a la Junta de Andalucía con 24.129 euros, resultado de restar al importe total de los gastos (32.566 euros) la devolución por parte del acusado de 8.437 euros el 25 de marzo de 2010. Además, y de manera solidaria con la acusada, deberá indemnizar igualmente a la Administración autonómica con 6.300 euros. Ana Valls ha sido condenada a una multa de 5.840 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público durante cinco años.
Sus compañías
Villén aseguró en el juicio que siempre fue consciente de que debía «devolver» a la Faffe el dinero de todos aquellos usos «indebidos» de la tarjeta para gastos «injustificables» en prostíbulos y, según sus palabras, repuso el gasto de la tarjeta de su propio bolsillo. El socialista encuadró estas prácticas en la necesidad de «no alarmar» a su familia, para «evitar una situación complicada en casa».
El ex directivo del PSOE andaluz también mostró su «grado de arrepentimiento» por estos hechos. «He pedido disculpas en varias ocasiones. Arrastro un deterioro de mis relaciones personales, sociales y familiares y toda una depresión. Siento un arrepentimiento muy grande».
De su lado, la ex directora financiera de la entidad Ana Valls manifestó que antes de que estos gastos trascendieran a los medios de comunicación, no sabía «nada», y cuando salieron a la luz sintió «un gran bochorno», al igual que el resto de la plantilla de la Faffe.
No obstante, según el fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, durante el juicio quedó probado que el ex director de la Faffe «no ha devuelto esas cantidades». Soto le reprochó además que no dijese «con quién gastó» esos 32.566 euros de dinero público en clubes de alterne, callando qué «alto, medio o bajo cargo (de la Administración) o empresarios» le acompañaron en aquellas visitas a locales de citas como Don Ángelo, Top Show Girls, La Casita o la Sala Delux.
Cabe recordar que Villén figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del ex alcalde socialista de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García, de manera «injusta y arbitraria» y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre ambos. También se encuentra investigado por la «contratación irregular, injusta y arbitraria» del concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.
Tres tarjetas distintas
En base al veredicto del jurado popular, que declaró por unanimidad que Villén es «culpable de una continuada disposición ilícita de fondos» públicos para gastos en prostíbulos y de «falsear» la contabilidad de la entidad «con la colaboración» de Valls para «simular las devoluciones» del dinero público dilapidado, la sentencia de la Audiencia declara probado que Villén, «prevaliéndose de su cargo, llevó a cabo de manera continuada una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad, utilizándolos para abonar los servicios que había solicitado en distintos locales de alterne, usando para ello la tarjeta que en cada momento dispuso como director contra las cuentas de la fundación».
La Audiencia añade que, utilizando tres tarjetas distintas, el condenado «dispuso de 32.566 euros para gastos en prostíbulos con cargo a los fondos de la Faffe», tras lo que desgrana los establecimientos, fechas y cuantías de estos gastos, resaltando que el acusado «dispuso de dichos fondos públicos para su aprovechamiento y lucro personal, en actividades completamente ajenas a la función pública, sin que haya devuelto los gastos realizados a través de ninguna de sus cuentas bancarias ni tampoco en metálico a través de la caja central de la fundación».
Así, y según señala la sentencia, «no existe constancia alguna de que así lo hiciera, pues no recibió resguardo alguno de dichas supuestas entregas, ni quedó en la caja documentación justificativa que acreditase la recepción por la acusada (Ana Valls) o por la cajera del dinero que hubiese recibido de manos» del ex director de la Faffe, precisando que «sólo devolvió parcialmente los gastos realizados los días 22 y 23 de marzo de 2010» en uno de los prostíbulos.
En relación a la acusada, la Audiencia indica que era la directora económica-financiera de la Faffe y que en el departamento que dirigía «se llevaba la contabilidad y el control de las cajas», apuntando que el acusado «no quería hacer las devoluciones mediante transferencia bancaria, pues su intención era no restituir los fondos públicos sustraídos».
Al respecto, declara probado que Villén y Valls acordaron «simular las devoluciones de los referidos gastos de tarjeta del primero mediante el procedimiento del ingreso fingido de tales devoluciones en metálico en la referida caja central». Además, la directora de la Faffe ordenaba «la anotación de dichas devoluciones en las liquidaciones de la misma, la cual estaba destinada exclusivamente a atender pequeños gastos corrientes de carácter periódico, como gastos de transporte que habían sido abonados directamente por los empleados, comidas, material o anticipos de viaje, y en la que no debían hacerse ingresos que no fueran pequeñas devoluciones de anticipos».
40 pagos
El tribunal destaca «la gravedad de los hechos consistentes en la persistente repetición de actos de apropiación de fondos públicos a lo largo del tiempo, pues si sumamos todos los pagos que realizó mediante la tarjeta de la fundación en los días que se han declarado probados, suman 40 pagos, esto es, 40 veces que se apropió de fondos públicos, realizando varios pagos en una sola jornada, llegando hasta nueve pagos en un mismo día».
En el caso de la ex directora financiera condenada, y a la hora de establecer la pena a imponer, la Audiencia tiene en cuenta que «sólo existió por parte de la acusada una conducta malversadora y que no se ha acreditado que obtuviera de ninguna de las conductas delictivas acreditadas beneficio propio alguno».
La Audiencia de Sevilla la condena así por un delito de malversación, sin aplicar la continuidad delictiva en relación a dicho delito, al considerar que «el único supuesto en el que resulta acreditado que ha participado en una actuación malversadora fue el día 25 de marzo de 2010 con motivo de la firma y cobro de dos cheques por importe de 6.300 euros con cargo a los fondos de la Faffe».