Un traficante de Pamplona que pegó a un policía «se libra» con 5 meses de cárcel y pagando 90 € al agente

El castigo por pegar a un policía una docena de puñetazos en la cara en Pamplona, son 5 meses de cárcel, pagarle 90 euros al agente y una multa de 180 euros. El agresor es un camello que pegó al policía que fue a detenerle y también ha sido condenado a tres años de cárcel por tráfico de drogas aunque no entrará en la cárcel a cambio de someterse a tratamiento psiquiátrico.

Así lo establece una sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a un traficante de drogas que pegó al policía que fue a detenerle cuanto estaba vendiendo cocaína. La Audiencia condena al camello a tres años de cárcel por tráfico de drogas y a cinco meses más de prisión por pegar al policía.

El condenado, llegó a lesionar a un segundo agente pero por esta segunda agresión a un funcionario público no ha recibido una condena de prisión, sino una multa de 4.400 euros.

Los hechos: dos policías lesionados

Los hechos tuvieron lugar a las 1:30 horas del 13 de julio de 2024, cuando el condenado, de 33 años, se encontraba en la plaza Santa María la Real de la capital navarra junto a un individuo. Ambos se agacharon entre dos vehículos y el traficante le entregó algo a cambio de dinero.

La transacción fue presenciada por un agente de la Policía Nacional, que se identificó con el carné, la placa y de viva voz. El encausado, que huyó corriendo, fue alcanzado por otro agente.

Durante la detención, el condenado opuso gran resistencia y golpeó al policía «en varias ocasiones» en la cara. El traficante fue reducido y esposado con la ayuda de otros dos agentes. Un policía de 32 años estuvo dos días de baja y otro agente de 30 años padeció 30 días de perjuicio personal básico.

En el cacheo del detenido, los policías se incautaron de 1,66 gramos de anfetamina; 0,61 gramos de cocaína; y 10 pastillas de MDMA (éxtasis), así como de 2 billetes de 50 euros, uno de 20, 2 de 10 y uno de 5 euros, provenientes de la venta de sustancias estupefacientes.

La sentencia establece que el condenado debe indemnizar al primero con 90 euros y al segundo con 4.400. Estas cantidades ya fueron ingresadas por el acusado en la cuenta del tribunal con anterioridad al juicio.

Los hechos declarados probados en la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, son constitutivos de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud (3 años de prisión), un delito de atentado a agente de la autoridad (5 meses), un delito leve de lesiones (180 euros de multa) y un delito menos grave de lesiones (540 euros).

El condenado no entrará en prisión

En todos los delitos concurre la atenuante de trastorno mental por consumo de drogas y en los delitos de atentado y lesiones se aprecia la atenuante de reparación del daño.

En la sentencia, que es firme, la Sección Primera de la Audiencia Provincial acuerda la suspensión de la pena de prisión por un plazo de 3 años con la condición de que el condenado continúe con el tratamiento en un centro de salud mental a cambio de no entrar en la cárcel.

«Un paraíso para el que agrede a policías»

«Un individuo que agredió con violencia a agentes de Policía en el desempeño de su función apenas recibe una pena simbólica y no entra en prisión, pone de manifiesto la profunda crisis en la que se encuentra el sistema de justicia y, por ende, la seguridad en España. Este fallo, evidencia una tendencia preocupante en nuestro país, que se está convirtiendo en un verdadero paraíso para la delincuencia donde las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se castigan con el rigor que merecen», denuncian desde el sindicato policial JUPOL.

«Esta sentencia transmite un mensaje de impunidad inaceptable. Cuando una persona que golpea a un policía recibe un castigo tan leve y puede eludir la prisión, se desincentiva el respeto a la autoridad y se normaliza la agresión como un riesgo asumible para quien delinque. Esta dinámica socava el principio de autoridad y deja a los agentes expuestos. Peor aún, esta situación afecta directamente a la seguridad de todos los ciudadanos», España necesita, según JUPOL, una reforma real del sistema penal «que sitúe la defensa de la seguridad y el respeto a los agentes como una prioridad para el Estado».