Andalucía analizará si el Gobierno se ha saltado la legalidad con la obligatoriedad de las mascarillas

La Junta de Andalucía ha asegurado este miércoles que, aunque acatará la decisión que ha tomado la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales y centros de salud, analizarán si «se ha saltado, de una manera intencionada, la legalidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns)» al imponer esta medida de «una forma totalmente unilateral».

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha recordado que el pasado lunes hubo un Consejo Interterritorial «donde se le pidió a la ministra dos cosas muy importantes» como era la celebración de una Ponencia de Alertas y de una Comisión de Salud Pública «con un objetivo, tener un documento técnico que avalara la decisión que hoy ella ha tomado de forma unilateral».

Ha añadido que «lo que necesitan las comunidades, los profesionales y la ciudadanía es certidumbre» y «lo que le pedíamos era, precisamente, niveles de alerta con indicadores y con acciones dentro de esos niveles, para que cada comunidad, en cada momento, supiéramos qué hacer, pasar desde la obligatoriedad a la recomendación, pero con esos criterios técnicos».

Pues, ha continuado la titular andaluza de Salud, «nos encontramos con que se ha celebrado esta mañana la Ponencia de Alertas, se han enviado las alegaciones que nos pidió la ministra, pero no se ha convocado un Consejo Interterritorial, que era el que tenía que haber tomado la decisión», y en sus declaraciones Mónica García «ha dicho que va a invocar el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud».

Pero ese artículo lo que «te dice es que tienes que tener la vinculación con el Consejo Interterritorial o estar en una situación de excepcionalidad, y no nos encontramos en esa situación», ha aclarado Catalina García.

Por tanto, «acataremos esa decisión, pero también vamos a estudiar jurídicamente si la ministra se ha saltado, de una manera intencionada, la legalidad del Consejo Interterritorial», ha manifestado al consejera, toda vez que ha añadido que «este camino no nos va a hacer trabajar conjuntamente por el objetivo de mejorar las condiciones, la estructura y la salud de todos los españoles».

«Lo vamos a estudiar jurídicamente, porque lo que le pedimos a la ministra el lunes fue orden, rigor y seriedad y eso se demuestra habiendo escuchado a todas las comunidades y habiendo celebrado la Ponencia de Alertas, la Comisión de Salud Pública y posteriormente ese Consejo Interterritorial», ha remarcado García, quien asegura que «lo podía haber hecho perfectamente para que todas las comunidades autónomas hubiésemos podido hablar».