Comisión de investigación de la Faffe

Parte de los 10,7 millones que la Faffe destinó a publicidad y relaciones públicas acabó en prostíbulos

El exdirector de la Faffe, Fernando Villén, entrando a la Audiencia Provincial de Sevilla (EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS).
El exdirector de la Faffe, Fernando Villén, entrando a la Audiencia Provincial de Sevilla (EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS).

La extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), uno de los focos de corrupción del PSOE de Andalucía, «gastó durante su existencia 10.726.755,80 euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas», cantidad de la que salió «el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén».

Así lo recoge la propuesta de dictamen de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía y presentada este viernes en rueda de prensa por el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), que ha calificado de «vomitivas» las prácticas de «corrupción institucionalizada» y «sistemática» de una entidad que, recordemos, fue fundada bajo el pretexto de formar a los parados andaluces.

Entre 2004 y 2010, Villén realizó hasta 43 pagos en apenas dos semanas en diferentes clubes de alterne de Sevilla, Córdoba y Chiclana de la Frontera (Cádiz). El importe total ascendió a los 32.000 euros. El que fuera secretario de Empleo del PSOE-A se enfrenta ahora a seis años de prisión por un presunto delito continuado de malversación en concurso con un delito de falsedad en documento oficial.

El documento de la comisión refleja la «cantidad exorbitante» en conceptos de publicidad, propaganda y relaciones públicas «en los que se imputaban las famosas tarjetas de la Faffe». Al respecto, Villén alegó que los pagos efectuados con dos tarjetas de crédito fueron fruto de una «confusión» y que las visitas a burdeles eran parte de la «actividad comercial» que, con «amigos y conocidos», llevaba a cabo para atraer ingresos a la fundación.

No opina lo mismo la Guardia Civil. La investigación del Instituto Armado concluyó que la Faffe disponía de una ‘caja B’ para los gastos en prostíbulos y que dicho dinero volvía a sus bolsillos mediante «gastos no justificados» para «cuadrar» las cuentas de la entidad.

Las responsabilidades políticas

La propuesta de dictamen será sometida a debate y votación el próximo lunes 4 de abril en la comisión de investigación, paso previo a que se debata en el Pleno de la Cámara. En el documento se atribuyen «responsabilidades políticas» a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por las innumerables «irregularidades» en la Faffe.

Un escalón más abajo, entre otros altos cargos socialistas, se señala a la expresidenta de la Junta Susana Díaz y a la actual ministra de Hacienda María José Montero -entonces consejera del ramo del Gobierno andaluz- por adoptar la estrategia de la ‘omertá’. «El caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración», se recalca. Susana Díaz fue citada a declarar ante la comisión de investigación hasta en tres ocasiones luego de dos años escaqueándose.

Obligación de declarar y colaborar

En su apartado de recomendaciones, la propuesta de dictamen plantea, entre otras cuestiones, «incluir de forma expresa» en la próxima reforma del Código Penal tanto «la tipificación de la obligación de declarar ante las comisiones de investigación parlamentarias» como «la obligación de colaborar en la aportación documental con las comisiones de investigación parlamentarias».

Entre sus conclusiones, se recoge en primer lugar que la Faffe «no debió existir nunca, porque las irregularidades que tuvieron lugar» en ella «no fueron puntuales», sino que «fue una corrupción institucionalizada», «yo diría que vomitiva», ha apostillado Enrique Moreno.

El parlamentario ‘naranja’ ha remarcado que el objeto de la comisión de investigación ha sido «analizar, conocer y evaluar todas las irregularidades que tuvieron lugar en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo» para «evitar controles, amañar contratos y enchufar a sus allegados».

No obstante, y a preguntas de los periodistas, el presidente de la comisión ha señalado que en la Faffe podría «haber muchos trabajadores» que no fueran «enchufados», si bien «las propias auditorías que encargaron los gobiernos socialistas dicen que, para contratar a todas esas personas, no se llevan a cabo los procedimientos de igualdad, mérito y capacidad», por lo que «hay un número muy importante de personas que accedieron a trabajar en la Faffe de una manera que deja ‘muy mucho’ que desear».

De hecho, la propuesta de dictamen sostiene que, «dada la arbitrariedad de sus contrataciones, cualquier miembro de la plantilla de la Faffe puede ser considerado presunto enchufado». Sin ir muy lejos, Carmen Ibanco, mujer del actual líder del PSOE-A, Juan Espadas, compareció recientemente ante la Guardia Civil por este motivo.

Por otro lado, la propuesta de dictamen concluye también, entre otras cuestiones, que la Faffe «pagó incluso de forma sistemática facturas con conceptos falsos», destacando también que «la opaca contabilidad de la tesorería» de la fundación «en cajas fuertes, con irregulares disposiciones de dinero metálico por sus responsables, era un ejercicio sistemático de trilerismo malversador».

«La ausencia de una evaluación ordinaria efectiva de las actividades realizadas por la Faffe hizo que los principales beneficiarios no fuesen los previstos, sino los encargados de gestionar los recursos dedicados a los desempleados», apunta otra conclusión de esta propuesta de dictamen, que también sostiene que «la acción negligente y pasividad de los responsables- no sólo políticos- de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas ha hecho que al revisar la herencia de la Faffe haya que tratar prescripciones y caducidades».

Respecto a las fechas de votación en el Pleno, el presidente de la comisión ha explicado que, si se aprueba el lunes en comisión la propuesta de dictamen, los grupos parlamentarios disponen de 15 días naturales para registrar, si lo consideran oportuno, votos particulares, que se debatirían junto a la propuesta de dictamen en el Pleno, algo que calcula que se producirá «o a finales de este mes o a principios del mes que viene».

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