La asesina de la presidenta de su comunidad: «Me senté sobre la maleta para cerrarla con el cadáver dentro»

Marta, la mujer acusada de asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos en Carabanchel (Madrid), confesó de plano en cuanto los investigadores de la Policía Nacional le pusieron las pruebas delante de sus ojos: «De perdidos al río, el cadáver no está en la casa, está en una escombrera de Toledo», les dijo. Los agentes de Homicidios de la Jefatura Superior de Madrid le habían mostrado las pruebas de las manchas del reguero de sangre en el domicilio de la acusada, desde el baño hasta el salón, con profusión de salpicaduras.

La Policía halló las evidencias de una cantidad importante de sangre, no sólo en el suelo. También en la fregona, en las paredes. A Marta de nada le sirvió limpiar a fondo su piso con lejía e intentar crearse una coartada enviando varios mensajes de WhatsApp a su casera simulando que había saldado la deuda de 1.05o euros con la comunidad de vecinos: «Hola Cris, no hace falta que vengas a casa, acabo de salir del banco con Pilar y ya está todo arreglado». También publicó varios vídeos en redes sociales en los que aseguraba: «Quitad cualquier sospecha sobre Pilar» o pidiendo urgentemente 2.000 euros.

Al verse detenida y acorralada durante el interrogatorio, Marta no tardó en confesar que Pilar estaba muerta, pero negó haberla asesinado. Dijo que Pilar, de 68 años, «se resbaló en el baño y se golpeó en la cabeza». Así intentó confundir a la Policía. Luego, con naturalidad aplastante, confesó que se había deshecho del cadáver de la presidenta de su asociación de vecinos en una finca de su familia situada en Toledo. Lo había quemado en una pira. Los restos los metió en un saco y los tiró a una escombrera cercana. «Bueno, de perdidos al río, el cadáver no está en la casa, está en una escombrera de Toledo», les dijo.

Bromeando con el crimen

La confesión empezó a tomar un derrotero sorprendente. Ante el tribunal, los policías han relatado cómo la acusada comenzó a comentar en tono jocoso las dificultades que tuvo para sacar de su casa el cadáver de la víctima. «Al final, me tuve que sentar sobre la maleta para poder cerrarla con el cadáver de ella en su interior», les dijo.

Se refería la presunta homicida a que gracias al reducido tamaño de la víctima, de muy baja estatura, y su poco peso que no superaba los 5o kilos, pudo introducir su cadáver en la maleta y sacarlo del edificio, momento en el que le grabaron las cámaras de seguridad de la zona.

Ese mismo argumento es el que va a utilizar la familia de la víctima para pedir en el juicio que se la condene a 25 años de cárcel por asesinato. Los informes de la Policía Científica ya han dejado claro que, aunque los restos del cadáver eran tan reducidos y no se pudo averiguar como murió la víctima, la cantidad de sangre hallada coincide con un homicidio o un asesinato (todavía más penado por la ley).

Tras descartar que Pilar muriera por accidente, la acusación que desempeña el letrado Santiago Torres en nombre de la familia de la presidenta sostiene que la homicida se aprovechó de la diferencia de edad, de peso y estatura respecto a su víctima. Pilar no pudo defenderse de la agresión mortal de Marta y, por tanto, en vez de un homicidio, penado con hasta 15 años de cárcel, se trataría de un asesinato castigado con penas mucho más altas.

Es por esta razón que la acusación pide 25 años de cárcel para Marta por el asesinato de Pilar, y otros tres años por falsificación documental de las facturas de agua para simular que las había pagado. Ése es el móvil del crimen, según los investigadores y las acusaciones. Marta mató presuntamente a Pilar porque ésta descubrió la estafa que la acusada pretendía hacer a la comunidad de vecinos.

Por su parte, la defensa de la acusada solicita una pena de dos años de cárcel por un homicidio imprudente de la presidenta de su comunidad de vecinos y otro año más por el delito de profanación de cadáver.

La Fiscalía solicita para la procesada un total de trece años de cárcel por un delito de homicidio en la persona de la presidenta de la comunidad de vecinos, al tiempo que le reclama a la acusada una indemnización de hasta 100.00 euros en concepto de responsabilidad civil para los familiares de la víctima.