Moreno se suma a Ayuso: recurrirá ante el Constitucional el impuestazo de Sánchez a las grandes fortunas

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo central, y pide su suspensión cautelar hasta que haya una resolución, ya que considera que invade competencias autonómicas y que va «contra Andalucía». El Ejecutivo presidido por Juanma Moreno se une así al de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ya presentó el recurso del impuesto a principios de mes por invasión de competencias autonómicas.

El Ejecutivo andaluz entiende que es una tasa creada «única y exclusivamente» para contrarrestar la bonificación del impuesto de Patrimonio aprobado en la comunidad y ha advertido de que el Gobierno autonómico no permitirá que nadie «pisotee» ni «injiera» en la autonomía fiscal de la región.  El recurso, que se presentará en los próximos días, se basa en tres argumentos, el primero por una invasión de las competencias normativas atribuidas a la comunidad y recogidas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades.

Además, argumenta que se vulnera el artículo 23 de la Constitución por el procedimiento utilizado para aprobar el impuesto, ya que se hizo a través de una enmienda en una ley por que la que se creaban otros dos impuestos. La Junta entiende que con esa fórmula se ha privado a los grupos parlamentarios de la posibilidad de presentar enmiendas, por lo que se «cercena» un derecho de los diputados, ha explicado en rueda de prensa la consejera de Economía, Carolina España.

El tercer argumento en el que se sustenta el recurso es la vulneración del principio de seguridad jurídica que establece el artículo 9.3 de la Constitución, ya que introduce una novedad normativa «de una forma sorpresiva» e impide a los afectados «reaccionar y adaptarse», ha explicado España. La Junta pide la suspensión cautelar del impuesto hasta que haya una resolución para que las familias no se vean obligadas a hacer frente a su primer pago.

El recurso, que cuenta con un informe de los servicios jurídicos de la Junta y del Consejo Consultivo, se presenta porque el Gobierno andaluz recibe dicho impuesto como «un ataque a la autonomía fiscal y financiera de Andalucía».
Según los cálculos de la Junta, en Andalucía no llegarían a un millar de personas las que tendrían que pagar la tasa, pero entiende que se «ahuyenta» la inversión y que, por ejemplo, se frena el objetivo de que los extranjeros de las zonas costeras se hagan residentes en la región.

El impuesto de Patrimonio lo pagaban 19.000 contribuyentes en Andalucía, pero la consejera ha asegurado que la preocupación de la Junta no es la recaudación, sino el «ataque frontal» a la autonomía fiscal y el «efecto huida» que ahora existe. Carolina España ha denunciado que el Gobierno central ha aprobado «por la puerta de atrás» y vía enmienda un impuesto «que lo único que trata es de cortar las alas de Andalucía» en un ejercicio de «oposición» al Ejecutivo que preside Juanma Moreno.

El gravamen que aprobó el Gobierno central, de carácter temporal, será abonado por los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros en la base liquidable, que son 23.000, con un impacto esperado de 1.500 millones, según el Ministerio de Hacienda.