Ayuso sobre la sentencia de García Ortiz: «Esto haría caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado positivamente que el Estado de derecho funcione, en relación a la sentencia dada a conocer este martes que condena al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. «Es triste llegar a esta situación porque se utilicen las instituciones que son de todos los españoles, por parte del Gobierno y de su presidente,» ha dicho la líder regional. «Esto haría caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia liberal,» añadía.

«La lectura positiva es que el Estado de derecho funciona. No se puede usar la fiscalía para atacar a un adversario político, estas prácticas no pueden consentirse y por eso han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días en la prensa internacional. No todo vale», ha reafirmado Ayuso.

El Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia por la que condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados. Los argumentos de la condena llegan 26 días después de que terminara el juicio y 19 días después del adelanto del fallo.

La sentencia, firmada por los magistrados este martes, supone un hito sin precedentes en la historia judicial española al ser la primera vez que un fiscal general del Estado en activo es condenado por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones.

La justicia considera que queda probado que fue el entonces fiscal general, «o una persona de su entorno y con su conocimiento», quien filtró el correo del letrado de González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La condena se extiende también a la nota informativa que recogía la propuesta de conformidad de González Amador con reconocimiento de dos delitos fiscales.

El tribunal ha establecido que la filtración del correo electrónico del abogado constituye una vulneración del deber de reserva que incumbe al fiscal general. Los magistrados subrayan en su resolución que García Ortiz quebrantó «sin justificación» el reforzado deber de confidencialidad que pesaba sobre él por razón de su cargo.

La Sala destaca que «el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito». Esta contundente afirmación perfila los límites de actuación de la más alta magistratura del Ministerio Público, incluso cuando considere necesario desmentir informaciones que estime inexactas.

García Ortiz dimitió el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de comunicarse el fallo. Posteriormente, el Gobierno anunció que la fiscal de sala del Supremo, Teresa Peramato, era la candidata para relevarle como jefe del Ministerio Público.

Junto a la sentencia consta el voto particular de las magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo, que se han desmarcado de sus compañeros -Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela-. Polo era la encargada de redactarla, pero, dada su discrepancia, la tarea recayó en Martínez Arrieta. El cambio de ponente y la obligación de comunicarlo a las partes fue lo que propició que se avanzara el fallo, según fuentes jurídicas.