El Halloween de la corrupción socialista: estos son los 5 casos más terroríficos en Andalucía

Halloween se celebra todos los 31 de octubre en conmemoración de la fiesta pagana del Samhain, de tradición celta, que hoy conocemos como el Día de Todos los Santos o la Noche de Brujas, y que se festeja en muchos países. También en Andalucía, donde han sufrido auténticas historias de terror ligadas todas ellas a la corrupción socialista en la comunidad. Nuestro aporte a esta noche de miedo queda en este artículo, en el que repasaremos los cinco casos (de los 130 que se investigan) más terroríficos del PSOE de Andalucía (PSOE-A).

Ha sido complicado escoger sólo cinco, pero nos hemos quedado con el caso ERE, Isofotón, Faffe, Fitonovo y, uno aparte, que es el ‘caso Fernando Villén’, que merece ser tratado como una trama aparte, aunque mucho tiene que ver con Faffe.

Caso ERE: 680 millones malversados

El Tribunal Supremo (TS) confirmó hace meses las correspondientes penas a los dos históricos ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Desde el PSOE se insiste en su inocencia, en contra de toda resolución judicial. Sin embargo, los 680 millones de euros podrían incluso duplicarse a medida que se vaya avanzando en muchas de las piezas separadas de la trama de los ERE.

Sin olvidar, claro, los innumerables casos de corrupción que, prácticamente cada semana, salen a la luz por parte de algún alcalde o cargo del PSOE en algún consistorio de los muchos que aún controlan en Andalucía. En total, la cuantía podría superar sobradamente los 1.200 millones de euros malversados. Los imputados relacionados con la corrupción socialista en la comunidad ya superan con creces las 500 personas. Se avecina tormenta en San Vicente, sede del partido en Andalucía.

Mientras desde el Gobierno de Pedro Sánchez ya orquestan los correspondientes indultos, la realidad pasa porque Griñán ha sido condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada y Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricación. El Tribunal Supremo desestimó los recursos de los dirigentes socialistas contra el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzgó el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia.

Desde la oposición, el PSOE ve cómo se van desplomando sus apoyos con el afloramiento de decenas de casos de corrupción que salpican ya a casi 600 personas entre socialistas, amigos o familiares de socialistas, directivos y ex miembros de su Junta, y que podrían aclarar el desvío o malversación de más de 1.200 millones de euros… que pertenecen a los andaluces.

De este modo, aunque se ha hablado por activa y por pasiva de los 680 millones malversados, lo cierto es que esa es una cantidad que únicamente incluye el procedimiento principal, el de las transferencias de financiación a Idea entre los años 2000 y 2009. Sin embargo hay tramas antes, durante y después de esa época, algunas de las cuales están directamente relacionadas con los ERE -las piezas separadas- y otras son completamente ajenas.

La Cámara de Cuentas de Andalucía, en su informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales que elaboró en 2012 estimó en 1.217 millones de euros los que acabaría abonando la Junta de Andalucía como consecuencia de la refinanciación de las pólizas de prejubilaciones y los intereses de demora ligados al caso ERE. Sólo al caso ERE. Pero son muchísimos mas.

Faffe: enchufes, prostitutas y coca

Explicar el caso Faffe podría llevarnos a tener que escribir un libro en vez de un artículo. La Faffe era como se conocía a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, un ente público en el que se investiga si se pudieron producir 84 enchufes. Entre ellos, el de la mujer del líder del PSOE-A, Juan Espadas, la señora Carmen Ibanco, conocida por su curiosa forma de explicar lo que hacía mientras trabajaba. Ya saben, lo de encender el ‘Word Perfect’. Esos presuntos 84 empleados siguen trabajando hoy para la Junta de Andalucía en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Carmen Ibanco, por supuesto, también.

Pero la de los enchufes es sólo una pata de la trama Faffe. ¿Recuerdan al hombre que se gastó más de 30.000 euros de todos los andaluces en unos cuantos puticlubs? Pues se trata del que fuera director general de la Faffe, el señor Fernando Villén, que aún sigue siendo juzgado.

La extinta Faffe «gastó durante su existencia 10.726.755,80 euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas», cantidad de la que salió «el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén». Así lo recoge la propuesta de dictamen de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía y presentada por el presidente de la comisión, Enrique Moreno, que calificó de «vomitivas» las prácticas de «corrupción institucionalizada» y «sistemática» de una entidad que, recordemos, fue fundada bajo el pretexto de formar a los parados andaluces.

Fernando Villén: 15.000 € en 2 noches

Dentro del caso Faffe, cabe destacar que entre 2004 y 2010, Fernando Villén realizó hasta 43 pagos en apenas dos semanas en diferentes clubes de alterne de Sevilla, Córdoba y Chiclana de la Frontera (Cádiz). El importe total ascendió a los 32.000 euros. El que fuera secretario de Empleo del PSOE-A se enfrenta a seis años de prisión por un presunto delito continuado de malversación en concurso con un delito de falsedad en documento oficial.

Según el magistrado que lleva el caso, Villén «habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe». Además, el juez cuenta hasta diez pagos distintos realizados en distintos prostíbulos, y adjunta el importe exacto y las fechas.

En total, este magistrado indica que «existen contabilizadas diez operativas de gasto en diferentes locales mediante la utilización» por el investigado de dos tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe, es decir, con el dinero que debería destinarse a la formación de los parados andaluces.

Además, «existen un total de ocho operativas distintas de gastos efectuados a través de las tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe en diferentes establecimientos donde se habría ejercido la prostitución, por un importe total de 17.049 euros, de los cuales existen asientos contables en el Libro Diario de la Faffe que reseñan que los importes de los citados gastos habrían sido devueltos a través de su ingreso en la Caja Central de la Faffe».

El instructor asevera que, «sin embargo, no consta la devolución contable en Libros Diarios de la Faffe» de un cargo realizado el 8 de noviembre de 2005 en uno de los establecimientos referidos por importe de 780 euros, «de modo que este gasto habría sido financiado con fondos directamente procedentes de la Faffe», mientras que los gastos realizados en otro local de alterne de Sevilla los días 22 y 23 de marzo de 2010 por importe de 14.737 euros «no figuran contabilizados».

Al hilo de ello, el juez precisa que, «al día siguiente, 24 de marzo, Fernando José V.R. intentó anular la tarjeta bancaria utilizada mediante la simulación de su pérdida o robo ante la correspondiente entidad financiera», pero como quiera que «no logró su propósito, el mismo día se produce la devolución de los pagos a través del TPV», para lo que la otra investigada «hizo efectivos, y destinó a ello dos cheques por el importe total de 6.300 euros que fueron cobrados ese mismo día por la propia» encausada.

Isofotón: el caso de Montero y Espadas

Juan Espadas formaba parte del Consejo de Gobierno andaluz en marzo de 2010, momento en el que se concedió uno de lo avales presuntamente irregulares, en este caso de 5 millones de euros, a la empresa Isofotón. Este préstamo, concretamente, fue concedido por la agencia Idea, y autorizado por el Consejo de Gobierno, del que formaban parte tanto la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el líder del PSOE-A, Juan Espadas, entonces consejeros de Hacienda y Vivienda, respectivamente.

Además, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se vio obligada a hablar sobre las investigaciones que la involucran en el ‘caso Isofotón’ y que salpica también, además de los citados Montero y Espadas, al ministro de Agricultura, Luis Planas.

El PP llegó a pedir en el Congreso de los Diputados la dimisión de los tres miembros del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, presuntamente involucrados en las subvenciones irregulares que la Junta socialista de Andalucía otorgó a la empresa fotovoltaica Isofotón, y que alcanzan los 80 millones de euros. La compañía contaba con 700 empleados cuando se vendió por un euro. Sí, como leen.

Teresa Ribera, en este sentido, formó parte del ‘staff’ de Isofotón entre septiembre de 2012 y mayo de 2013 en labores de evaluación y asesoramiento para la internacionalización de la empresa en terceros países. Asimismo, tanto Planas como Montero formaban parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que el 3 de julio de 2012 concedió un préstamo presuntamente irregular de 8,39 millones de euros a Isofotón.

Cabe recordar que este caso quedó archivado… de momento. Y es que la Fiscalía Anticorrupción va a recurrir a archivo de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla de la investigación de Isofotón. Fuentes conocedoras aseguran a OKDIARIO Andalucía que será el Ministerio Público quien recurrirá el sobreseimiento de la causa, que se ha decidido únicamente porque había «caducado», es decir, porque se habían pasado los plazos de Instrucción que recoge el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Además, la Fiscalía ha presentado varios recursos ante el Tribunal Supremo contra los autos dictados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que rechazan el anuncio del recurso de casación planteado por la Fiscalía, que estima únicamente podrán ser recurridos en casación por infracción de ley «los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las audiencias provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada».

Fitonovo: financiación ilegal del PSOE

Manuel Gómez, ex concejal del PSOE en Sevilla, y Domingo Enrique Castaño, ex asesor socialista, han admitido haber recibido dinero de la empresa Fitonovo para favorecerla al adjudicarle contratos públicos. Un dinero que fue a parar directamente tanto a sus bolsillos como a las arcas del partido. Ambos lo han reconocido, además, en el juicio que se celebra estos días en la Audiencia Nacional por la pieza del ‘caso Madeja’ relativa al Ayuntamiento socialista de Sevilla.

A preguntas de la defensa del PSOE, formación acusada de ser partícipe a título lucrativo, Manuel Gómez ha asegurado que dio, junto al exasesor y a su vez exdirector del área de Vía Pública del consistorio sevillano, dinero al partido procedente de Fitonovo.

El abogado del PSOE le ha preguntado qué cantidad total entregó al partido, a lo que el exconcejal, que al principio ha afirmado que fueron 30.000 euros en 2007, luego ha dicho no recordar si hubo más.

Tanto el ex concejal como el ex asesor socialistas se han declarado culpables a cambio de una rebaja de las penas requeridas por la Fiscalía, que solicitaba más de un año y medio y que, finalmente, ha reducido sus peticiones por debajo del año de cárcel y a un máximo de 1.800 euros las multas, frente a las iniciales de más de 4.200, al apreciar las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

El Ministerio Fiscal ha alcanzado un acuerdo con diez de los acusados en esta pieza del ‘caso Madeja’, salvo con los ex concejales de Izquierda Unida (IU) Antonio Rodrigo y José Manuel García y el ex edil del PP Joaquín Peña.

Bonus track

El chiringuito socialista, poco a poco, se va tirando abajo. Las tramas judiciales en las que el PSOE-A está envuelto podrían aclarar, de una vez por todas, el caso Faffe (55,6 millones), Isofotón (80 millones), Jeremie (185 millones), caso UGT (41,7 millones), caso Marismas del Guadalquivir (60 millones), Invercaria (28 millones), Avales (75 millones)… casos y más casos, a los que habría que sumar el único que ya tiene sentencia: el caso de los ERE, por el que los socialistas malversaron 680 millones de euros.

Además, no podemos olvidarnos del caso Marismas, por el que ya se estaba investigando un tráfico de comisiones entre una filial de Abengoa y la Junta socialista. Ahora, resulta que la Junta socialista presuntamente simulaba obras que o se hacían chapuzas o directamente no se hacían, para recabar fondos de la Unión Europea (UE). Concretamente, 60 millones de euros que, en teoría, fueron a parar en su mayoría a modernizar los sistemas de regadío entre dos Dos Hermanas y Lebrija. Insistimos, en teoría.