Las personas con discapacidad física o psíquica ya pueden ser parte de los jurados populares

Violencia machista
Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid.

Este miércoles 14 febrero entra en vigor reforma de la Ley del Tribunal del Jurado, que permitirá a las personas con discapacidad física o psíquica formar parte de los jurados populares, una función a la que estaban vetadas hasta ahora.

Con esta iniciativa, aprobada por unanimidad en las Cortes, se ha adaptado la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 en España, y que en su artículo 13 establece el derecho de acceso a la justicia de este colectivo, «incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos».

Con esta reforma, la Justicia está obligada a proporcionar apoyos y a realizar ajustes para que se pueda llevar a cabo ese desempeño en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.

«Habrá problemas al principio»

Según ha explicado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, una persona sorda signante, usuaria de la lengua de signos, tendría que estar acompañada por su intérprete, facilitado por el tribunal; una persona con discapacidad visual, debería disponer, si hay materiales escritos que han de ser considerados, de formatos alternativos, digitales por ejemplo, y persona con discapacidad física debería poder ejercer como jurado con el acompañamiento de un ayudante.

«La casuística puede ser muy prolija, son solo algunas posibilidades», subraya Pérez Bueno en declaraciones a Europa Press. Si bien sostiene que la Administración de Justicia «está obligada» a hacer de estas adaptaciones, también se ha mostrado convencido de que habrá problemas en los momentos iniciales de la aplicación de reforma de la Ley, pues «los espacios y los procedimientos judiciales carecen de cultura inclusiva y costará dar soluciones prontas y eficaces».

El presidente del CERMI considera que esta «anomalía» de momento se ha corregido «en el papel» y ha avisado de que ahora deberá traducirse en la práctica en el sistema judicial español, que considera «arcaico, vetusto y poco flexible para adaptarse a las demandas del presente y a los avances de todo tipo».

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