Nuevo parlamento, ¿nuevas políticas?

Cuando echas la vista atrás para intentar racionalizar por qué hoy hemos votado con el alma en vilo, cuesta ordenar cronológicamente los pensamientos. Ya no queda claro quien fue primero, si el derecho a decidir o la autodeterminación, si el Espanya ens roba o el pretendido concierto económico, si la DUI efectiva o la retórica… No es extraño, como licencia poética, que el propio Puigdemont ya no sepa si primero se negó a convocar elecciones y por eso se aplicó el art. 155 o si, como ha afirmado recientemente, exigió que se retirara el art. 155 para convocar las elecciones, sin darse cuenta, o sí, que ya nunca se sabe ni se va a saber, que ese día, el que no convocó las elecciones, el art. 155 no estaba activado. De todos modos, una mentira más… ya no viene de aquí.

Y, ciertamente, hemos votado con el alma en vilo, porque del resultado dependen muchas cosas, demasiadas… Sobre todo la consideración de que ya no se va a poder “engañar” más al Estado, pues son demasiados los hechos constatados y las pruebas obtenidas acerca de que algunos de nuestros políticos pretendían, nada más y nada menos, que crear de la noche a la mañana un nuevo estado de Europa, sin respeto a las normas, sin respeto a la democracia, sin respeto a esa ciudadanía a la que pretendían asimilar, como un solo pueblo, a sus funestas pretensiones.

Lo malo es que una buena parte del secesionismo ha creído las mentiras del procés y todavía ahora proclama arrebatadas loas a los prófugos de la justicia, a los encarcelados y a los que están en libertad condicional o siendo investigados por su participación en la comisión de delitos situados entre los más graves posibles en una democracia, pues lo son contra el orden constitucional del que nos dotamos en 1978.

Esperanza constitucionalista

Afortunadamente, la ciudadanía silenciada ha roto las cadenas y ha hecho oír su voz. Hoy la ha manifestado en las urnas. Desde que el discurso del Rey dio el pistoletazo de salida, hemos estado presentes, todos juntos, en manifestaciones, debates, concentraciones y coloquios, reclamando una acción conjunta del constitucionalismo. Pidiendo, por unanimidad, que se recupere el sentido de Estado que tuvimos en la Transición, donde los demócratas supimos valorar más lo que nos unía que lo que nos separaba, donde pudieron presidir las primeras Cortes elegidas, personas que justo regresaban del exilio, donde todos supieron ceder en lo accesorio para aunarse en lo esencial.

En cualquier democracia, el partido más votado es el que tiene prioridad para formar gobierno. No siempre le es posible porque, al final, teniendo la mayor parte de países un régimen parlamentario, es quien obtiene la mayoría absoluta de escaños, en solitario, en coalición o en alianza coyuntural con otras fuerzas para la investidura quien lo consigue. En este contexto, que el partido más votado sea o no secesionista tiene su importancia, pues ha sido Ciudadanos, con más de 150.000 votos más que el que le sigue. También el hecho de que un partido clásico como es el PSC, aún con el refuerzo que le ha supuesto la alianza con los antiguos de Unió Democrática, quede prácticamente igual en escaños —sólo uno más— respecto de los que tenía en el disuelto parlamento. Asimismo resulta relevante que los “comunes” reduzcan su representación, pues pretendían jugar de árbitros y ser fuerza decisoria “a lo Borgen” y los antisistema de la CUP también disminuyan sus escaños, aunque continuarán condicionando, se supone, la investidura, ¿lo harán como hicieron en 2015?. Y que el partido que gobierna en España quede como residual en Cataluña también resulta notable, pues ello denota que en el contexto catalán sus postulados no conectan con las aspiraciones de una gran parte de la ciudadanía.

Pero la distribución de escaños en las cuatro circunscripciones de Cataluña desfigura notablemente el resultado obtenido en votos por las distintas fuerzas políticas. Con un reparto de diputados por circunscripción que en otros países es anticonstitucional —ello fue considerado así por el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya que una de las exigencias de legitimidad de los sistemas electorales es que el sufragio sea igual, es decir, que valga igual el voto de cada persona— nos enfrentamos a un relato triunfal del secesionismo porque supera en escaños al constitucionalismo, mientras que si tenemos en cuenta los votos  el panorama sería muy distinto. Aunque resulta de interés analizar, desde la psicología social, cómo es posible que haya tanta gente en Cataluña que voten una opción cuyo líder es un prófugo de la justicia y que también aparezca como otro de los partidos más votados, aunque menos, aquel cuyo líder permanece en prisión provisional.

Lo que sí parece claro es que, aunque el secesionismo obtiene más escaños que el constitucionalismo, el futuro inmediato resulta bastante oscuro e impredecible. ¿Quién va a resultar investido? ¿Un prófugo? ¿Un encarcelado? Si hubiera alguien escrito una novela o un guión cinematográfico sobre ello hubiéramos dicho que tenía una imaginación desbordante.

155 light

También están claras otras dos cosas. La primera que, tal como varios advertimos, unas elecciones celebradas sin que se hubiera podido influir en “el relato” no representaban un marco favorable para el constitucionalismo en su conjunto, sobre todo por la aplicación tan “light” que ha tenido el art. 155 CE —aparte del cese del gobierno y la disolución del parlamento—; y no sólo esto, pues hay que añadir la escasa empatía que el Gobierno español ha tenido con el grueso de la ciudadanía catalana. Todo ello ha pasado factura al partido que ha gestionado de tal guisa el conflicto, tanto en los últimos años como los últimos meses, pues ha obtenido el peor resultado de toda su historia en Cataluña.

La segunda, la constatación de que el primer partido, en votos y en escaños, haya sido Ciudadanos, muestra que, aún con las desventajas del sistema electoral, que ha originado un “desperdicio” de votos no transferidos a los curules, se rompe el tradicional sistema de partidos, consolidando una opción nueva fuertemente enraizada en la Cataluña metropolitana.

Y, finalmente, es de obligada reflexión el hecho de que el aumento de la participación, lejos de favorecer, como llegamos a creer, al bloque constitucional, se ha repartido transversalmente entre los distintos bloques puesto que los resultados evidencian pocos cambios en el conjunto de los bloques respecto de los resultados en las elecciones de 2015. Si tenemos, además, en cuenta, la apreciable cantidad de elegidos por el bloque secesionista que están siendo investigados por el Tribunal Supremo y que la judicatura tiene su propio tempus y sus propias reglas, lo cual puede tener su influencia en la composición personal —no por bloques— del parlamento, aparece ante nosotros un horizonte todavía más complicado.

Habrá que seguirlo con atención, porque, aunque el secesionismo mantenga una mayoría de escaños, ya nada puede ser igual: ni han ganado en votos, ni los partidos de la DUI tienen suficiente fuerza como para mantenerla ni van a poder consolidar esas estructuras de estado que venían conformando. La mayoría silenciada permanece vigilante y activa, lo cual, añadido a la nueva fuerza del constitucionalismo en el parlamento, puede condicionar las políticas que se quieran emprender desde el gobierno que se forme. Y ello abre nuevas perspectivas.