Corrupción en Melilla

El juez lo tiene claro: Coalición por Melilla creó un «entramado criminal» para corromper las elecciones

El auto judicial desgrana la "organización delictiva" que gobernó la ciudad con el PSOE entre 2019 y 2023

Las Consejerías en manos del partido promarroquí otorgaron 357 contratos públicos por casi 8 millones de euros

El líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafá Aberchán, detenido por corrupción (EFE).
El líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafá Aberchán, detenido por corrupción (EFE).
David García de Lomana

«Una organización criminal» cuyo objetivo era «corromper» las elecciones y alcanzar el Gobierno. Así define el auto judicial a la formación promarroquí Coalición por Melilla (CPM), socio de Gobierno del PSOE en la ciudad autónoma durante la pasada legislatura. El documento por el que se ha encarcelado al presidente de CPM Mustafa Aberchán, cuatro consejeros y una viceconsejera del anterior Ejecutivo señala que hay «indicios suficientes» para sostener que formaban parte de «un entramado delictivo para alcanzar el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y mantenerse en el mismo, corrompiendo los resultados de las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2023».

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla les atribuye la concesión de 357 contratos «fraudulentos» por valor de 7.775.227 euros procedentes de las arcas públicas «con el objetivo de nutrir de fondos a la organización».

Este lunes, recordemos, conocíamos que el juzgado ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza de los cinco miembros del partido antes citados ya que ve un elevado riesgo de fuga a Marruecos dada la «ascendencia marroquí» de los investigados.

La instructora, en base a la investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ha subrayado que «resultan indicios suficientes de la existencia de una organización criminal que, utilizando la estructura de un partido político, en concreto, bajo las siglas Coalición por Melilla (CPM), de forma organizada y planificada, existiendo una distribución de funciones entre las personas involucradas, habrían configurado todo un entramado delictivo para alcanzar el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y mantenerse en el mismo».

En el auto de prisión a los consejeros cepemistas, la juez subraya que entre 2019 y 2023, desde las Consejerías de Melilla que dirigía CPM «se habrían desviado recursos públicos para beneficiar a los integrantes de los escalones superiores de la organización criminal». Esta forma de proceder se habría realizado «principalmente mediante la adjudicación de contratación menor y de distintos programas de subvenciones, todo ello con el objetivo de nutrir de fondos a la organización».

El documento judicial detalla el papel de cada uno de ellos, actuando «a las órdenes directas» del líder del partido político, Mustafa Aberchán, «y por ende, de la organización criminal, siendo responsable de la adjudicación fraudulenta» de más de 350 contratos menores a empresas pantalla lideradas por familiares.

Desde la pasada semana, en la cárcel de Melilla se encuentran los ex consejeros Dunia Almansouri (Hacienda, Empleo y Comercio), Rachid Bussián (Infraestructuras, Urbanismo y Deportes) y Hassán Mohatar (Medio Ambiente), en la de Granada está Mohamed Ahmed (Distritos y Juventud) y en la de Santander, el líder de CPM y ex presidente de Melilla Mustafa Aberchán. Además, se han producido otras 28 detenciones, aunque los arrestados siguen en «libertad provisional», tres de ellos con la obligación de firmar periódicamente en dependencia judiciales.

Mustafa Aberchán fue detenido la semana pasada en Santander, ciudad a la que acudió para una acción formativa en su condición de médico. En 2021 ya fue condenado a dos años de cárcel y 30 meses de inhabilitación por fraude electoral tras comprar votos por correo a cambio de planes de empleo en las elecciones de 2008. Mohamed Ahmed fue detenido en Granada, su lugar de residencia. El resto, en Melilla.

El juzgado ve sólidos indicios para acusar a todos ellos de hasta cuatro delitos: fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

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