OPERACIÓN CONTRA NACHO CANO

Querella de los becarios de Nacho Cano contra la Policía: «Amenazaron con deportarnos si no le acusábamos»

Los becarios también acusan a la Policía de falsear sus declaraciones en comisaría

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Ángel Moya

OKDIARIO ha accedido a las querellas que han presentado los becarios de Nacho Cano contra la Policía tras acusar a algunos agentes de coaccionarles para que acusaran al productor de explotarles en el musical Malinche. «Amenazaron con deportarnos si no le acusábamos», se recoge en el escrito, que también habla de las irregularidades que, según su versión, cometieron los agentes.

Los hechos que describen los becarios se refieren al día 27 de junio de 2024, después de que una violinista mejicana denunciara al musical Malinche por explotación laboral en la comisaría de Centro de la Policía Nacional. El siguiente paso de los agentes fue interrogar a sus 17 compañeros. Así lo relatan los becarios en las querellas a las que ha tenido acceso OKDIARIO: «En un momento determinado del medio día del 27 de junio de 2024, estando recibiendo formación, vimos cómo un grupo de 20 policías irrumpían en el recinto y según manifestaron lo era para asistir a una inspección de naturaleza laboral. La forma de proceder de tales agentes en modo alguno puede considerarse normal y proporcionada, sino mas bien al contrario, por cuanto trataron al grupo como delincuentes, prohibiéndonos la comunicación entre nosotros, o el uso del teléfono móvil, llegando hasta la circunstancia de que nos encerraron en dependencias diferentes, estando retenidos durante varias horas, hasta uno a uno fuimos siendo entrevistados por quien aparentemente parecía ser una inspectora de trabajo, y en presencia de agentes de la Policía».

«Falsificaron nuestras declaraciones»

«Tanto en tal actuación policial, absolutamente desproporcionada como por el objeto aparente de la misma, como por los medios desplegados, como la posterior actuación de los funcionarios en sede policial para con mi persona, podría ser constitutivos de coacciones, por cuanto me obligaron a prestar declaración en unas circunstancias en las que no era capaz de tomar decisión alguna, con evidentes comentarios que coartaban mi libertad y con constantes comentarios amenazantes, lo que unido a mi condición de extranjera, me llevó a prestar declaración de forma forzada, sin ser informada de nada, e incluso recogiendo en el Acta de la denuncia párrafos y afirmaciones que no fueron realizadas por mi persona», relata la querella de uno de los becarios de Nacho Cano contra la Policía.

Fuentes policiales aseguran que los becarios declararon de forma libre y como víctimas de explotación laboral, y así quedó por escrito en sus declaraciones, pero ahora los 17 becarios mantienen lo siguiente: «A pesar de manifestar no estar de acuerdo con tales cuestiones (las acusaciones contra Nacho Cano y su entorno), no fueron corregidas por los agentes que me interrogaron, por lo que puedo afirmar que parte de lo allí reseñado como declarado por mi persona, no fue manifestado por mi, sino alterado por el agente».

Niegan explotación laboral

Según una de las querellantes, «hay que contextualizar el entorno en que tuvieron lugar los hechos denunciados. Y es que soy una persona de nacionalidad mejicana, que me encuentro actualmente en España a través de un programa de becas, por el que me estoy formando con bailadora mediante un programa que comparte horas de formación, con otras de actuación como integrante del elenco que interviene en el musical Malinche. En tal sentido, el proceso formativo tiene como finalidad última poder ingresar, tras haber superado unos castings previos y el proceso en cuestión, en el elenco de tal musical, y poder participar en el mismo con la condición de profesional».

«Así las cosas, el proceso formativo se constituye entre una escuela y la producción del musical Malinche, incluyendo hospedaje y la formación necesaria para en su caso formar parte del musical», continúa explicando y negando la explotación laboral.

Acusan a la Policía de retención ilegal

Una de las becarias asegura en la querella que en su «estancia en España -con el resto de personas integrantes del proceso formativo, actualmente sobre 18 personas, todas ellas de nacionalidad mejicana- durante el tiempo que dura la formación es absolutamente legal, pactada forma bilateral y libremente aceptada por mi persona, en la medida en que mi intención es dedicarme profesionalmente al mundo del espectáculo».

Las acusaciones más graves se encuentran en el texto final del comunicado, cuando acusan a la Policía de retenerles de forma ilegal durante más de diez horas y de amenazarles con deportarles si declaraban contra Nacho Cano: «La actuación de los agentes que intervinieron el pasado día 27 de junio de 2024 fue desproporcionada por lo que pude advertir y sobre todo conllevó a crear una situación de miedo en mi persona y en la del resto del grupo que nos impidió ser conscientes de la situación, así como de poder hacer uso de la libertad que nos coartaron, pues fuimos retenidos contra nuestra voluntad, sin saber en que concepto por mas de 10 horas».

La versión policial

Fuentes policiales muy cercanas al caso aseguran que los becarios de Nacho Cano fueron tratados con respeto y con todas las garantías que ofrece la Ley a las presuntas víctimas de delitos contra los extranjeros y de explotación laboral. «Estaban tan cómodos que incluso pidieron comida a domicilio en la comisaría y hubo que llamarles la atención para que no alborotaran con sus cantos».

Las mismas fuentes niegan cualquier coacción hacia los becarios, también testigos, del caso Nacho Cano. «Todo partió de la denuncia en comisaría de una supuesta víctima y la Policía tiene la obligación de investigarla como la de cualquier otro ciudadano». Aseguran que el trato que se dio a Nacho Cano fue exquisito, que estaban obligados a detenerle por la gravedad de los delitos que le atribuye la denunciante y las declaraciones de sus becarios confirmando los presuntos hechos. «Tras la detención obligada por ley, se negó a declarar y le dejamos en libertad en vez de enviarle al calabozo y pasarle a disposición judicial cuando nos lo indicara el juez», puntualizan.

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