La asesora de Begoña se suma a la Fiscalía: pide que no se analicen los correos de Moncloa

La defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, se ha adherido al recurso de apelación presentado por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Madrid para evitar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los correos electrónicos enviados y recibidos en la cuenta de Presidencia de la esposa del presidente del Gobierno desde 2018.

La representación legal de Álvarez considera que el acceso a siete años de correspondencia electrónica supone «una medida restrictiva de derechos fundamentales» sin motivación suficiente.

El letrado Chema de Pablo, que defiende a la asesora, ha sido contundente en su escrito. «No es que estemos ante una motivación insuficiente o incompleta, simplemente la motivación no existe, lo que determina la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida», apunta el abogado.

La defensa de Álvarez se suma así a los recursos ya presentados por la Fiscalía y por la propia Begoña Gómez, representada por el ex ministro socialista Antonio Camacho, contra la providencia que dictó el juez Juan Carlos Peinado el pasado 3 de septiembre.

De Pablo ha planteado un ultimátum jurídico a la Audiencia Provincial. Asegura que el tribunal «sólo tiene dos opciones»: «o bien argumentar que la resolución recurrida sí está suficientemente motivada», «o bien estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida por ausencia de motivación».

El letrado ha descartado una tercera vía. «La tercera opción, consistente en suplir la ausencia de motivación de la resolución recurrida con la motivación introducida ‘ex novo’ por el tribunal de apelación, según nuestro respetuoso criterio no sería aceptable, y vulneraría los derechos fundamentales de los investigados», agrega en su escrito.

Críticas del fiscal

El recurso de la Fiscalía, al que ahora se adhiere Álvarez, argumentaba que la medida acordada por Peinado afectaba «indudablemente» a «la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y en definitiva al derecho al entorno virtual de la persona afectada». Para el Ministerio Público, «se ven afectados derechos fundamentales constitucionalmente protegidos», por lo que la diligencia debería haberse dictado mediante auto y no providencia.

La Fiscalía había subrayado que la decisión del instructor adolecía «de la más elemental motivación» y recalcaba que para acordar una diligencia de este calibre era «preciso» explicar por qué se adopta y con qué finalidad. El fiscal había afeado al juez no haber realizado un «análisis ni de la especialidad, idoneidad, ni de la excepcionalidad, ni la necesidad».

Las preguntas del Ministerio Público resultan especialmente incisivas: «¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado? (…) ¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida?».

La investigación dirigida por Peinado se centra en, entre otros, posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios relacionados con Begoña Gómez. El magistrado acordó el análisis de los correos desde julio de 2018, cuando se acordó el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora.

Presión política

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado duras críticas hacia la actuación judicial. En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Díaz ha aseverado que «no ha visto una instrucción semejante en mi vida». La dirigente de Sumar ha denunciado la existencia de magistrados cuyas conductas «son irregulares» y que «se manifiestan con togas» e «intervienen en la vida política».

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha pedido «sentido común» y ha contrastado «un par de correos» donde Begoña Gómez reconoce que «le ayudó una asesora» con casos más graves como el de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El caso se ha convertido en un procedimiento clave para futuros delitos que involucren a familiares de altos cargos del Estado y el acceso masivo a comunicaciones privadas.