DUI

Los catalanes aún están a tiempo de acabar con la pesadilla secesionista. La gran mayoría constitucionalista debe acudir a los colegios electorales el próximo 21 de diciembre con la...

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¿Qué es la DUI?

En sentido estricto, para los independentistas, la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sería aquella que vendría en caso de que el referéndum ilegal no se celebrase. Pero los secesionistas consideran que el domingo del 1-O sí existió referéndum y, por tanto, la independencia es el siguiente paso en la Ley de Transitoriedad -suspendida por el Tribunal Constitucional- y que contemplaba su proclamación por el Parlament en 48 horas en caso de que ganase el ‘sí’.

En el derecho internacional, una declaración unilateral de independencia es aquella que se produce cuando el gobierno de una región se declara como Estado soberano e independiente sin un acuerdo formal con el país del cual declara su secesión, como sería el caso catalán.

¿Cómo y cuándo se pretende realizar la declaración unilateral de independencia?

La Mesa del Parlament admitió a trámite el 4 de Octubre una petición verbal formulada en la junta de portavoces por Junts pel Sí y la CUP para que, el lunes, 9 de Octubre, se convocase un pleno extraordinario en el que el presidente catalán, Carles Puigdemont, haría una “valoración” de los resultados del referéndum de Cataluña “y sus efectos”. Ese pleno ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Puigdemont ha solicitado un nuevo Pleno para comparecer el 10 de octubre en la Cámara catalana.

Una vez proclamada la independencia de Cataluña, entraría en vigor la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica, también suspendida por el Constitucional, y que, en resumen, serían para los independentistas una especie de “norma suprema” que da amparo legal a la constitución de la República catalana, en seis meses, y deja en vigencia la Constitución y legislación española.

El calendario de la independencia ha abierto una importante fractura entre los secesionistas, ya que, mientras ERC y la CUP presionan para que la proclamación se lleve a cabo ese mismo lunes, 9 de octubre, un amplio sector del PDeCAT se muestra más cauto y prefiere abrir un proceso de ‘mediación’, con interlocutores, para un cauce de diálogo con el Gobierno central, rechazado por La Moncloa. En su declaración televisada del 11 de octubre, Puigdemont se reafirmó en la independencia y aseguró que no se desviará “ni un milímetro” de su hoja de ruta. No obstante, no hizo alusión alguna a la DUI ni tampoco al pleno de la semana que viene.

Artículo 155

Aunque existe una total opacidad en los planes del Gobierno, fuentes gubernamentales aseguran que se activará el artículo 155 si Carles Puigdemont proclama la independencia de Cataluña.

El presidente del Gobierno ha sondeado con los líderes de PSOE y Ciudadanos esa posibilidad, ya que es sabido que Mariano Rajoy querría contar con el apoyo de ambos para aplicarlo. Albert Rivera ya le ha pedido abiertamente que lo active para frenar el órdago en Cataluña. Pedro Sánchez, mucho más reticente, reunirá a sus líderes regionales para decidir su postura. Cada vez más voces dentro del partido le reclaman apoyo al Gobierno en la aplicación de estas medidas excepcionales.

El controvertido artículo 155 capacitaría al Gobierno a habilitar mecanismos excepcionales para tomar el control, total o parcial, de la comunidad autónoma y obligarla al “cumplimiento forzoso” de sus deberes. El procedimiento dura unos cinco días y requiere de la aprobación por mayoría absoluta en el Senado, con la que cuenta el Partido Popular.

En concreto, el artículo 155 contempla dos escenarios en los que el Ejecutivo podría utilizarlo: si la comunidad no cumple “las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan” o en el caso en el que actúe “de forma que atente gravemente el interés general de España”.

El procedimiento es el siguiente: el Gobierno central deberá enviar “requerimiento” al presidente de la Comunidad Autónoma en cuestión para que cumpla con sus obligaciones o deje de actuar como lo esté haciendo. En caso de no ser atendido el requerimiento, el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar” a la comunidad al “cumplimiento forzoso” de dichas obligaciones eludidas.

En ese caso, el Gobierno debe enviar al presidente del Senado una propuesta con las medidas concretas que plantea y que deben ser debatidas en la Comisión General de Comunidad Autónomas, que debe pedir al presidente autonómico afectado, Carles Puigdemont, las alegaciones que considere oportunas. La propuesta final deberá votarse en el Pleno.

Carles Puigdemont y la DUI

Carles Puigdemont siempre ha asegurado que la declaración unilateral de independencia (DUI) no estaba encima de la mesa. Pero eso es así, porque, como se ha explicado, en el léxico de los independentistas esa DUI equivaldría a reconocer que el referéndum del 1-O no ha sido válido.

Puigdemont, en su intento por contentar a la CUP y a ERC, ignora las advertencias sobre su detención y encarcelamiento de seguir adelante con sus planes, y afirma que la independencia de Cataluña será un hecho, aunque no mencione fechas para su proclamación.

Hasta ahora, el dirigente independentista ha encabezado la línea más dura del Govern, a favor de la independencia inmediata, mientras otras voces le reclaman abrir un proceso de diálogo. Es el caso del responsable de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, que lidera la vía de la intermediación. En una entrevista en el diario Ara, el consejero reclamó este mismo jueves “dar una última oportunidad al diálogo”, y que las autoridades catalanas y españolas se comprometan a no tomar “decisiones unilaterales” de momento.

Puigdemont sí admite que es necesario recurrir a la mediación internacional en un intento por ganar tiempo para que la independencia sea un hecho, algo para lo que la Ley de Transitoriedad establece un plazo de seis meses. Los convergentes temen que una proclamación de independencia apresurada suponga una suspensión inmediata del autogobierno, frene así las competencias, y acabe con medidas drásticas, como detenciones y conflictos callejeros.

La DUI y los tratados internacionales

El derecho internacional no prohíbe que los Estados puedan incorporar en sus Constituciones y sus legislaciones procedimientos de separación para las comunidades que los integran.

Sin embargo, la secesión unilateral no es aceptada por ninguna Constitución del mundo —salvo en Liechtenstein, Etiopía y San Cristóbal y Nieves— y ha sido negada por los Tribunales Supremos de países tan descentralizados como Canadá o Estados Unidos.

En el caso español, el Tribunal Constitucional estableció en 2014 que “en el marco de la Constitución, una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”.

Además, el derecho internacional garantiza el principio de integridad territorial como un elemento básico de su ordenamiento. Sobre esta base, la ONU establece que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Las empresas frente a la declaración unilateral de independencia

Una de las primeras consecuencias de la situación de incertidumbre en Cataluña ha sido el anuncio de varias empresas de trasladar su sede fuera de la región. El primero en tomar esa decisión fue el Banco Sabadell, y otras podrían hacerlo próximamente. El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto  para facilitar el cambio rápido de residencia de una compañía, de modo que esta se pueda hacer por decisión del consejo de administración, sin tener que pasar por una junta de accionistas.

Pese a la evidencia, el vicepresidente catalán Oriol Junqueras aseguró este jueves que no habrá una huida de empresas. “Ya veremos. Vaticinios de este tipo se han hecho otras veces y de momento no han sucedido nunca”, descartó.