La Fiscalía alemana presentará alegaciones insistiendo en el delito de rebelión de Puigdemont

La Fiscalía de Alemania presentará alegaciones contra la decisión del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein de descartar el delito de rebelión en una futura extradición de Carles Puigdemont. Tras el auto de este juez, el ex presidente catalán pudo abandonar este viernes la cárcel de Neumünster, en la que permanecía desde el pasado 26 de marzo, después de depositar una fianza de 75.000 euros.

Esa decisión se produjo pese a la opinión contraria de la propia Fiscalía, que consideró que Puigdemont debería ser extraditado por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, como reclama el juez Pablo Llarena. Además, reclamó que permaneciese en prisión al considerar que existía «riesgo de fuga».

Los argumentos de la Fiscalía insisten en los que ya apreció unos días antes de la sorpresiva decisión del juez alemán. «La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos», se destacó en un comunicado.

De esta forma, el fiscal considera que el delito de rebelión que la Justicia española imputa a Puigdemont puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán y advierte de que «no es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles».

De 10 años a una condena de por vida

Esta iniciativa va paralela a los previsibles recursos de la Justicia española, a través de la Fiscalía y del propio juez del Supremo, Pablo Llarena, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fuentes judiciales son críticas con el hecho de que el tribunal alemán haya entrado al fondo del asunto para rechazar la extradición de Puigdemont a España.

En un comunicado, la Fiscalía española avisó de que la decisión de Alemania «no es una medida definitiva, en el sentido de que no entra a prejuzgar el fondo del asunto relativo a la entrega del mismo». En la misma nota destaca que «la función de las autoridades centrales en la ejecución de una orden de detención europea debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo». Es decir, se limita a determinar si los hechos por los que se demanda la extradición son delito en el país.