Sanidad en el balance de Sánchez: olvida las tres huelgas de médicos en España en un año

En diciembre de 2025, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  presenta su balance anual desde la Moncloa, la realidad del sistema sanitario español muestra tensiones profundas difíciles de obviar. Aunque el Ejecutivo ha destacado supuestos avances en diversos ámbitos, la atención sanitaria —una de las señas de identidad del Estado de Bienestar en España— vive una crisis sindical y asistencial que no aparece con claridad en el discurso oficial y es gracias a las comunidades que, con tres presupuestos del Estado prorrogados, deben afrontar el incremento de costes y equilibrar unas cuentas que el presidente no alude en ningún momento.

Este año ha sido especialmente conflictivo para los profesionales sanitarios. Más de 100.000 médicos han sido convocados a una huelga nacional de cuatro días en diciembre para protestar contra la propuesta de reforma del Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) por parte del Ministerio de Sanidad. Pero es que esta convocatoria venía precedida de otras dos huelgas más. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y otros sindicatos como el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han liderado las movilizaciones que tomarán relevo sindicatos como CCOO, UGT o USO a partir de enero con una huelga indefinida.

Los sindicatos han denunciado que el borrador de reforma no reconoce adecuadamente las particularidades de la profesión médica ni mejora condiciones como la carga laboral ni las guardias, entre otras demandas históricas. Según los organizadores, la falta de reforma efectiva del estatuto se traduce en condiciones de trabajo insostenibles y en un riesgo para la calidad asistencial. Es más, esta semana al propio presidente, que ha obviado esta situación en su balance, le han enviado una carta explicativa sobre estas diferencias.

Las huelgas han tenido un impacto considerable en la actividad sanitaria. En todas las comunidades autónomas se han cancelado decenas de miles de consultas, pruebas y cirugías durante las jornadas de paro médico.

En Cataluña, los profesionales sanitarios han regresado a las calles para protestar contra las condiciones de trabajo y la sobrecarga asistencial, denunciando que se ven «obligados a atender a los pacientes, saltándose todos los límites razonables».

Respuesta oficial y tensión política

Mientras los médicos demandan un estatuto profesional propio que reconozca su formación y responsabilidades, el Ministerio de Sanidad ha defendido su reforma general del Estatuto Marco, argumentando que mejora derechos y condiciones para todo el personal sanitario. Desde el Gobierno central de Pedro Sánchez se rechaza la idea de un estatuto exclusivo y otras mejoras para médicos por considerarlo generador de desigualdades dentro del sistema.

La protesta ha generado críticas políticas cruzadas. Representantes del Partido Popular han acusado al Gobierno de llevar a los facultativos a la tercera huelga del año por un «sectarismo ideológico» y de gestionar mal la sanidad pública.

¿Balance real de la sanidad pública?

La presentación del balance de Sánchez ha sido interpretada por algunos sectores como una reivindicación más del Ejecutivo para sostenerse. Sin embargo, para muchos profesionales y pacientes, ese balance pasa por alto los conflictos laborales, las demoras asistenciales y la percepción de falta de diálogo efectivo con los colectivos sanitarios.

Mientras el Gobierno resalta «sus avances», la sanidad pública se debate entre la necesidad de reforma estructural —que pasa por consenso con los médicos— y la exigencia de una atención sanitaria que no quede resentida por conflictos laborales.

Ceuta y Melilla

Además de los problemas de atención y protesta en la sanidad peninsular, Ceuta y Melilla han emergido como otro foco de tensión para la gestión sanitaria del Ministerio de Sanidad bajo la dirección de Mónica García. Los profesionales y representantes políticos denuncian un sistema «abandonado y caótico», con listas de espera interminables, falta de especialistas y servicios esenciales cerrados, como unidades de psiquiatría o hemodiálisis, que obligan a pacientes a trasladarse a la península para recibir tratamientos básicos que deberían ofrecerse localmente.

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta ha llegado a afirmar que la gestión sanitaria ha dado «la espalda» a los profesionales, y el senador del Partido Popular por Ceuta ha exigido la dimisión de García por el «caos sanitario» que padecen ambas ciudades autónomas, acusándola de priorizar criterios políticos sobre criterios sanitarios.

No llegan los medicamentos oncológicos

La controvertida Ley de Medicamentos impulsada por el departamento de Mónica García ha recibido cerca de 400 alegaciones de profesionales sanitarios, farmacéuticos y comunidades autónomas que criticaron que el anteproyecto fue presentado sin incorporar cambios sustanciales que garantizaran la seguridad del paciente y la equidad en el acceso, especialmente ante los riesgos señalados de poner en peligro el abastecimiento y la continuidad de tratamientos crónicos.

En paralelo, en el Senado se ha recriminado al Gobierno que el tiempo para financiar fármacos oncológicos innovadores ha empeorado, con casos donde la espera supera ampliamente el año y medio desde la aprobación europea, una situación que algunos dirigentes califican de «retroceso a niveles sonrojantes» y que puede afectar a pacientes con cáncer en momentos críticos de su tratamiento.

Además, decisiones como el rechazo a financiar determinados tratamientos oncológicos de comprobada eficacia clínica, alegando criterios de racionalización del gasto, han generado debate social y político sobre las prioridades del sistema sanitario y la capacidad del Ministerio para equilibrar sostenibilidad con acceso a terapias que pueden marcar la diferencia en la supervivencia de pacientes.

Más de un año si Ley ELA

Desde su aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados en octubre de 2024, la Ley ELA, destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades irreversibles, ha sufrido problemas de desarrollo y aplicación práctica, generando frustración entre pacientes y familiares durante más de un año. Aunque la norma entró en vigor con su publicación en el BOE y contempla medidas como el reconocimiento rápido de la discapacidad, la atención especializada 24 horas y ayudas económicas, la financiación y la implementación concreta de sus beneficios han avanzado con lentitud. Pasados varios meses desde su entrada en vigor, las ayudas directas a muchos pacientes seguían sin llegar, en parte debido a la falta de dotación presupuestaria y a la compleja tramitación administrativa, lo que ha provocado que organizaciones de pacientes critiquen que la ley se ha quedado «en promesas sin cumplir».